mayo 19, 2022

Criterios para la identificación de narco-Estados o la hipocresía de la derecha latinoamericana

Por José Galindo *-.


De narco-Estados a narco-imperios, es necesario sopesar la validez de algunas acusaciones a la luz de la historia y los datos reales de nuestras sociedades. Bolivia ciertamente forma parte del circuito del narcotráfico, pero tal vez no es tan imprescindible como le gustaría creer a algunos, quienes, de todos modos, no pueden responderse porqué son, de hecho, los gobiernos de derecha los que probadamente han estado más involucrados en este tipo de actividades ilícitas. El mito de la narco-Bolivia debe ser desmentido.

El término narco-Estado es recurrente en el discurso de la derecha latinoamericana, particularmente cuando se refiere a casos como los de Bolivia, Cuba o Venezuela, sin proporcionar evidencia sobre una supuesta colaboración entre aquellos gobiernos y el crimen organizado. No es una categoría con gran valor explicativo, pero sí políticamente efectiva cuando se trata de deslegitimar a los adversarios. Pero aún si decidiéramos otorgarle cierta credibilidad, nos encontraríamos con la paradójica situación de que no serían los gobiernos de corte izquierdista los principales sospechosos de contribuir con inundar de drogas al planeta, sino justamente los sectores más reaccionarios del continente, que son, a la postre, los principales aliados de Estados Unidos en la Región.

Antes de describir la ironía en la que caen muchos detractores de la izquierda latinoamericana cada vez que acusan a sus rivales de estar relacionados con el narcotráfico, expliquemos un poco a qué se refiere el término compuesto narco-Estado, que puede sonar como una derivación inevitable en la trivialización del problema del narcotráfico, que nos ha legado otros conceptos igual de pegajosos pero escasamente explicativos como: narco-vínculos, narco-avión, narco-empleos y demás.

Un índice provisional para narco-Estados

El término narco-Estado es de origen reciente, del año 2010, cuando Guinea Bissau fue designada como tal al haber sido casi completamente capturada por el narcotráfico proveniente de Latinoamérica, hasta convertirse desde ese momento en una nueva pista de despegue hacia los mercados de Europa y, en menor medida, de Asia. Taxonómicamente los narco-Estados serían una variación o un subgénero de Estados fallidos, otra denominación de la academia estadounidense para referirse a países que muchas veces no coinciden con sus intereses estratégicos, más allá de la validez académica que pueda tener.

Un narco-Estado, por lo tanto, es un Estado fallido, un Estado que no funciona y que se encuentra controlado por las redes del tráfico de drogas en todos sus niveles, desde la economía que provee sustento a los hogares hasta los puestos de autoridad política que administran la sociedad, aunque en distintos niveles.

No existe, sin embargo, un narco-State index o índice de narco-Estados, como sí existe, por otra parte, un ranking para países productores o consumidores de drogas ilícitas, donde Colombia y Estados Unidos ocupan los primeros puestos de ambos extremos, respectivamente. Lo que significa que no se han elaborado, todavía, una relación de criterios suficientes como para poder señalar qué Estado se encuentra atrapado en las redes del narcotráfico y cuál no. Por el momento, la arbitrariedad en este tipo de clasificaciones es la regla, sobre todo cuando el jurado es el principal mercado para todo tipo de drogas ilícitas que puedan existir, desde la cocaína colombiana hasta el opio afgano. Nos referimos, obviamente, a Estados Unidos.

Lo que se llama un narco-Estado depende mucho de quien haga la categorización, tomando en cuenta que las redes del narcotráfico, si nos atenemos al último Reporte sobre las Drogas de 2021 de la Oficina contra las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas (Unodc), se encuentran extendidas desde Latinoamérica hasta Oceanía, con los principales consumidores de cocaína y otras drogas, casi todas las recreacionales en general, ubicados en Norteamérica y Europa, mientras la producción de drogas, desde cocaína hasta heroína, está dispersa especialmente en el mundo subdesarrollado, es decir, América Latina, Asia y África. Con todo, es dificultoso pensar en un solo rincón del planeta donde no operen narcotraficantes en sus variados niveles, ya sea la producción, el transporte o la comercialización para su consumo, con las notable excepciones de la República de Cuba, Japón y Nueva Zelanda.

