Que la disputa entre evistas y arcistas ya no es más un asunto de preferencias personales, sino un problema de Estado, no puede ponerse en duda por nadie. Lo que sí puede discutirse es hacia qué lado se inclinan las piezas de este rompecabezas que ya no se puede armar usando solo piezas nacionales, en tiempos en los que el Estado de Excepción, ese mismo que se dejó entrever entre 2019 y 2020, comienza a convertirse en el modelo definitivo de gestión política. De esta forma, debe observarse la convergencia que termina habiendo entre los intereses de políticos frustrados, empresarios y el imperialismo estadounidense, por un lado; frente a las necesidades del pueblo organizado, por el otro.
Datos centrales
A diferencia de cómo sucedió con 2023, este año arrancó políticamente temprano, con bloqueos de caminos y la resaca institucional de meses pasados al no haberse aprobado la ley de convocatoria para la realización de elecciones judiciales debido al sabotaje de miembros de dos de los cuatro poderes del Estado: el Judicial, con la renuncia de varios miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); y el Legislativo, que obstaculiza la aprobación de leyes que implican no solo el funcionamiento del Estado, sino hasta fuentes de ingresos de los que dependen el futuro de innumerables familias.
El parcial bloqueo de caminos se venía anunciando en respuesta a la prórroga de funciones de los magistrados del Órgano Judicial y del TCP, aunque el telón de fondo es el rechazo a una sentencia constitucional que inhabilita a Evo Morales para postular a las elecciones de 2025. Razón por la que el evismo movilizó a su base social inmediatamente terminadas las fiestas, tendiendo un bloqueo de caminos que afecta al comercio nacional e internacional.
Mientras esto ocurre, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, frustró por lo menos dos sesiones legislativas cruciales para resolver la convocatoria de las judiciales, revelando su posicionamiento incuestionable en las filas del exmandatario. El actual vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, convocó a una nueva sesión el lunes 20 de enero para resolver este problema.
Finalmente, en las últimas jornadas, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz citó al expresidente Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera en calidad de testigos en el proceso seguido por el Ministerio Público contra Gabriela Zapata Montaño por el supuesto delito de trata de personas por el que fue encarcelada a finales de 2016, y que de alguna manera contribuyó a la derrota del propio Morales en el referendo por su repostulación en febrero de ese mismo año.
Análisis
La mayor parte de los bloqueos se han instalado en Cochabamba y son protagonizados por la base social del evismo en el Trópico. Un sector que no representa a la totalidad de las organizaciones sindicales, pero que se ubica en un punto neurálgico para el transporte boliviano. Esto implica algo clave: el bloqueo no cuenta con el respaldo en otros departamentos, que sí tendría en caso de que el motivo fuera otro.
El Pacto de Unidad demanda el cese del bloqueo y amenaza con tomar la Asamblea Legislativa si los representantes leales al evismo no viabilizan la aprobación de una ley esencial para el funcionamiento de la institucionalidad del Estado.
La ley de convocatoria para las elecciones judiciales no es el único caso de legislación paralizada por la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus bases sociales, sino uno más que se suma a una larga lista de normas que se aprobaron tardíamente o se abortaron de plano, con el objetivo de obstaculizar la gestión del gobierno de Arce, muchas veces en contubernio con la oposición partidaria de derechas dentro y fuera de la ALP.
Los principales partidos de oposición mantienen públicamente un discurso radicalmente antievista, aunque reciben de buen gusto las reiteradas contribuciones del expresidente a su campaña política en contra de las izquierdas, que a estas alturas adquiriere dimensiones regionales y hasta globales. De modo que Morales termina coludiendo con Trump, Bolsonaro y Milei, aunque dichos personajes jamás compartirían una mesa con él.
En lo fundamental, la manzana de la discordia es la habilitación/inhabilitación de Morales a una cuarta repostulación de acuerdo a una nueva interpretación de un instrumento jurídico internacional en el que, paradójicamente, Morales se basó para habilitarse como candidato. Es decir, una apreciación en subjetiva sobre un problema complejo en un contexto de debilidad institucionalidad. El resultado: ambigüedad de toda decisión asumida por un poder del Estado en relación a este tema.
Los mismos argumentos esgrimidos para habilitarlo, a pesar de una derrota electoral en el referendo de 2016, hoy se emplean para inhabilitarlo, por matices como los de no haber concluido su mandato presidencial. A diferencia de lo que sucedía en esos tiempos, Morales ya no ocupa el primer lugar en las encuestas de posibles presidenciables, así como tampoco lo hacen sus principales rivales de la época.
Camacho se encuentra tras las rejas y Mesa no puede disimular su senilidad política. El nuevo tiempo político será inaugurado, al parecer, por determinantes biológicas, con el antes impensable motivo del reemplazo generacional como principal condicionante. La ausencia de formación de cuadros políticos en la izquierda, así como en la derecha, empieza a cobrarle la factura a todo el sistema político, con la diferencia de que la derecha jamás necesitó de cuadros para tomar el poder.
Conclusión
La pugna entre arcistas y evistas literalmente está siendo vista como algo que obstaculiza el funcionamiento de la sociedad. Lo que en otras partes del mundo sería una disputa entre dos grupos de personas hoy amenaza con ser razón de ruptura del partido político más grande en la historia del país.
Más allá de la legitimidad que pueda tener o no la aspiración presidencial de Morales, sus acciones terminan coincidiendo no solamente con los intereses de la derecha que perpetró exitosamente un golpe de Estado en su contra, sino con los intereses de su enemigo jurado en Washington al validar el discurso punitivo en contra del narcotráfico. Se trata de algo muy delicado, toda vez que la principal estrategia de intervención del gobierno de los Estados Unidos en la Región está basada en su guerra contra las drogas, que hoy convierte en una zona de confrontación a casi toda Centroamérica y una parte del Cono Sur, con Ecuador como el ejemplo más reciente.
