octubre 21, 2020

COB – Gobierno: Una contienda entre pares

por: Héctor Hinojosa R.*

La movilización de la COB por lograr la atención de su pliego petitorio, ha tenido interpretación para todos los gustos. Las tendencias proclives a la derecha (incluido el MSM), quienes desde su pasado gubernamental aplicaron como referencia de la política salarial el índice inflacionario, buscaron capitalizar políticamente a su favor“respaldando” la movilización de los trabajadores y proponiendo formulas imposibles de ejecutar para lograr un aumento salarial; propuestas que ponen al desnudo la incapacidad de estas tendencias políticas por ofrecer alternativas al país. Desde el seno del propio movimiento la corriente trosquista parecía haber hegemonizado el discurso reivindicativo con la consigna del salario mínimo vital con escala móvil, que pese a su aparente radicalidad no deja de ser salarialista, pero con la esperanza de los líderes loristas de que el movimiento huelguístico se transforme en un proceso revolucionario.

La lucha salarial es parte de la lucha económica, además tiene la característica de ser una lucha permanente. Esta acción colectiva de los trabajadores se realiza contra los patrones para reivindicar una de sus necesidades materiales más importante, el salario. Aunque la lucha salarial se la define como económica, en el fondo es también una lucha política porque pone a dos clases sociales frente a frente disputándose los excedentes de la producción o buscando una adecuada distribución de los ingresos del Estado cuando éste es el patrón. Y, en el caso específico del país, esta lucha del salario se vio altamente estimulada por el denominado decreto del “gasolinazo”, que, aunque fue abrogado, sirvió como detonador para hacer subir los precios de mayor consumo de una manera descontrolada. Es decir, la decisión de políticas económicas no acertadas de parte del gobierno tiene una respuesta política entre los trabajadores que es el reclamo de mayor aumento de salarios.

Por ello, la versión de los funcionarios de gobierno de calificar la movilización de los trabajadores como “política” y que tan solo favorece a la derecha, es un discurso que pareciera que se hubiesen prestado de los antiguos ministros del neoliberalismo. Si a ello agregamos, que muchos actores gubernamentales, como el Ministro de Trabajo, han utilizado epítetos descalificadores tanto de los dirigentes como de los movimientos sociales, olvidando que los gobiernos neoliberales asumían una posición de clase y consideraban que el mejor sindicato es el que no existe, y su pretensión fue eliminar a los sindicatos y sus conquistas sociales. La posición del actual gobierno tendría que diferenciarse nítidamente de los operadores del neoliberalismo, para los revolucionarios el fortalecimiento organizacional y la acción sindical son vitales para el curso del proceso. Es importante fomentar el debate con los movimientos sociales para esclarecer su rumbo estratégico, pero también abrir los oídos a sus necesidades inmediatas, aún sabiendo que las organizaciones sindicales todavía no han superado la despolitización y desideologización, por ello, en parte explica sus reivindicaciones sectorialistas y economicistas. Es obligación del gobierno buscar una alianza con los trabajadores y sus organizaciones para modificar y reconducir este proceso de cambio hacia una real transformación estructural. En otras palabras, las movilizaciones están alertando que existe descontento y desconfianza con las políticas y la acción del gobierno; ésta situación crea un ambiente de receptividad a otras tendencias políticas que van desde la derecha hasta los denominados grupos radicales. Por tanto, el gobierno debe escuchar esas voces, que en el fondo están exigiendo un cambio de timón en el proceso.

A los desaciertos del se suma la del CONALCAM y del MAS, que lanzan amenazas contra las movilizaciones de los trabajadores, como la de iniciar “procesos judiciales” u hacer “contramarchas”, etc., que los ubica en el escenario político como instrumentos ineficientes para responder a los retos del proceso político actual. Es patético, por ejemplo, que ante la huelga del magisterio se agite la bandera de la “profesionalización libre”, eje de las propuestas educativas neoliberales del Banco Mundial y del FMI en la década del 90. Se supone que estas dos organizaciones deben cumplir el rol de instrumentos políticos, como tales forjar orientaciones políticas para el conjunto del pueblo que generen una hegemonía ideológica cautivando a los diferentes sectores, y ello se hace convenciendo y no amenazando con acciones de fuerza. No se debe olvidar que los trabajadores son parte importante de este proceso, la unidad de los obreros y trabajadores de la ciudad con los campesinos originarios y trabajadores del agro es estratégico tanto para la defensa del proceso como para avanzar en los objetivos históricos.