Por el momento, quedan solamente los siguientes tres parámetros todavía polémicos:

  1. Son Estados cuyas principales autoridades políticas se encuentran directamente relacionadas con organizaciones narcotraficantes, tal como se sospecha actualmente del expresidente colombiano Álvaro Uribe o como probadamente terminó siendo el expresidente hondureño Porfirio Lobo. Recordemos, por otra parte, que Carlos Andres Áñez Andrade, arrestado por cargos relacionados en 2017, es sobrino de la expresidenta boliviana, dudosamente constitucional, Jeanine Áñez. Dicha penetración en altas esferas de gobierno debe tener un carácter, además, institucional, lo que implica que es independiente del partido que esté en funciones de gobierno;
  2. Son Estados cuyos ingresos, tanto fiscales como macroeconómicos y sociales, provienen del narcotráfico, desde la creación de empleos hasta los salarios de los funcionarios públicos, pasando por negocios, etcétera. El caso de Guinea Bissau puede ser tomado nuevamente como ejemplo, o ciertos estados en el norte de México o países caribeños como El Salvador, donde el ingreso a una mara o pandilla significa un alivio para salir de la pobreza. No es algo que el análisis del PIB pueda revelar, debido a la naturaleza clandestina de estas actividades;
  3. Son Estados donde las fuerzas del orden, desde el Ejército a la Policía, son incapaces de contener el poder de las organizaciones criminales que en los hechos crean lo que algunos llaman para-estatalidad o la capacidad de constituirse en una alternativa al mismo Estado, lo que no solo implica perder el monopolio de la fuerza, sino también de la recaudación impositiva, así como del ejercicio de autoridad. El Estado existe formalmente, pero no en los hechos.

Apreciaciones generales

Antes de continuar es necesario señalar que se trata de una categoría eminentemente política pero referida al campo de la economía, concretamente de la economía política, que estudia, entre otras cosas, cómo generan riqueza los Estados y cómo la distribuyen. Un narco-Estado sería entonces una sociedad fuertemente dependiente de los ingresos provenientes del tráfico de drogas, así como un Estado cuyas instituciones estarían penetradas por la influencia de esta rama del crimen organizado. Para ser un narco-Estado la composición del PIB de un país debe corresponderse con alguna de las fases de la cadena productiva de una determinada sustancia psicoactiva, además ilegal.

Por otra parte, no es solo la dimensión macroeconómica la que nos ayudaría a entender el problema. El narcotráfico no es un asunto doméstico, circunscrito a la epidemiología de adicciones de cada nación, sino un problema internacional. Específicamente un problema de la economía internacional, razón por la cual este campo de estudios se refiere al narcotráfico solo como una manifestación más del lado ilícito de la globalización. Para entender el narcotráfico debemos recorrer cada una de sus fases, desde la producción, hasta el transporte y el consumo, hablando en términos generales, así como a la división internacional del trabajo que organiza la función de los Estados, y el conjunto de fenómenos políticos y sociales que emergen de este entramado de relaciones.

Finalmente, debemos tomar en cuenta que las drogas han sido, hasta ahora, subestimadas al momento de explicar el desarrollo de la humanidad, es decir, su historia. Nada más natural que su influencia sobre sociedades enteras, ya sea en su aplicación para rituales religiosos, su comercialización a gran escala como principal industria nacional de algunos países o su gravamen fiscal para multiplicar los ingresos de las arcas de un Estado. Uno podría especular incluso acerca de una dimensión antropológica en el consumo de drogas, pero en lo que nos atañe acá destacaremos solamente que, desde el advenimiento de la época moderna, existe una relación estrecha entre la producción de drogas, su comercialización y la construcción de Estados y sociedades.

Para ser justos, se debe pensar en Inglaterra, como alguien ya anotó, no solo como el primer narco-Estado, sino como un verdadero narco-imperio, al haber impulsado, durante la era victoriana, el consumo del opio que llevó, entre otras cosas, al sometimiento colonial del Imperio chino, así como de otras partes del mundo, obligadas a comercializar y consumir este psicotrópico. De la misma forma, el tráfico de molasa, como lo demuestra Peter Andreas, financió en gran parte la independencia estadounidense, así como los gravámenes sobre los cigarrillos alimentaron las arcas de Gran Bretaña en las primeras décadas del siglo XX.

¿Es Bolivia un narco-Estado?

Aclarado todo esto, pasemos a abordar el problema nuestro, en sus justas dimensiones.

Partamos del primer criterio, acerca de la penetración institucional de las redes del narcotráfico en Bolivia. Aunque municipios como San Matías o Magdalena actualmente están inmersos en los conflictos que trae consigo el narcotráfico, hasta ahora ninguna autoridad representativa del nivel nacional ha sido arrestada o imputada por este delito, particularmente las relacionadas al Poder Ejecutivo. Las acusaciones contra ex y actuales autoridades generalmente se refieren a encuentros fortuitos, que aún así deben ser explicados, con personas acusadas de este delito, sin que pueda establecerse siquiera relaciones cercanas, con la excepción del caso de la sobrina de la expresidenta Áñez, claro.

