octubre 21, 2020

¿Hay crisis alimentaria?

por: Adalberto Kopp*

A inicios del siglo, las Naciones Unidas estimaron en 800 millones las personas que sufren hambre en el mundo. Los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM) proponen reducir esta cifra a la mitad hasta el año 2015. Ocurrió lo contrario: hoy en día el número de los hambrientos supera los mil millones de personas. Nos encontramos en plena crisis alimentaria a nivel mundial. Tales crisis se presentaron periódicamente y en estrecha relación con las crisis de la economía mundial. Pero en la base de estos “estallidos” se encuentran las poblaciones expuestas al hambre de forma constante. Una breve mirada a las últimas décadas puede explicar algunas de las razones de los pocos logros y muchos fracasos en la “lucha contra el hambre”.

Erradicar el hambre en el mundo es una meta fundacional de las Naciones Unidas. A tal fin creó una unidad especial, la Organización de Alimentación y Agricultura – FAO. En 1948, incorporó el acceso a la alimentación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La FAO adoptó la tesis de que la condición para vencer el hambre era incrementar el volumen de alimentos producidos a nivel mundial. Privilegió las tecnologías de la llamada “Revolución Verde”, que consisten en el uso de semillas de alto rendimiento, los monocultivos, el empleo masivo de agentes químicos, la mecanización de la agricultura, gigantescas obras de riego y la tenencia masiva de animales. A partir de 1970, los volúmenes de alimentos producidos superaron con creces la demanda mundial. Reinaba un optimismo generalizado de que erradicar el hambre era una posibilidad real.

La apuesta de la FAO a favor de las tecnologías agroindustriales, si bien resultó en el incremento de volúmenes globales de alimentos, se desarrolló a plenitud en los países industrializados y sólo gracias a cuantiosas subvenciones estatales a los agricultores. Gradualmente, la producción de alimentos se tornó un negocio en manos de consorcios agroalimentarios donde se asocian los proveedores de insumos (semillas, agroquímicos, maquinaria) y empresas de distribución. Gracias al sistema de las subvenciones, los países ricos produjeron ingentes excedentes de alimentos que inundaron, con precios “dumping”, a los mercados de los países “en vías de desarrollo” cuyos agricultores iban perdiendo su participación en los mercados domésticos y, a fin de cuentas, su existencia.

Pero los consorcios agroalimentarios pronto se expandieron hacia los países del sur. Aprovechando su poder económico y capacidad mediática determinaron la orientación de los programas de “cooperación” internacional, que a su vez, influyeron sobre los gobiernos locales a que adopten los mismos preceptos en sus políticas de desarrollo rural. Surgieron así, dentro de los países “pobres”, una suerte de enclaves agroindustriales que produjeron mayormente materias primas para la agro-ganadería de los países industrializados. La sistemática promoción de las tecnologías agroindustriales en las políticas públicas locales tuvo efectos negativos en muchos campos: uso de recursos públicos para subvenciones a pocas empresas agroindustriales; concentración de la propiedad agraria en manos de pocos y tráfico de tierras; ampliación de la frontera agrícola a costa de áreas naturales forestales; deterioro de suelos por compactación y agentes químicos; uso de suelos fértiles para la producción de alimento animal, y recientemente, para la producción de agro combustibles; sustitución de la diversidad de semillas por pocas variedades “certificadas”, incluyendo transgénicas. Al mismo tiempo se deterioraron las tecnologías de los productores de alimentos locales que son los agricultores familiares.

¿La hay Hay en Bolivia?

Las cifras arriba mencionadas son globales. En realidad el problema del hambre se concentra en determinados regiones del mundo. Aunque cada situación de hambre es diferente y tiene sus causas propias, existen sin embargo denominadores comunes. La realidad alimentaria de Bolivia no es una excepción. Nos preguntamos en qué medida la crisis alimentaria mundial ha contribuido a una crisis alimentaria —real o supuesta— en el país. Para ello escogemos solo dos aspectos que, en nuestro criterio, son importantes para evitar confusiones.

En primer lugar, Bolivia comparte con los demás países el hecho de que las poblaciones rurales de los agricultores familiares son las más expuestas a la inseguridad alimentaria. Desde muchos años las políticas nacionales, orientadas por la cooperación, apuntan a la “erradicación de la extrema pobreza y la desnutrición”, elaboran modelos de medición de “vulnerabilidad” (bajo criterios no del todo confiables) y desarrollan programas, más o menos exitosos, para mejorar el estado de salud y los niveles de nutrición de las poblaciones afectadas. Paradójicamente, son los mismos agricultores familiares los que, al margen de cubrir sus propias necesidades, abastecen a la población urbana con los alimentos básicos. Salvo variaciones de precios según temporada, el mercado de papa, verdura o fruta no experimenta verdaderas “crisis”. Es parte de la paradoja que la población en general y los programas de desarrollo rural apenas honran los sostenidos aportes de las comunidades campesinas a la seguridad alimentaria de la población.

En segundo lugar, los sectores urbanos de menores ingresos experimentan periódicas problemas en poder cubrir su “canasta familiar”. Esto mucho tiene que ver con el tipo de alimentos que componen su dieta diaria. Los cuellos de botella que causan tanto problema en la actualidad se refieren a productos tales como: azúcar, harina, aceite comestible o carne de pollo, que son precisamente los alimentos que la agroindustria aporta al mercado. En este punto se levantan al menos dos problemas: el primero está en los fines comerciales de la agroindustria que, a diferencia de los campesinos, busca la mayor ganancia la cual está sujeta a los costos de producción, es decir, al costo de los insumos que en gran medida son importados a precios del mercado mundial. En este sentido, la crisis mundial de alimentos se proyecta en una crisis a nivel doméstico. Ocurre en muchas partes que el Estado subvenciona a los productores para mantener los precios para productos de consumo masivo —así también en Bolivia. El otro problema está en la calidad de los alimentos que provee la agroindustria, muchos de ellos no muy recomendados por los nutricionistas, como el exceso de azúcar, pan blanco, fideo o carne de pollo— ésta última incluso objeto de burla en el discurso muy comentado del Presidente Evo en Tiquipaya. Lamentablemente es la población urbana de menores recursos la que más consume este tipo de alimentos. El “buen sabor”, la facilidad en la preparación, junto a la profusa propaganda que acompaña la oferta de estos alimentos, puede explicar las preferencias en los consumidores.

Con todo, nos inclinamos a creer que las protestas populares contra el alza de precios para sus alimentos “preferidos” no son síntoma de una verdadera crisis alimentaria en el país. Siempre está el “colchón” de los alimentos frescos en los mercados abastecidos de forma sostenida por los y las agricultores de las comunidades. No sería mala idea que el Estado preste algo más de apoyo a ellos y a sus “tecnologías ancestrales”, lo que no se opone a que negocie también con los agroindustriales su aporte justo a la seguridad alimentaria de la población.

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