octubre 20, 2020

Autonomía al andar… Pero antes dime con quién andas

por: Claudia Peña Claros *

“Autonomía al andar” rezaba aquél famoso eslogan de 2008, cuando los cabildos eran todavía multitudinarios. “¡Ya somos autónomos!” exclamaban alborozados los líderes regionales, cuando todavía estaban en el país.

Todo parecía posible, y la autonomía simulaba ser, al mismo tiempo, el pasaje a la felicidad, el agua de la eterna juventud, el oráculo todopoderoso, la tierra sin mal.

Luego se impuso la violencia, en aquel septiembre aciago en el que se arriaron las banderas verde y blanco, cuando la Fexpocruz lució vacía e impertinente. Después la decepción: confesiones inesperadas en la tele, cuando las recriminaciones se hacían públicamente, cuando las cifras de dinero salían casi desnudas en el periódico.

No había sido suficiente el eslogan, y aunque el Presidente no pudiera aterrizar en tierra camba, Evo seguía siendo Presidente, y aunque a Costas le corearan “gobernador” en la Plaza, seguía siendo nomás Prefecto, mientras la autonomía no bajara del pasacalle al texto de la ley.

Eso sucedió en julio de 2010, cuando el Presidente promulgó la Ley de Autonomías aprobada en la recién nacida Asamblea Legislativa Plurinacional. Los recién estrenados asambleístas no tuvieron que revisar muchos proyectos de autonomía, como hubiera podido pensarse. Los asambleístas no necesitaron ni siquiera comparar la propuesta de Santa Cruz con otras propuestas. Abanderados de la autonomía, bendecidos en las urnas gracias a aquella mágica palabra, los líderes regionales, en los hechos, no tuvieron nunca una propuesta concreta que pudiera traducirse en articulado, en ruta concreta, en política pública.

Venían promulgando leyes departamentales desde 2008, cuando la Corte Departamental Electoral, siempre seria y circunspecta, fingiendo neutralidad (ahora uno de sus vocales es candidato casi oficial al Comité Pro Santa Cruz), avaló la consulta del 4 de mayo de 2008. Era la “Autonomía al andar”.

Eran otros tiempos, en realidad. Había prisa.

Hoy, es otro el cantar. A casi siete meses de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la adecuación del estatuto departamental todavía no figura en la agenda del legislativo cruceño. Se han aprobado leyes departamentales, pero todas de cariz administrativo, excepto quizá la Ley de suspensión temporal o definitiva de autoridades departamentales, que tiene más que ver con intereses políticos obvios e inmediatos.

Mientras el Estado Plurinacional aprueba cinco leyes estructurales, emite disposiciones de naturaleza económica y productiva, lanza políticas destinadas a controlar la crisis alimentaria y a asegurar el acceso al agua, disminuye los niveles de pobreza y alcanza récords en materia económica, poco o nada se percibe del gobierno (finalmente, ahora de veras) autónomo departamental.

Parece que no sólo se trataba de autonomía al andar, sino que también había que tener en cuenta con quién andas.

Diciembre de 2009 confirmó el liderazgo político de Rubén Costas, pero al mismo tiempo hubo que recorrerse “un poquito” (como en el micro) para dar campo a los recién llegados al poder oficial departamental: los asambleístas indígenas y los del MAS, los alcaldes indígenas y los del MAS, las concejalas y concejales que viniendo desde las organizaciones sociales contestarias al poder local lograron importantes espacios de representación y autoridad.

¿Cambio de velocidad o cambio de timón? Lejos está aquel estatuto que determinaba la elección democrática de los subgobernadores, hoy nombrados a dedo, no sea que ahí haya que recorrerse también. Lejos está la ley departamental número 13, que “legislaba” (ya en diciembre de 2009) el famoso 50 – 40 – 10 de distribución de las regalías departamentales: 50% a las provincias productoras, 40% a las no productoras, 10% a los pueblos indígenas.

Hoy, no sólo que la Gobernación adeuda dinero a los municipios por este concepto, sino que tampoco los Consejos Provinciales de Participación Popular funcionaron el 2010, ni con los municipios ni con nadie, para definir los programas o proyectos de inversión pública, tal como dispone la mentada “ley departamental” en su décimo artículo.

Pero la cifra sigue siendo mágica. “50 – 40 – 10” siguen diciendo los empleados departamentales, como augurando algo bueno, o nuevo: como tantos municipios han sido ocupados por indígenas, sindicalistas y campesinos, ahora el mecanismo cambia.

Cambia ¿o retrocede? Las autoridades han volcado sus ojos a las provincias. “Hay que consolidar el 50-40-10 y fusionarlo en torno a tener subgobernaciones fortalecidas en las 15 provincias y tener brazos ejecutores como las Corporaciones de Desarrollo. Entonces le vamos a transferir las mayores capacidades de planificación y capacidades de ejecución para que nuestras provincias puedan desarrollarse de una manera más rápida” sostiene el secretario de gobierno del Ejecutivo, Vladimir Peña.

Ya han demostrado los marginados de siempre que también en Santa Cruz pueden llegar al poder por la vía democrática. Entonces la maquinaria regional los esquiva, poniendo la plata allá donde no alcancen: los espacios institucionales que dependen (aún) del dedo.

Así que la autonomía no había sido solamente cosa de discurso, sino también asunto de equidad, solidaridad, participación, eficiencia: redistribución. Mientras que la maquinaria de la supuesta autonomía no comprenda que autonomía es también democracia, los conductores, porfiados pero perdidos, seguirán pensando que pueden hacerle lance a la inclusión, lance a la Asamblea Legislativa Departamental, y lance a los estatutos.

 

*     Investigadora social. Los criterios del artículo no comprometen ninguna línea institucional y son estrictamente personales.

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