octubre 30, 2020

Bolivia, la justicia y el cambio estructural

En los últimos días hemos asistido a un debate sobre la selección de las autoridades para el Organo Judicial en Bolivia que se ha quedado en solo uno de los aspectos de la compleja problemática que acompaña a una de las altas funciones del Estado y del poder. Las posiciones se han atrincherado, con matices por supuesto, en torno a los alcances del tipo de campaña o información que se debe autorizar o dar de los candidatos pre seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Unos, proponiendo un margen de acción más pequeño y otros planteando cero restricción.

Quizá, a partir del pedido presidencial a la Asamblea Legislativa Plurinacional de modificar el artículo 82 de la Ley Electoral, se deba volver a analizar el tema y encontrar un punto de acuerdo que le quite a ciertos sectores el discurso político con el cual se pretende deslegitimar el acto electoral de octubre y por otra parte no vaya por el camino de pensar esas elecciones con la misma lógica con la cual se hacen las elecciones generales. No son partidos los que compiten por el poder político del estado ni se quiere a candidatos disputando espacios del oficialismo y la oposición. Lo que la población espera es autoridades idóneas que le procuren una buena administración de la justicia. Por tanto, hay que delimitar bien el margen de acción de la campaña.

No hay duda que en esa reivindicación del derecho a la información (que debería ser cuidadosa al momento de ver la naturaleza de las elecciones) hay sectores con posiciones sinceras y respetables. Pero también están los que no desaprovechan cualquier oportunidad para desarrollar una línea de acción opositora contra el Estado Plurinacional y su Constitución. De ahí que es altamente seguro que aún modificando, hasta dónde sea posible, el artículo 82 de la Ley Electoral, estos sectores se refugien en otros pretextos para obstaculizar este proceso de democratización de la justicia.

Empero, lo que si pone al descubierto la mirada corta y el cálculo político de muchos es que no se ha ingresado a otros aspectos, más estructurales, de la justicia. Seleccionando por voto popular a las 28 autoridades de cuatro instancias del Organo Judicial -Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura) se habrá dado un paso importante, pero todavía insuficiente. Todavía restar por hacer mucho —desde lo sustantivo y adjetivo— para garantizarle a la población una justicia que desmercantilice al derecho y recoja la pluralidad jurídica en su verdadera dimensión. De eso no se dice nada.

La democratización de la justicia pasa por lo que se está haciendo y siendo la Constitución Política del Estado el punto de referencia, hay que discutir, por ejemplo, como se aplica, con responsabilidad, la figura del Control y la Participación social. Para que la justicia piense en la gente como sujetos y no objetos hay que cambiar radicalmente todo lo que tenga que ver con eso: la currícula de las carreras de derecho, la aristocratización del ejercicio de la profesión, los honorarios, el tipo de selección de jueces y otros tantos aspectos de gran importancia.

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