Hace ya bastante tiempo que crece y se acelera el deterioro de las normas del Derecho Internacional y humanitario en el relacionamiento entre los países. De acuerdo al Índice de Paz Global, que publica anualmente el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Australia, existen en el mundo en este año 56 conflictos armados que involucran a 92 países. La cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.
Además de la guerra entre Ucrania y Rusia y las acciones de Israel en la Franja de Gaza y sus ataques en conjunto con los Estados Unidos a Irán, hay muchos otros conflictos de carácter interno –en algunos casos con participación de países vecinos– como la guerra civil en Yemen entre los rebeldes hutíes, apoyados por Irán y el gobierno a su vez respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudita, o la que se desarrolla en la República Democrático del Congo entre el Gobierno y los rebeldes del grupo M23.
Otros son de carácter internacional, como el que desde hace décadas existe entre la India y Pakistán por la región de Cachemira. A estos podemos agregar el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por la región de Nagorno Karabaj, o el de carácter fronterizo entre Tailandia y Camboya.
El trasfondo de tanta violencia
El motivo de esta conflictividad en aumento es la larga crisis cíclica del sistema capitalista que se arrastra desde 2008. Reafirmamos su característica cíclica a los efectos de que no se piense que estamos ante una crisis final del sistema.
La gravedad de la crisis actual radica en que, a diferencia de la de 1929, estamos en presencia de una crisis multicausal que reúne y entrelaza factores económicos, sanitarios y medioambientales.
En el aspecto económico, estamos viviendo una etapa de gran inestabilidad financiera signada entre otros factores por el aumento de la deuda pública y privada, la inestabilidad cambiaria y la volatilidad de los mercados; con el consecuente aumento del desempleo y la incertidumbre económica. Asimismo, se produce el aumento de la brecha entre un porcentaje cada vez menor de ricos y el consecuente aumento de la pobreza en el resto de la sociedad, principalmente en las capas medias.
La pandemia del Covid-19 puso en evidencia la incapacidad del sistema de dar una respuesta rápida y eficaz, consecuencia del debilitamiento de los sistemas sociales de salud –en particular los estatales– promovido por la estrategia neoliberal vigente.
Por último, digamos que el afán de la maximización de las ganancias a costa de la explotación sin límites de los recursos naturales –como si fuesen infinitos– ha producido una crisis climática expresada en sequías, inundaciones y huracanes que afectan a toda la población del planeta, con enormes costos económicos y una amenaza a la futura vida en el mismo.
Pero, además, esta crisis es dual. A las causas antedichas debemos agregar un hecho político no menor: el ocaso de los Estados Unidos como potencia hegemónica mundial y su crisis en el marco de una traslación de la hegemonía de Occidente a Oriente.
Las respuestas de Trump en este su segundo mandato han sido tratar de paliar los efectos de la crisis económica fijando un arancel global básico del 10% con otros más elevados (entre un 30% y un 40%) a decenas de países, incluyendo a sus vecinos y socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá (35%) y México (30%), con el objetivo de bajar el monto de las importaciones y revitalizar el mercado interno de consumo.
Al mismo tiempo, en su afán de reducir los gastos del Estado, ha recortado recursos a pensiones y servicios de salud, lo que generó un gran rechazo en la población. Lleva adelante una política contra los inmigrantes incrementando exponencialmente las diarias detenciones y deportaciones.
En materia de política exterior apoya el genocidio del Gobierno sionista de Israel en Gaza e incentiva el rearme de los países de la Unión Europea (UE) con el doble propósito de multiplicar sus ventas de armas y ahorrar divisas no enviando tropas propias a Ucrania y propiciando el involucramiento de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el conflicto.
Asimismo, bajó ostensiblemente los aportes de los Estados Unidos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por ejemplo al organismo de la lucha contra el SIDA. Ya se retiró de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y del Acuerdo de París sobre cambio climático.
Los efectos de la crisis en Europa
El traslado de muchas fábricas –principalmente de capital trasnacional– desde Europa a países de Oriente, en aras de rebajar costos de salarios y materias primas, ha sido una causal de peso en el aumento del desempleo, la merma de las prestaciones sociales y la pérdida del poder adquisitivo salarial.
Los principales afectados fueron los trabajadores y en particular los asalariados de capas medias, quienes responsabilizando a los gobiernos de corte socialdemócrata le cobraron un alto precio político votando a la extrema derecha neofascista.
Con un discurso demagógico en el cual se suman la reivindicación del nacionalismo como alternativa al multilateralismo y la globalización, el anticomunismo, la islamofobia, la rusofobia y las políticas en contra de los inmigrantes –a los que responsabilizan por la pérdida de fuentes de trabajo de los nacionales– han escalado posiciones y son primera fuerza como los nacionalistas del Fidesz que ocupan el Gobierno en Hungría. Lo mismo en Polonia, República Checa, Austria e Italia. También integran los gobiernos en Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia y Letonia; o son fuerzas poderosas como el Frente Nacional de Marine Le Pen que quedó segunda en las últimas elecciones presidenciales francesas. Son segunda fuerza política en Suecia y tercera en España. Hoy ocupan casi la cuarta parte de los escaños del Parlamento Europeo, por delante de los socialdemócratas, cuando hace 20 años no llegaban al 9%.