Lo anterior no implica que deba tenerse una posición suave frente al problema del narcotráfico, toda vez que sus principales beneficiarios no solo son violentas élites empresariales de lo ilícito y burguesías mafiosas en el mundo desarrollado, pero sí que no se deben repetir los argumentos del enemigo que de hecho fueron usados, en algún tiempo, falsamente en contra de Morales.
Tanto en su comportamiento como en su discurso el expresidente Morales adquiere un perfil coherente no solo con la derecha nacional, sino con las derechas regionales, en un contexto de definición geopolítica que en última instancia podrían colocarlo exactamente en el mismo bando del imperialismo estadounidense.
Nada de esto convierte a Morales en un reaccionario, por supuesto, pero sí en un jugador funcional a los intereses de sus propios enemigos sin mucha consciencia de ello; aunque algunos de su entorno deben estar conscientes de esa posición. En cualquier caso, al hacerlo valida,
increíblemente, los prejuicios del discurso político liberal sobre los líderes populistas como figuras esencialmente ambiguas del mapa político, con ejemplos como los de Perón y Vargas en el pasado.
Aunque a primera vista pareciera que la lucha por el poder ha desplazado a la lucha de clases en Bolivia, ningún fenómeno o acontecimiento que se de en la vida política de la sociedad escapa de esta contradicción universal de la condición humana. En ese sentido, debe observarse cómo terminan coincidiendo los intereses de las clases sociales con las acciones de las expresiones políticas de dichas clases.
Se puede hablar de una convergencia de intereses circunstanciales en un momento de jugadas definitivas de la política local: un eventual fracaso del gobierno de Luis Arce, que puede pasar por el adelanto de elecciones, significa una victoria de las clases aliadas al imperialismo estadounidense, lo que a su vez derivará, inevitablemente, en represión violenta de las clases populares y la aplicación de un secante modelo neoliberal.
Advertencia
No es una derrota electoral lo que está en juego. De hecho, lo electoral termina siendo, como siempre, nada más que la expresión de una acumulación de fuerzas que se realiza tanto por medio de la batalla ideológica como política y hasta militar. Lo que está en juego es el futuro de los integrantes de las clases populares, debido al perfil militarizado que intentan exhibir varios gobiernos ocupados por la derecha latinoamericana.
Lo que se viene construyendo en América Latina es un nuevo modelo de Estado producto de la emergencia y la desesperación de las clases dominantes que ya no pueden reestablecer hegemonía política sobre sus respectivas sociedades.
Al no poder garantizar su permanencia en el poder por medio de la manipulación mediática ni la corrupción de sus sistemas electorales, la única alternativa viable de estos sectores será la imposición de Estados de Excepción de diverso pedigrí, pero todos dentro de un mismo grupo taxonómico o especie de Estados, y que tendrán como común denominador la anulación de los derechos políticos alguna vez concedidos por los gobiernos neoliberales que terminarán siendo nuevo rostro humano del capitalismo, en comparación con la bestialidad que prometen personajes como Noboa, Bukele y Milei. El Estado de Excepción es la etapa definitiva de los proyectos neocoloniales en esta parte del mundo.
Reflexión
El expresidente no es una marioneta del destino sin voluntad ni una fuerza de la naturaleza carente de consciencia. Si actúa de esa forma, que puede resumirse peyorativamente en la figura del tonto útil, se trata de una elección por la cual tendrá que hacerse responsable personalmente en el futuro, y no ante un electorado, sino ante la Historia.
Fuera del aparente predicamento que él observa solo en términos binarios: ser o no ser presidente, se pueden encontrar alternativas que aseguren la permanencia de su relevancia política pero que a la vez permitan reorganizar el funcionamiento del instrumento político de las organizaciones sociales.
El estilo de gobierno personalista que alguna vez dirigió desde la cúspide del Estado también es un modelo de gestión del Estado tan caducado como el de la democracia pactada del Estado neoliberal. Sus limitaciones se hicieron ya insuperables cuando la decisión de no respetar los resultados de un referendo convocado por su propio gobierno conllevó en última instancia a su derrocamiento mediante un golpe de Estado en noviembre de 2019.
Recomendación
Más allá de aquel resultado catastrófico se pueden observar las limitaciones del evismo como proyecto de desarrollo al no haber priorizado responsablemente la industrialización de la economía ni la inversión seria de los dividendos del gas, así estos hayan servido para sacar de la pobreza a una considerable parte de la población, aunque de forma bastante precaria.
Tal resultado ya no puede ser atribuido a quienes lo acompañaron como parte de su gabinete de gobierno, incluido el actual presidente Arce, debido a que la esencia de ese estilo de gobierno era, tal como él mismo admitió en varias ocasiones, nada más que el resultado de sus decisiones en última instancia. En tanto, Luis Arce tiene ante sí el enorme desafío de superar ese tentador estilo personalista.
No se puede pedir a Evo que deje de ser Evo, pero el resto deberá aprender a superar el evismo. Es responsabilidad del actual Gobierno, en su función de sector dirigente de la sociedad, convocar y reorganizar al pueblo lejos de la tradición caudillista. Ya cuenta con un respaldo considerable para esto, no solo de las dirigencias sindicales, siempre observadas por sus rivales con o sin razón, sino de las propias bases populares que hoy esperan con optimismo los resultados de la política de industrialización y sustitución de importaciones propuesta como principal meta de esta gestión. Un asunto que no puede permitir el sabotaje de un individuo, debiendo prevalecer el principio de autoridad, así sea por medios judiciales.
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