abril 20, 2024

¿Es necesario reformar la Constitución para consolidar el Proceso de Cambio?

Por Diego Portal (Analista político)-.


Las leyes de un Estado no están escritas en piedra, es decir, son modificables, perfectibles e incluso anulables en función a la dinámica social que determina nuevos escenarios y necesidades que deben ser comprendidos por las clases dirigentes de un país sin dogmatismos ni fundamentalismos de ninguna naturaleza. Con esta misma visión se debe observar la ley de leyes: la Constitución Política del Estado (CPE).

Bolivia está regida por una CPE aprobada, sancionada y promulgada en 2009, como resultado de la deliberación de una Asamblea Constituyente, la segunda en toda su historia desde 1825. Fueron varias las reformas que se hicieron antes de ese mismo año al texto constitucional, por la vía del procedimiento parlamentario que permitía la propia carta magna.

El debate constituyente, por diversas razones –entiéndase como presiones de sectores interesados–, no logró cambios suficientes en determinados aspectos de la institucionalidad estatal. Asimismo, los tres lustros de aplicación de la norma constitucional parecen mostrarnos que ciertos aspectos incorporados en la CPE no tuvieron los resultados esperados, aun cuando en un principio se percibían como adecuados.

Algunos ajustes pueden requerir mayor urgencia, en tanto otros merecen un debate ciudadano más amplio, mismo que debe rebasar las paredes del Órgano Legislativo e ir más allá de los partidos y la dirigencia política. Hay muchos aspectos cuya discusión y definición hay que devolver al soberano.

Tras 15 años de vigencia, con un golpe de Estado cívico militar de casi un año de por medio, resulta conveniente referirse a algunos aspectos que no han sido tomados en cuenta o que intencionalmente han sido puestos de lado por la clase política, pero que con seguridad continúan siendo parte de la atención ciudadana.

Empecemos señalando algunos de estos temas que consideramos necesariamente deben formar parte de este gran debate nacional, pues se han hecho demasiado evidentes debido a los problemas que han generado en torno a ellos.

  • Reelección de autoridades nacionales

Se ha producido un mar de dudas sobre el tema del derecho a la reelección (sería más preciso decir a la repostulación de las autoridades ya electas), puesto que, si bien el texto constitucional establece la posibilidad de una sola reelección de forma continua, deja abierta la posibilidad a la reelección de forma discontinua, a lo cual hay que agregar el fantasioso derecho humano a la reelección indefinida que, si bien no tiene en realidad ningún asidero legal ni doctrinal, ya se ha incorporado a nuestro debate distorsionándolo por completo.

Son muy pocos países los que han dejado abierto este tema, la mayor parte le ha puesto un límite claro. Podría tal vez pensarse en una sola reelección, sea continua o discontinua, o incluso ir más allá –como sucede en México y otros países–, prohibiendo de manera definitiva la reelección de sus autoridades. La pregonada alternabilidad democrática encontraría un importante apoyo con una definición de esta naturaleza.

Una decisión como la mencionada debería alcanzar no solo al Presidente y Vicepresidente del Estado, sino a senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales. Sería muy sano para alcanzar una verdadera participación ciudadana y el desarrollo de una mayor convicción democrática.

  • Reforma judicial

Uno de los problemas más graves que Bolivia arrastra desde los inicios de su vida republicana es la administración de justicia. Tanto la estructura del Órgano Judicial, como los procedimientos de administración de justicia, no responden a las necesidades del pueblo. Los intentos de abreviación procesal se han quedado en medio camino, permitiendo que se mantenga en los hechos una justicia formalista, ritualista y exageradamente burocrática, la que se ha visto directamente relacionada con una corrupción generalizada, casi institucionalizada.

También hay que analizar de inicio si la modalidad de elección directa de las autoridades del Órgano Judicial es adecuada, si este mecanismo ha logrado romper con el cuoteo partidario y si realmente es el ciudadano el que decide o si simplemente se han modificado las formas manteniendo en el fondo el mismo cuoteo y la manipulación partidaria desde el Legislativo.