No es casual entonces que la OTAN –que considera a Rusia como el principal enemigo– lleve adelante el planteo de Trump de que los países miembros eleven su gasto en defensa al 5% del PIB.
América Latina no ha sido una excepción
Si bien el proceso de desgaste de los gobiernos progresistas y el ascenso de la derecha tuvo tiempos y formas específicas en cada país, el mismo es innegable. No fueron casuales los ataques de la extrema derecha contra experiencias progresistas que se produjeron en la Región en las últimas dos décadas. Baste citar los golpes de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009, Fernando Lugo en Paraguay en 2012, Dilma Rousseff en Brasil en 2016, o Evo Morales en Bolivia en 2019. Asimismo, el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil en 2018 o el intento de asesinato contra Cristina Kirchner en Argentina en 2022.
La imprescindible reconfiguración de la ONU
Lamentablemente la ONU hoy no tiene el peso ni está jugando el papel que debería en el actual escenario político internacional. El motivo de su inoperancia radica en que su estructura de funcionamiento responde a la realidad política de 1945, cuando fue creada, y no a las actuales circunstancias.
Era lógico que, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, las potencias triunfantes se agruparan en un organismo de dirección con poder de veto sobre cualquier propuesta que un país miembro pudiera formular en el seno de la Asamblea General: nos referimos al Consejo de Seguridad. La creación de este fue pactada en secreto en la conferencia de Yalta, realizada en febrero de 1945 entre Iósif Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, en la cual las potencias se repartieron sus áreas de influencia en los distintos continentes.
La ONU se fundaría formalmente el 24 de octubre de 1945. El Consejo de Seguridad de la ONU es el organismo encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Mientras el resto de los organismos solamente pueden formular recomendaciones a los países miembros, el Consejo de Seguridad puede adoptar resoluciones vinculantes y obligar a los miembros a su cumplimiento. Está conformado por 15 Estados, cinco de ellos son miembros permanentes con derecho de veto –Francia, Estados Unidos, Reino Unido, República Popular China y Rusia– y otros 10 miembros no permanentes.
Los 10 miembros no permanentes son elegidos por la Asamblea General cada año en grupos de cinco. Su mandato es por dos años. Las decisiones requieren el voto afirmativo de al menos nueve miembros. La presidencia del Consejo se rota mensualmente de manera alfabética.
Ya son varias las voces que se alzan planteando la necesidad de una reforma integral de la estructura de las Naciones Unidas. Sin dudas, una de gran peso es la del grupo de los Brics. Este poderoso grupo de cinco países, surgido en 2009, incluye –y de ahí su sigla– a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (esta última incorporada en 2010).
Por decisión de la cumbre de Kazán, en octubre de 2024, a partir del 1 de enero de 2025 los Brics han dado un paso hacia su expansión incorporando a nueve Estados socios: Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán.
Con esta expansión el grupo aglutina al 51% de la población mundial y más del 40% del PIB global.
En 2015 fundaron el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), presidido por Dilma Rousseff, para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible, sin imponer condicionamientos como lo hacen el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
En su 17 reunión, que tuvo lugar el 6 y 7 de julio en Rio de Janeiro, reiteraron su exigencia de reformulación de la ONU comenzando por su Consejo de Seguridad, al que consideran desactualizado y poco representativo. En este último aspecto proponen la incorporación de Brasil e India como miembros permanentes.
El 21 de julio se llevó a cabo en Chile la cumbre de presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España denominada “Democracia Siempre”.
En su declaración final, en su segundo punto expresaron: “impulsar una reforma del sistema de gobernanza internacional, particularmente de las Naciones Unidas, que permita recuperar su capacidad de acción y legitimidad frente a los grandes retos globales. Esto implica avanzar hacia una representación más justa y eficaz, superar bloqueos derivados del uso del veto y establecer mecanismos reales de cumplimiento y rendición de cuentas”.
Sería bueno que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se uniera a esta propuesta y coordinara con los Brics la mejor manera de impulsarla en el seno de la ONU.
En síntesis, se puede afirmar que se impone la eliminación del mecanismo del veto que hoy tienen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y otorgarle una mayor relevancia a la Asamblea General.
Y para definir posturas sobre asuntos que podrían tener incidencia en la paz y seguridad en el mundo, la Asamblea General consideraría uno o más informes provenientes del Consejo de Seguridad y aprobaría una resolución en base a mayorías especiales a determinarse en el reglamento de funcionamiento.
- Carlos Flanagan: Exembajador de Uruguay en Bolivia
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