octubre 26, 2020

Para una agenda inmediata de las autonomías

por: Diego Cuadros Anaya

Una primera pregunta que cabe hacerse respecto a las autonomías en nuestro país, es si están efectivamente vigentes. Veamos, tras el diseño de un sistema plural de autonomías en el Diálogo Nacional que se desarrollara entre septiembre y octubre del 2008 en Cochabamba, sus alcances luego fueron ratificados en la negociación congresal que dio pié a la aprobación del nuevo texto de la Constitución Política del Estado y la convocatoria al referendo constitucional.

Se votó y aprobó la nueva CPE, y con ella el Estado plurinacional con autonomías, reales, aplicables y con la poderosa facultad de legislar. Luego vino la Ley Transitoria para el funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas que, más allá de la penosa incorporación en ella de una herramienta ilegítima para defenestrar autoridades elegidas democráticamente y que lamentablemente fue ratificada en la Ley Marco, establece que una vez constituidos los nuevos gobiernos autónomos tanto municipales como departamentales, sus órganos legislativos podrán ejercer su facultad legislativa respecto a las competencias exclusivas que les reconoce la CPE. El que esta disposición alcance a las recién nacidas autonomías departamentales y no sólo a los gobiernos municipales (cuya autonomía data de hace más de 15 años) ya fue motivo de un comentario en estas mismas páginas, en el que hice notar que no debería corresponderles esta facultad sino únicamente tras la aprobación de sus Estatutos Autonómicos.

Luego de ello vino la elección de los nuevos gobiernos departamentales y municipales, así como la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

¿Qué falta, entonces, para la vigencia de las autonomías? Nada. Podrá haber una serie de temas a desarrollar para consolidar y profundizar el ejercicio autonómico, pero que están vigentes, no hay duda de ello. Otra cosa es que al parecer las propias autoridades tanto legislativas como ejecutivas de las entidades territoriales autónomas no ejercen sus nuevas capacidades; parecería que como resultado de una mezcla de temor a dar los primeros pasos al respecto y cierta perplejidad que podría resumirse en la frase “y ahora, ¿qué hacemos?”

Bueno pues, aquí ensayo una pequeña agenda en el intento de responder a esta última pregunta, que creo debería constituirse en el desafío inmediato para las flamantes autonomías:

Por un lado está la elaboración, en unos casos, y la adecuación, en los otros, de Estatutos Autonómicos Departamentales, lo que debería generar una movilización y debate democrático al interior de cada departamento, que permita forjar un pacto social autonómico, poderoso y constructivo.

Y uno de los temas centrales de este debate que debe estar en la máxima norma autonómica, es el diseño de su institucionalidad. Este es el momento de inventar desde la realidad de cada una de las regiones un aparato de gobiernos intermedios y locales diferente del pesado, burocrático, centralista y colonial Estado que hemos decidido dejar atrás. Ójala que no sobreviva ninguna de las estructuras obsoletas y excluyentes; ójala que la construcción institucional cochabambina no se parezca a la tarijeña o potosina, ni la beniana a la cruceña. En la autonomía el respeto a la diferencia interregional y el saludo a las iniciativas locales son la égida de la conformación de su institucionalidad autonómica.

Un segundo tema de esta agenda es el de la participación activa de los gobiernos autónomos en la elaboración de la normativa nacional complementaria a la CPE y la Ley Marco, para el ejercicio pleno y el desarrollo de las autonomías. Resulta penoso que hasta ahora el Órgano Ejecutivo nacional y la Asamblea Legislativa Plurinacional no hayan recibido las iniciativas autonómicas respecto a temas centrales que son importantísimos para este naciente proceso.

Además, habría que desarrollar desde las regiones y lo local, una capacidad de respuesta propia frente a un Estado que parece resistirse a los cambios en la práctica y una fuerza política gobernante que se mantiene en la inercia del centralismo, avasallando las atribuciones y competencias autonómicas. Inercia que cada vez se parece más a un olímpico desprecio por la Constitución Política del Estado y el proceso de transformaciones que ésta plantea para la construcción de un nuevo Estado. La intromisión reflejada en la ley del régimen electoral, que pretende dictar la conformación de los Concejos Municipales o la Ley de Juegos de Lotería y Azar, que ignora la definición de competencia compartida establecida en la CPE, son ejemplos de ello, más allá de la evidente campaña defenestradora de autoridades electas que viene ejercitando un sector del MAS, con el silencio cobarde de muchas autoridades que pese a gozar de la legitimidad democrática del voto de la población, se inclinan temerosas ante la soberbia de un partido político.

El hecho de que haya una tendencia autista al interior del oficialismo respecto a la participación de otros actores, no inhibe -y es más, debería impeler y urgir, para contrarestar esta tendencia antidemocrática- una movilización política democrática, legítima y propositiva de parte de los gobiernos departamentales y locales. Y ojo, que cuando me refiero a movilización no hablo de bloqueo y marcha callejera (asociación automática que suele hacerse desde que la ambición de copar todo el poder ha hecho cambiar las ideas a los gobernantes respecto a la criminalización de la protesta), hablo de dinámica constructiva, elaboración de propuestas, discusión y debate en un sinfín de escenarios, seminarios, foros y asambleas, tanto académicas como barriales, en la ocupación de los medios de comunicación con ideas, etc.

Asociado con lo anterior está el desafío de avanzar en la construcción de un Pacto Fiscal. Deberían ser las regiones y las autonomías las que sean capaces en estrecha relación con la sociedad, las representaciones ciudadanas y sus instituciones- de hacer las propuestas centrales, negociarlas con el gobierno nacional y en la Asamblea Plurinacional y defenderlas técnica, social y políticamente como un imperativo indispensable no sólo para el desarrollo de las autonomías, sino del Estado plurinacional. Es absolutamente ingenuo pensar que debe esperarse de éste o de cualquier otro gobierno a cargo de la administración central del Estado, una propuesta razonablemente autonomista, y más difícil aún en la actual coyuntura en la que nuestros gobernantes han dado un inesperado giro autoritario y excluyente.

Son necesariamente parte de este pacto temas como el financiamiento de la generación de un mínimo común de condiciones de vida para cada uno de los ciudadanos bolivianos, independientemente del lugar del territorio nacional en el que viven, y a partir de ello analizar respuestas a la actualmente inequitativa distribución del IDH; la generación y crecimiento de brechas interregionales entre departamentos productores de hidrocarburos y los otros; la sostenibilidad del financiamiento de las autonomías frente a la volatilidad de los recursos hidrocarburíferos tanto por la fluctuación de su precio como por su perennidad; la necesidad de que desde los gobiernos autónomos se contribuya a la generación de ingresos para su propio sustento, en fin, todo aquello que nos permita sostenibilidad y equidad como Estado, pensando en el futuro y no sólo en los intereses coyunturales.

Finalmente, y desde ahora hacia delante, las autonomías deben empezar a ejercer su potestad legislativa en sus competencias constitucionales; no esperar más una instrucción política para hacerlo. Es una cualidad de la autonomía enormemente poderosa y que supera incluso las demandas y propuestas que se desarrollaron en el país de manera previa a la Asamblea Constituyente, y su uso para fines que van más allá del orden administrativo, que es el que se le está dando, se extraña enormemente en función de consolidar la vigencia del régimen autonómico en función del desarrollo del país desde las iniciativas y esfuerzos locales y departamentales.

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