Es necesario buscar las formas más adecuadas de llevar la justicia al pueblo, desmontando los intereses económicos, políticos o de otra índole, que siempre se han parapetado detrás o se han posicionado dentro del sistema judicial boliviano.

  • Asamblea Legislativa

El Órgano Legislativo ha mostrado severas deficiencias en su funcionamiento y en el cumplimiento de rol constitucional que tiene asignado. Los ejemplos son varios y no es de relevancia mencionarlos, pero vale la pena preguntarnos ¿qué es lo que no está funcionando o qué es lo que está fallando en su interior? ¿Es un problema de las personas que se encuentran allá o son aspectos de fondo los que ocasionan esos problemas? Son preguntas de urgente respuesta para garantizar el funcionamiento pleno del supuestamente principal órgano del sistema democrático del país.

Resulta poco comprensible que una sala constitucional departamental tenga la capacidad de paralizar al Órgano Legislativo, e incluso cuestionar artículos de la CPE y dejarlos sin aplicación. Cuando menos se puede afirmar que es una incoherencia elemental, poco creíble pero cierta. Y el Legislativo aún no ha hecho nada para que esto no suceda.

Otro aspecto que debería ingresar en el debate es la pertinencia de la existencia de dos cámaras legislativas. La representación directa del pueblo está en la Cámara de Diputados, mucho más representativa desde que se estableció la elección de diputados por circunscripciones uninominales. Pero la Cámara de Senadores, que tiene su base conceptual en la representación territorial, suena obsoleta y colonial.

El sistema unicameral es mayoritario en todo el mundo y su implementación en nuestro sistema legislativo no solo le daría mayor consistencia en representatividad, sino también en agilidad procedimental, desburocratización y en un evidente ahorro en recursos públicos hasta ahora innecesariamente gastados en el funcionamiento de la Cámara de Senadores.

  • Fuerzas Armadas

Al interior de la Asamblea Constituyente quedaron cabos sueltos al debatir el régimen de esta institución, los que deberían ser atados junto a los otros temas antes mencionados porque son de suma importancia para el país.

Uno fundamental es el referido a la división republicana, cuasi colonial, al interior de las Fuerzas Armadas entre oficiales, por un lado, y suboficiales y clases, por el otro (por debajo), que muestra de forma por demás clara el espíritu de casta que pervive dentro de esta institución.

También habrá que debatir sobre la pertinencia o no de mantener el servicio militar obligatorio y el número de militares profesionales activos necesarios, en función a las labores que cumplen realmente. Y, desde luego, el fuero judicial de privilegio con que cuentan, así como la jubilación con el 100% de su último salario, lo que constituye otro privilegio que se mantiene sin fundamento.

De igual manera, habría que analizar la conveniencia y utilidad del funcionamiento de unidades militares (cuarteles) en las ciudades principales y en importantes centros poblacionales, cuando la consideración básica de su existencia está dirigida a su presencia en el resguardo de las fronteras, donde puede entenderse alguna utilidad.

  • Educación Superior

El Estado va perdiendo cada vez más el control del negocio de la educación superior privada, la que, al margen de muy contadas excepciones, se ha convertido en un negocio que escapa al control de calidad, eficiencia y nivel científico que debería caracterizar a esta instancia de formación dedicada casi exclusivamente, en la actualidad, a la venta de títulos profesionales.

Estos centros de formación profesional han proliferado a lo largo y ancho del país, supuestamente para cubrir la ausencia de la universidad pública, sin importar las necesidades reales del país en la materia. Se han establecido currículos arbitrarios, bajando el tiempo de estudio al máximo posible y reduciendo casi por completo las exigencias de titulación o grado. Se ofrecen carreras sin posibilidades de mercado laboral (Derecho y Comunicación, solo para señalar las más ofertadas, sabiendo que son las que tienen sus mercados laborales totalmente saturados, lo que al final no es más que una estafa a los jóvenes que buscan su profesionalización).

