octubre 27, 2020

Baja productividad, contrabando y especulación una peligrosa combinación (PRETITULO) El escalofrío en el estomago, también incentiva la especulación

El incesante aumento de los precios de los alimentos en Bolivia parece ser el resultado de una peligrosa combinación entre baja productividad, contrabando y especulación que se nutre del miedo a no comer de una población aún nerviosa por un posible “mini gasolinazo”. Las amenazas vienen de todas partes: del calentamiento global, de los empresarios que advierten sobre los efectos que tendrá el retraso de la cosecha en el costo del arroz, del Gobierno que aún habla de la necesidad de “extirpar el cáncer” de la subvención a los carburantes o de los comerciantes que no dejan de subir los precios de los alimentos que muchas veces ocultan. La necesidad de soberanía alimentaria no está en duda, pero sí cómo lograrla e incluso si es posible.

Esta escalada del costo de vida afecta a casi todos los insumos básicos de la canasta familiar: desde aquellos producidos usualmente por grandes empresas del oriente boliviano como arroz, azúcar y otros granos; hasta tubérculos, legumbres y frutas que en su mayor parte son resultado del trabajo de pequeños y medianos productores del llano y altiplano boliviano. La necesidad de tener que importar azúcar de países vecinos como Brasil y Colombia más la aparición de papas del Perú en nuestros mercados indica que el problema va más allá del contrabando y la especulación, hasta tocar la medularia producción.

Las sequías, heladas e inundaciones de 2010 ahora pasan la factura. Miguel Montero, representante de la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro), afirmó que más que desabastecimiento, lo que en estos días se sufría con el azúcar es una escasez resultante del contrabando y, sobre todo, la poca cosecha del año pasado, que se adelantó por los efectos del calentamiento global y que es 35% menos de lo que se necesita para cubrir la demanda interna. De acuerdo a sus datos, la producción habitual es de 12 millones de quintales por año, pero en 2010 solo se logró producir 8.5 millones de quintales, cantidad insuficiente para los 7.5 millones de quintales que normalmente consumen los bolivianos.

El contrabando se debe, a su juicio, al aumento de los precios internacionales del azúcar que incentivan a las personas a contrabandear el producto hacia países vecinos donde cuesta más del doble, aunque también podría sospecharse lo mismo de los empresarios, que conseguirían mayores ganancias en mercados como los de Brasil o Argentina, por lo cual la Autoridad de Fiscalización de Empresas decidió implementar el código de barras para controlar la venta del dulce producto, tal como lo hizo público su director, Óscar Cámara hace un par de semanas.

En La Paz, desde el domingo 23 por la mañana no se podía encontrar azúcar en ninguna parte de la ciudad y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), creada para esta clase de situaciones, había cerrado sus puertas a nivel nacional para hacer un balance comercial y reabastecerse. La situación continuó hasta el miércoles y durante esos tres días el poco azúcar que se podía encontrar era vendido a precios muy elevados de incluso 10 Bs. el kilo, más del doble que hace unos meses, junto a productos que también elevaron significativamente su precio, como arroz o harina.

Aún así, el principal problema al que apuntan las autoridades gubernamentales por la súbita elevación del costo de vida es la especulación alimentada con rumores sobre escasez y desabastecimiento que suben la demanda de varios productos y, en consecuencia, también sus precios.

Todos anuncian el peligro

Como echando más leña al fuego, el pasado 18 de enero los empresarios de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca) alertaron que el precio del arroz subiría proporcionalmente al de los otros productos de la canasta familiar como resultado de la poca siembra de este año y el retraso de la cosecha por los efectos del cambio climático, coincidiendo con el argumento dado por los azucareros anteriormente. Su presidente, Gonzalo Vásquez, explicó que el precio de ese producto sería negociado con el Gobierno y EMAPA, y aclaró que todo lo producido el año pasado ya se encontraba en los ingenios arroceros o en manos de los comerciantes e intermediarios.

El anterior viernes 21 advertencias parecidas eran hechas por productores de leche que amenazaron con subir el precio de su producto en un 50%, es decir, de 2.70 Bs. a 4Bs., si es que el Gobierno no garantizaba los granos suficientes para alimentar sus vacas.  Para evitar que esto suceda, sugiere la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), sería necesario garantizar al menos 100.000 toneladas de cascarilla de soya.