Es conocido que la COB ha sufrido un proceso de debilitamiento como fruto de la aplicación de las políticas neoliberales y de problemas internos que siguen esperando una resolución. Por ello, su accionar tiene muchas contradicciones, no es homogéneo y carece de unidad. Incluso en el sector minero sindicalizado existe una diferencia nítida entre los mineros de las empresas nacionalizadas y los que provienen de las empresas privadas, que han resurgido con la propuesta de reversión o nacionalización de ciertas empresas mineras. Precisamente, entre los planteamientos de la COB al gobierno existen dos demandas fundamentales: la abolición del DS 21060 y la urgencia de la reactivación del aparto productivo. Esta claro que la muerte del 21060 no será con la aprobación de otro decreto supremo, que sería una formalidad inerte; en realidad se trata de asumir políticas económicas, sociales y jurídicas para desterrar el neoliberalismo. Pareciera que entre los actores del conflicto existe esta convicción, por ejemplo, el Presidente de la República ha reconocido que en el campo minero sigue vigente el Código Minero neoliberal y la necesidad de aprobar una nueva ley minera.

En este marco ha surgido la propuesta, en medio de la negociación, la necesidad de recuperar los yacimientos mineros que pertenecían a la COMIBOL, “siempre y cuando los trabajadores estén de acuerdo”. Es más, el Ministro de Minería, José Pimentel, ha anunciado que además de estos yacimientos se va a revertir más de 4.000 concesiones mineras improductivas. Sin embargo, tanto trabajadores como gobierno, muestran que no van a pasar de las declaraciones bien intencionadas a la acción real y concreta.

El gobierno, si ha definido poner en práctica la decisión política de recuperar los yacimientos mineros para el país, no puede condicionar esta medida a la voluntad o a los intereses de un sindicato minero que bien puede estar protegiendo pequeños intereses sectoriales o grandes intereses patronales. Por encima de los intereses particulares ya sea de trabajadores mineros, comunarios campesinos, o empresarios mineros, está la decisión política de la recuperación de los recursos naturales y el potenciamiento de las empresas estatales, como COMIBOL, para acabar con las políticas neoliberales como el DS 21060 y tener una base real para la reactivación productiva y la industrialización de los recursos naturales.

Entre tanto, en el campo laboral es la oportunidad de los trabajadores mineros de ejercer en la práctica la condición de vanguardia que tanto proclaman en las reuniones sindicales y que trataron de demostrar en las manifestaciones callejeras de los últimos días. En la práctica del sindicalismo revolucionario la condición de vanguardia significa ponerse a la cabeza de las transformaciones estratégicas, inclusive postergando las reivindicaciones simplemente económicas y sectoriales, es decir, se trata de buscar la aplicación de políticas nacionales que beneficien no solo a los trabajadores sino al conjunto del pueblo boliviano. Además se trata de poner en práctica las declaraciones políticas que son aprobadas en los congresos de las organizaciones matrices, que como en el caso de la FSTMB plantean en las resoluciones de su XXX Congreso la reversión y nacionalización de los yacimientos mineros. Sin embargo, en las filas mineras, ante este desafío, ha surgido un contingente que tiene “sus reparos” a la propuesta de reversión de los yacimientos a COMIBOL y a la estatización de ciertas empresas mineras, como San Bartolomé en Potosí. Los argumentos que se esgrimen son diversos, como que “el Estado no esta preparado para asumir grandes proyectos” (la ideología neoliberal sembró desconfianza en el Estado y mostraba solo a las empresas privadas como aptas para una buen administración), que “las empresas se van ha convertir en botín político”(olvidando que ahora las empresas saquean nuestros recursos en beneficio de intereses extranjeros), “que la COMIBOL no está en condición de hacerse cargo de las empresas, primero que se reestructure” (Cuando el tema central no es administrativo, sino político), que “los mineros vinieron a luchar por el salario y no por la nacionalización de las minas” (cuando su plataforma de lucha aprobado en Congresos incluye la nacionalización de las minas), que “este no es el momento de nacionalizar” (¿Habrá que esperar que se agoten los yacimientos mineros para nacionalizar?). Todos estos argumentos pretenden eludir la decisión de lucha por la reversión o nacionalización de las grandes empresas mineras y que lamentablemente pone en duda la condición de vanguardia de los trabajadores mineros y les hace aparecer como defensores de los intereses patronales, que además sigue planteando la tarea inacabada de la urgente reconstitución de la clase obrera.

Las distintas interpretaciones del conflicto, obviamente, desde su óptica de clase o su posición política, la ruptura entre la COB y el gobierno que coloca la necesidad de una nueva alianza entre estos actores del proceso y las debilidades internas de la COB, revelan una tarea histórica y urgente para revitalizar la COB como instrumento de lucha del pueblo boliviano, que sólo puede ser definiendo un programa estratégico de transformaciones del país, que aglutine los diferentes intereses de los trabajadores asalariados y no asalariados, adecuando la representatividad a las actuales condiciones económicas – sociales del país y esclareciendo su posición política respecto del proceso. Tarea que deberá enfrentar el próximo Congreso de la COB.

*     Ex – dirigente de la COB

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