octubre 21, 2020

Pensiones: soluciones y problemas

La Ley 65 del Estado Plurinacional de Bolivia es la que introduce una nueva reforma al Sistema de Pensiones. Hay aspectos positivos que esta Ley genera. Su aplicación, sin embargo, muestra reales y potenciales problemas que no los resuelven los reglamentos ya promulgados, a la vez que existen otros que deberán ser revisados para mejorar su diseño.

Soluciones que trae

No cabe duda que el aspecto más destacable y beneficioso de la nueva Ley es la introducción del Fondo Solidario. Este permitirá que muchas personas reciban una pensión mucho más elevada que la financiada por su Compensación de Cotizaciones y la mensualidad que le paga, por el momento, la AFP y, posteriormente, la Gestora Pública de la Seguridad Social.

Esta institución es también creada por la nueva Ley de Pensiones y es uno de los cambios más relevantes que introduce esta norma. Las AFP en consecuencia se encuentran en una etapa de transición y en un periodo que, espero, no superará diciembre de este año. No obstante la gestora hereda las funciones que realizan las AFP sin cambios que, aparentemente, pongan en riesgo el futuro del sistema.

En este sentido, posiblemente, lo más destacado de la nueva reforma es la permanencia de los aspectos institucionales creados por la Ley 1732, ley que anteriormente regía el sistema de pensiones. En lo que se refiere a afiliación, registro, prestaciones e inversiones, se ha mantenido lo establecido en la anterior Ley. En este sentido, son, ciertamente, ponderables estas permanencias puesto que se ha dado paso a una política de Estado. El actual gobierno al respetar lo fundamental de la 1732, inserta en el manejo estatal un conducta que no se acostumbraba en regímenes anteriores.

Otro de los aspectos que se destacan como positivos es que permitirá que los jubilados conocidos como la generación sándwich y que tienen una pensión relativamente baja, podrán conseguir mejoras considerables (pertenece a esta generación cualquier persona que tiene derecho a una CC). Este aspecto ya se ha podido evidenciar en la última negociación que el Estado tuvo con los jubilados del nuevo sistema, los cuales, en realidad han logrado su jubilación principalmente gracias a el monto obtenido por la CC. Sin embargo, estos, en al menos 14 mil casos de un total de 28 mil, están mejorando su pensión gracias al mecanismo del fondo solidario.

Ciertamente, en esta circunstancia se exhibe claramente una de las grandes debilidades de la capitalización individual porque no logra pagar una pensión digna si no es a partir de los 25 o 30 años de cotización. Dadas las condiciones de ocupación en Bolivia, llegar a mantener un trabajo o tener varios para aportar en este largo lapso es, en realidad, una excepción laboral más que la regla.

Los seguros en manos del Estado

Entre otros cambios donde el Estado participa de manera más decisiva que la mera actividad supervisora o de superintendencia, se encuentra que el Estado también creará una entidad pública de seguros que reemplace a las entidades aseguradoras privadas. Estas cumplían sus propias actividades al interior del Sistema de Pensiones pagando, aparte de un seguro vitalicio, los seguros de riesgo profesional, común y laboral. Estos últimos los administran momentáneamente las AFP y el primero ya no serán las entidades privadas quien lo administre. Estas sólo continuarán honrando los compromisos asumidos antes de la promulgación de la Ley 65.

En este campo donde el Estado no tiene gran experiencia, habrá que ver como se desenvuelve. Es posible que la convocatoria anunciada para una intervención transitoria del sector privado este diseñada intencionalmente para que se marque un precio o una prima en los Seguros de Riesgo Común y Riesgo Profesional.

Potenciales problemas que abre

No es que los fondos acumulados en las AFP y luego en la Gestora no se puedan invertir en empresas públicas. Sin embargo, las inversiones que se podrían realizar con tasas de interés dictadas por la autoridad y al margen de un mecanismo de mercado pueden ocasionar una caída en los fondos acumulados para pagar pensiones futuras. La ley no menciona en ninguno de sus artículos a la Bolsa de Valores, lo que hace pensar que podrá incluírsela para unas operaciones y no para otras, particularmente cuando se trata de las empresas públicas. Esto también puede significar una fijación de intereses por parte de las autoridades y, lo peor pude ser, que estas tasas sean de carecer concesional. Así, entre los potenciales problemas que asechan al sistema resultante de la nueva ley está una posible baja en las pensiones que se paguen a futuro por la pérdida de rentabilidad.

Se debe recordar la importancia que la rentabilidad juega en la construcción de una pensión. No sólo que la capitalización requiere alrededor de 30 años para llegar a ser un 70% del total ganado, sino que la capitalización debe lograrse con una tasa relativamente alta que este en promedio en torno al 10% anual. Una caída de la tasa de interés a los niveles que el BCB paga actualmente por los bonos que coloca en sus operaciones de mercado abierto que no supera el tres y medio por ciento y que ésta permanezca por un mediano lazo de más de 4 ó 5 años tendría serias consecuencias para los trabajadores cuyos fondos se acumulen con estas tasas. Con certeza estas personas tendrían que aportar por más de 30 años o retirarse con una pensión en extremo baja en relación a los años que aportaron.

Si bien el Régimen Semi-contributivo (así se denomina el pilar que incorpora al fondo solidario) es universal en nombre, lo cierto es que está destinado a solucionar el problema de las bajas pensiones, aquellas ya concedidas y las que se concederán. Estas afectan principalmente a sectores como los de los maestros, salubristas, empleados públicos y obreros fabriles. El número que el gobierno proyecta para este año, aparte de los 14 mil ya jubilados, es de 40 mil trabajadores que lo harán este año y que esta cifra ira creciendo a razón de 7% por año. Como una cifra que crece al 7% anula se llega a duplicar cada diez años, se debe pensar que en para 2021 habrán 80 mil jubilados, en 2031 serán 160 mil y en 2041 superarán los 320 mil; exactamente el numero de jubilados que puede pagar el fondo solidario con la actual estructura de financiamiento.

Cualquier aumento del número de jubilados por encima de, digamos, 350.000 personas en el régimen semi-contributivo, será una causa para aumentar los porcentajes de aportes que ahora se aplican. Aquí se muestra el carácter de un fondo de reparto que presenta el fondo solidario. De otra manera, será otra estructura de financiamiento que logre el pago a un número mayor de jubilados en este régimen. Sin embargo, si los que potencialmente se pueden jubilar en el mismo superan los tres millones de ciudadanos bolivianos, el esquema diseñado y ofrecido está lejos de ser universal. Si tan sólo se superaran los 500 mil beneficiarios este régimen colapsará. Lo cierto es, no obstante, que esta situación se confrontará de aquí a 40 años donde sólo Dios sabe lo que pasará y eso, ya no parece conmover a los actuales gobernantes.

Para que un sistema de pensiones en Bolivia alcance la universalidad en condiciones de trabajadores masivamente en la informalidad o en trabajos precarios que apenas les genera mínimos ingresos de subsistencia o viven del autoabastecimiento sobre la base de lo que producen, se debe pensar en un sistema diferente, Esto es verdad tanto para los aportes, como para las prestaciones. Solución que todavía está por descubrirse.

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