En la misma dirección fueron los nuncios de la Asociación de Avicultores de Cochabamba, que también reclamó al Gobierno la importación urgente de maíz amarillo en cumplimiento con el Decreto 736, caso contrario la elevación del precio de la carne de pollo junto a la del resto de los alimentos podría llegar a ser “una peligrosa inflación o una probable aparición de una contracción de precios”, de acuerdo a una solicitada que se publicó esta última semana.

Finalmente, este lunes 24 de enero el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca, anticipó que para este 2011 habría una crisis en la producción alimentaria y recomendó al Gobierno tomar las medidas necesarias rápidamente y aumentar la inversión en este sector. Roca aseguró que si el Gobierno da los incentivos necesarios los productores de alimentos responderán “con creces”, incluso lo suficiente como para exportar.

Una medida necesaria

Un día antes de que las tiendas de EMAPA dejaran de atender a la población el presidente Morales también hizo anuncios que contribuyeron a tensionar los ánimos de la población en beneficio de los especuladores, según piensan algunos. Durante su mensaje presidencial por el primer aniversario del Estado Plurinacional, el Primer Mandatario volvió a señalar el peligro latente que significa la herencia “neoliberal” de la subvención a los carburantes e insistió en convocar a una cumbre con los movimientos sociales para que, “seamos responsables con las futuras generaciones”.

Con esas palabras el presidente volvió a despertar los temores que la población experimentó a finales del año pasado, cuando su gobierno decretó una nivelación de los precios de los carburantes a nivel nacional que disparó el costo del transporte público y luego multiplicó sus efectos en los alimentos. Los precios no volvieron a bajar desde entonces hasta el nivel en que se encontraban antes de la medida, aunque el decreto 0748, responsable por la ola de pánico en los estómagos bolivianos, fue abrogado por una intensa movilización popular.

Luego de escuchar a Morales convocar a una cumbre con los movimientos sociales para debatir la nivelación de los precios de los carburantes con los del mercado internacional a muchos les pareció confirmar un inminente “mini gazolinazo”, es decir, un leve aumento de los precios de algunos combustibles que, aunque no tan dramático como el del año pasado, trasladaría de todos modos sus efectos al transporte y, por supuesto, la comida.  El gobierno no explica cómo no se afectará a la población de menores ingresos.

El contrabando de alimentos

 La especulación de precios actual también es influenciada por el contrabando de alimentos, sobre todo azúcar, hacia países vecinos como Chile y Perú, donde cuestan hasta 200% más que en Bolivia. Aunque esta práctica ilegal no es inusual parece haberse intensificado desde finales del año pasado. Últimamente, la mayor parte sale por el occidente del país vía Desaguadero y Copacabana, dos poblaciones fronterizas con Perú ubicadas en las orillas del lago Titicaca.

Comunarios y vecinos de ambos lugares ofrecieron terrenos para establecer un punto de control de la Aduana Nacional Boliviana (ANB) y combatir así esta actividad ilícita que le da mal nombre a la región. La zona resulta muy atractiva para los contrabandistas que sin mucho esfuerzo sacan alimentos y combustibles por medio de embarcaciones como triciclos o barcazas debido a que cruzando el lago se llega a territorio peruano. De a poquito, sea en pequeñas bolsas de algunos kilos hasta cargas más grandes y sospechosas, los alimentos y otros productos cruzan la frontera bajo las narices de policías y militares en días de feria y noches de frío.

Al respecto, la labor del Comando Conjunto Andino presentó sus resultados en la lucha contra el contrabando el último jueves, cuando durante la celebración de un acto en Viacha, en el departamento de La Paz, el comandante de esa unidad, coronel Luis Fernando, entregó al presidente Morales las incautaciones logradas en los últimos tres meses en la zona fronteriza del altiplano. Entre los bienes decomisados  había 431 quintales de azúcar, 427 quintales de maíz en grano, 360 quintales de harina amarilla y 71 quintales de arroz, además de casi 166 mil litros de diferentes clases de combustibles.

“El contrabando nos está desangrando”, lamentó este último jueves el vicepresidente Álvaro García Linera durante una conferencia de prensa en la que anunció el endurecimiento de las sanciones contra aquellos que incurran en este delito y anunció que la nueva Ley de Lucha contra el Contrabando otorga algunos incentivos para aquellas personas o comunidades que los denuncien, como el 20% de la mercadería incautada.

La indignación de los bolsillos

“¡Nosotros no recibimos salario!”, “¡Con el hambre no se negocia!”, fueron algunos gritos exclamados este lunes 24 en las tierras altas y secas de Potosí, en la población de Llallagua, donde tuvo lugar una marcha en contra del encarecimiento de la vida  que derivó en vandalismo cuando los protestantes pasaron frente a varios puestos de venta de abarrotes y comenzaron a saquearlos, según dicen, por la ira que les provocaban los comerciantes especuladores.