No existe un ente que coordine, y menos un plan nacional de educación superior que se sustente en la realidad del país y apunte a convertirse en un pilar del desarrollo de Bolivia y permita dejar de llenarnos de licenciados (o doctores) que deambulan por las calles buscando en qué ganarse la vida fuera de la profesión que han estudiado y que poco les sirve para enfrentar el futuro.

Las mismas universidades públicas deberían constituirse en las impulsoras de una verdadera revolución universitaria en beneficio de todos los bolivianos.

  • Sistema de salud

Si bien el Seguro Universal de Salud (SUS) representa un avance importante en este servicio sensible para la población (particularmente en los niveles 1 y 2), al igual que los centros oncológicos puestos en funcionamiento por el actual gobierno, hay un evidente retroceso en otros niveles, como por ejemplo en los centros de atención de tercer nivel y particularmente en los diversos entes gestores de salud.

Se requiere adecuar los servicios con una administración eficiente y oportuna, con el uso de la tecnología adecuada para evitar el vía crucis que deben seguir las personas enfermas, sobre todo quienes requieren atención especializada.

Habrá que pensar, quizás, en un solo servicio que sea realmente universal y que involucre a todos los entes gestores sectoriales, porque en lugar de mejorar su servicio se han convertido en feudos de dirigentes sindicales y del sector de la salud, lo cual no genera beneficio alguno para el asegurado y menos eficiencia para el servicio.

Por cuerda separada, aunque de manera paralela, habrá que tomar el control y la fiscalización de los servicios de salud privados, que se desenvuelven dentro del libre mercado como si la salud fuese una mercancía más, sin ninguna consideración de carácter social o humano. Es hora que el Estado ponga límites claros y efectivos para detener la mercantilización de la atención médica privada.

  • Gobiernos departamentales y municipales

Este es un tema por demás amplio y desde ya muy controvertido, en el cual podemos abordar aspectos puntuales.

Se ha producido, repentinamente, un crecimiento desmesurado de la burocracia en los gobiernos subnacionales, departamentales y municipales. Como ejemplo están las ampulosas Asambleas Departamentales, cuya función legisladora y fiscalizadora se encuentra seriamente cuestionada.

Así también se puede observar la excesiva politización (partidización) de los gobiernos municipales, problema que se origina en la misma forma de elección, a través de partidos, cuando cabría pensar en eliminar las listas completas partidarias y buscar una modalidad donde el ciudadano no solo tenga la posibilidad de elegir, sino también que el elegido tenga la obligación de responder de manera directa a sus electores o mandantes.

Podríamos suponer que quitar el salario a asambleístas y concejales, considerando a sus funciones como honoríficas y de reconocimiento social, podría de alguna forma devolver al ciudadano los gobiernos de las ciudades y los departamentos.

Con seguridad podemos seguir encontrando aspectos de reforma del Estado que deben empezar a debatirse en las distintas instancias, además del Legislativo o de los partidos.

El gran debate nacional, mirando a las próximas elecciones generales de octubre de 2025, que necesariamente tendría que convertirse en propuestas electorales y programas de gobierno concretos y viables para pedir el voto ciudadano, no puede ser postergado bajo ningún argumento. Tras 15 años de vigencia de la Constitución existen los elementos necesarios para su análisis, evaluación y crítica, para, desde luego, proponer reformas que permitan fortalecer el proceso de transformación histórico iniciado en 2006 y consolidado formalmente con la Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009.

Si es necesario atravesar por una reforma constitucional, hay que hacerlo en los términos que ella misma establece; no hay porqué tener ningún miedo, ni por dogmatismo, ni por errados fundamentalismos que solo sirven para paralizar, estancar e incluso hacer retroceder el desarrollo político y social del país y de nuestra sociedad.

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