Las cifras de la recaudación de impuestos están mostrando un aumento significativo en los ingresos fiscales. El incremento de la recaudación tributaria, excluyendo el impuesto directo a los hidrocarburos y el gravamen arancelario, fue del 34%, en términos nominales, para la gestión 2011. Al evaluar, mediante la incidencia, las contribuciones de los diferentes tipos de impuestos, se tiene el siguiente ordenamiento: impuesto al valor agregado (17%), impuesto a las utilidades de las empresas (7%), impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados (4%), impuestos a las transacciones (3%) e impuesto al consumo específico (2%).
Algunas autoridades gubernamentales están destacando el aumento de las recaudaciones fiscales y señalando que gracias a la demanda interna se posibilitó este incremento. En otras palabras, el impuesto al consumo de bienes y servicios ha propiciado este incremento en los ingresos fiscales, que se evidencia por su alta participación en el total recaudado: 62%, aproximadamente.
Lamentablemente, para la mayoría de la población, estudios recientes muestran que el impacto de los impuestos sobre la distribución del ingreso depende de cuánto cambia el monto total recaudado y cómo se recauda dicho monto. Ahora bien, como la estructura impositiva boliviana es regresiva, dado que se apoya en impuestos indirectos sobre el consumo, este aumento en las recaudaciones tributarias está contribuyendo a empeorar la distribución del ingreso porque los sectores más pobres contribuyen con una fracción mayor de su ingreso a dicho impuesto, al gastar casi todo su ingreso en bienes de consumo. Además, está situación se está agravando porque han comenzado a contribuir las actividades comerciales pequeñas y medianas que incumplían con la normativa, como es el caso de los negocios de la calle Eloy Salmón, la Tumusla y la Huyustus.
Por otra parte, las mismas autoridades hacen notar que los bonos sociales (Juancito Pinto, Juana Azurduy y Dignidad) están apoyando a redistribuir el ingreso: sin embargo, estos flujos no están contribuyendo a mejorar su distribución, ya que los índices de desigualdad todavía están en niveles altos. Es más, algunas partidas de gasto público, como la de educación universitaria, están socavando los esfuerzos redistributivos del Estado, ya que los más favorecidos de este subsidio son los estratos con altos ingresos.
Es preocupante evidenciar que después de cinco años de transformación económica, social y cultural aún los más pobres están pagando la educación o la salud de los más ricos, ya que aquellos quienes menos ganan todavía más pagan impuestos.
Frente a esta realidad, se debe implantar una reforma tributaria progresiva que promueva efectivamente la redistribución de la riqueza y logre recaudaciones tributarias más que proporcionales en relación a los ingresos de los contribuyentes. En particular, la creación de impuestos directos, en especial aquellos que se aplican sobre el ingreso, la ganancia o enriquecimiento y los bienes personales. Además, paralelamente, se deberá mejorar la política de gasto público para impulsar un cambio favorable en las condiciones de bienestar de las personas sin generar efectos contraproducentes, como aumentos en la desigualdad.
En este proceso de cambio, por tanto, la política fiscal debe tener como objetivo central la reducción efectiva de la pobreza y de la desigualdad. Por el lado de los ingresos, es crucial diseñar un sistema tributario que recaude lo suficiente para financiar los gastos del Estado, en especial los gastos e inversiones públicas sociales; por el lado de los egresos, es crítico realizar reasignaciones en el gasto público social para incrementar su efectividad y hacer cumplir su rol en materia de equidad y redistribución progresiva.
* Director Ejecutivo del Instituto Estudios Avanzados de Desarrollo (INESAD)
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