En la marcha estaban comunarios de los ayllus Chullpa y Siquya, de la provincia Rafael Bustillo de ese mismo departamento, y mineros de la Federación Regional de Cooperativas Mineras de Llallagua, que al principio se manifestaban de forma paralela a los indígenas originarios. Aunque para el Gobierno los que inclinaron a la masa a cometer actos de vandalismo eran infiltrados que esperaban empeorar las cosas.

El asalto a los puestos de los comerciantes ha sido señalado por algunos políticos como algo que podría repetirse si es que el Gobierno no soluciona el problema de los precios de los alimentos que no han vuelto a bajar desde que se decretó el gasolinazo a finales del pasado diciembre y que empuja a la población a tomar acciones desesperadas. La advertencia fue hecha primero por políticos de oposición pero dirigentes de movimientos sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) también coincidieron.

“Lo ocurrido en Llallagua es el resultado de la deficiente gestión económica del gobierno del presidente Morales y la aplicación del ‘gasolinazo’ está dentro de esta gestión”, observó el diputado opositor de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro. “Precisamente eso se puede replicar en cualquier lugar del país, porque la gente vive del día a día, entonces con qué puedes alimentar a la comunidad si no hay productos, estas acciones de Llallagua son reprochables, pero nosotros ya lo habíamos advertido”, recordó Rafael Quispe, mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Los tres debates abiertos

La necesidad de garantizar el acceso a alimentos a los ciudadanos bolivianos ya es obvia y algo en lo que hasta políticos opositores están de acuerdo es que esta seguridad alimentaria debe ser también soberanía alimentaria. Pero no todos están de acuerdo respecto al papel del Estado o del mercado en la economía, ni tampoco sobre que clase de producción debe fomentarse más, la pequeña y mediana o la gran agroindustria, e incluso existe la duda de si es posible combatir el alza de los precios de los alimentos a nivel internacional.

Sobre la primera cuestión, de si la economía alimentaria debe ser planificada por el Estado o si el mercado resulta más eficiente para regular la producción, el Gobierno anunció el pasado domingo que planificará la producción de alimentos desde este año para evitar crisis como la actual e incluso la creación de una empresa estatal que trabajará a gran escala y con maquinaria moderna. «Lo que vamos a hacer ahora y que no existió en el pasado es una planificación para la producción de alimentos en el país», dijo a los medios el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora.

Por el otro lado, el analista Julio Alvarado aún aboga por la intervención de la mano invisible del mercado, como dio a entender en una entrevista concedida a El Diario, donde condenó la creación de EMAPA como un error del Gobierno que desincentiva la producción al competir deslealmente con los comerciantes con precios subvencionados. “El Gobierno quiere controlar todo (…) debe cerrar EMAPA y hacer que cada alimento se distribuya a través de los canales que siempre han existido, en este caso los gremialistas”, expresó

Continuando, sobre qué clase de producción debe incentivarse, la pequeña campesina comunitaria o la capitalista a gran escala, el analista investigador Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Laboral (CEDLA), Enrique Ormachea, afirmó a finales del año pasado que, “no se puede hablar de soberanía alimentaria porque el pequeño productor campesino consume productos importados. Si bien la producción agrícola capitalista del oriente boliviano es superior a la parcelaria de las comunidades campesinas, ésta queda reducida respecto a los volúmenes de importación”.

El presidente ha manifestado su deseo de incentivar la producción de alimentos en coordinación con pequeños, medianos y grandes productores desde este año.

La efectividad de las iniciativas del Gobierno para incentivar la producción de los pequeños y medianos productores ha sido cuestionada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quienes señalaron que en el país trabajan por lo menos 1 millón de campesinos, por lo que EMAPA solo ha apoyado efectivamente al 1.97% de estos.

EMAPA fue creada en 2007 como una medida para combatir la especulación de alimentos impulsada por la oposición agroindustrial de esos días que escondían sus productos para desestabilizar al gobierno de Morales. Su función consistió (y consiste) no solo en garantizar alimentos a la población a un precio justo sino también fomentar la producción en pequeña y mediana escala de arroz, soya, maíz y trigo.

Finalmente, aún queda por ver si es que se puede enfrentar el alza de precios a nivel internacional que se origina sobre todo en los países productores del primer mundo a consecuencia de la crisis financiera que se vive desde 2008.

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