En cuanto al segundo criterio, referido al grado de dependencia de una sociedad del narcotráfico, baste recordar que, aunque la economía boliviana está caracterizada por la informalidad, la mayor parte de los empleos en el país, ocho de cada 10 para ser exactos, dependen del comercio, el transporte y la construcción, mientras que los otros dos lo hacen del sector público y del privado. Ni siquiera en regiones plenamente dedicadas al cultivo de la hoja de coca se puede decir que la estructura socioeconómica local depende de actividades ilícitas de por sí, siendo la coca un producto más, el principal pero no el único, de municipios que igual producen bienes agrícolas, frutícolas, ganaderos y, en general, dependientes de la tierra más que de laboratorios.

Finalmente, aunque es cierto que cinco comandantes de la Policía fueron hallados culpables de estar relacionados con el narcotráfico en la última década y media, no puede decirse que la Policía Nacional haya sido totalmente capturada por esta rama del crimen organizado, debido a que los niveles medios y bajos de la institución dependen de otros tipos de corrupción. Son, entonces, los altos mandos de la Policía donde este delito es más prevalente, dato preocupante y que pone en duda la integridad de la institución como tal, pero que no demuestra nada a nivel institucional. Las Fuerzas Armadas, por otra parte, al no estar involucradas en actividades de lucha contra el narcotráfico tampoco son vulnerables a ser penetradas por este, lo que indica una política antidrogas prudente por parte del Gobierno. Huelga decir que, aunque la presencia del Estado es nula en algunas regiones del país, el famoso Estado con huecos, es espinoso hablar de una para-estatalidad plena en esas regiones, sobre todo una de carácter narcotraficante. Sí existe un dominio territorial de otras ramas ilícitas de la economía, como el contrabando de bienes. Hecho que debe ser matizado por la extensión fronteriza del país.

Una crítica llena de hipocresía

La producción y consumo de estupefacientes pueden ser abordados desde múltiples perspectivas, que van desde cuestiones relacionadas a la salud pública, el bienestar emocional, la violencia intrafamiliar, a otras más amplias y complejas como el crimen organizado, la economía ilícita, la construcción de estatalidad, las guerras comerciales, etcétera. Entre todos estos enfoques quizá el menos productivo se refiere a la crítica moralista que varios medios y líderes de opinión hacen del fenómeno, simplificado hasta su deformación y desinformación, tal como se puede apreciar actualmente a partir de una rápida lectura de los titulares que la aprehensión de Dávila ha impulsado desde hace varias semanas, referidas a la existencia de un supuesto narcoEstado en Bolivia.

Se trata de reacciones similares a las de movimientos ultraconservadores que se dieron a inicios del siglo XX en uno de los países más contradictorios en cuanto se refiere a la relación de prédica y práctica que haya habido en la historia de la humanidad. Nos referimos a Estados Unidos, cuya cruzada contra todo tipo de estimulantes y estupefacientes hicieron posible la promulgación de normas como el Acta Volstead, que inauguró los años de la “prohibición” una vez concluida la Primera Guerra Mundial, así como la ilegalización de la marihuana y la cocaína, siguiendo la segunda; impulsando, al mismo tiempo, el surgimiento de organizaciones criminales que levantaron fortunas sobre el contrabando de estos bienes de consumo de repente ilegalizados, como las mafias italoamericanas, irlandesas y otras. Dichos movimientos son una constante en la historia de ese país, desde la Liga de la Moral en los años 20 del siglo pasado, hasta la base republicana de la Mayoría Moral, que impulsó la actual guerra contra las drogas en la administración de Reagan, sin que ello haya evitado que el país sea actualmente el mayor consumidor de drogas a nivel mundial.

De hecho, uno de los aspectos más interesantes que pueden observarse en la historia de las drogas, tal como lo aprecia el politólogo Peter Andreas en su libro Killer High: a history of war in six drugs (o Dosis letal: una historia de la guerra en seis drogas), es cómo el patrón en el consumo de drogas de una sociedad o del mundo se modifica radicalmente dependiendo de la resolución de una guerra. Así, mientras la Primera Guerra Mundial fue seguida por un movimiento conservador que ilegalizó incluso el consumo de alcohol, la misma conflagración dio paso al consumo moderno de cigarrillos, más aptos para el combate y no menos perjudiciales para la salud; así como la ilegalización de la cocaína después de la Segunda Guerra Mundial, elemento que era pieza clave en la industria farmacéutica de los países del Eje. Una considerable parte de los criterios que utilizamos para categorizar una droga como aceptable o dañina se ve influida por la correlación de fuerzas que se de en una sociedad.

Nada de esto implica que no se deba criticar el consumo de drogas por sus efectos en la salud pública. Las consecuencias de la adicción son siempre devastadoras a nivel personal como social, pero es en la discusión pública donde debemos cuidarnos de no caer en simplificaciones políticamente orientadas a legitimar a un bando sobre otro en la inevitable confrontación partidaria que toda sociedad atraviesa. En otras palabras, no es una cuestión de buenos contra malos.


  • Cientista político.

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