diciembre 8, 2021

Del Chiru Chiru a Roger Pinto

“Si Bolivia reacciona contra el salvoconducto habrá un rompimiento de relaciones diplomáticas con Brasil y de instituciones, pero no creo que Evo (Morales) esté loco para hacer eso”, comentó el representante de la prestigiosa Orden de Abogados de Brasil (OAB), Tercio Waldir de Alburquerque, al referirse a la solicitud de asilo del senador del Estado Plurinacional de Bolivia, Róger Pinto.

La OAB tiene una larga experiencia en relación al refugio de perseguidos políticos, desde las duras épocas de las dictaduras militares. Es una entidad vigilante del comportamiento constitucional de sus autoridades en relación al respeto a los Derechos Humanos y a la normativa internacional que garantiza la independencia judicial.

Al parecer, por declaraciones de altas autoridades bolivianas, existe en el Gobierno y en sus voceros, poco conocimiento sobre cómo funcionan las solicitudes y trámites de asilo. Quizá porque son personas que no vivieron esas premuras antes de la época democrática (1982), cuando Luís Arce Gómez negó salvoconductos.

El asilo es una institución que protege a quien se considera perseguido. No interesa tanto de qué se lo acusa (para los militares todos los guerrilleros eran terroristas delincuentes), sino el ordenamiento jurídico de su país. ¿Tiene oportunidad o no de acceder a un proceso justo?

El inicio de este cuidado está en el templo católico donde se acogía cualquier persona que se sintiese perseguida, así fuese un delincuente, como el propio Jesús amparó a los acusados. Así la leyenda del ladrón apodado “Chiru Chiru”, quien sigue inspirando composiciones populares. La Virgen lo defendió de los soldados; de ahí el culto a la imagen del Socavón y su relación con el Carnaval de Oruro.

Por la inestabilidad política latinoamericana, que colocaba unas veces a unos como “delincuentes” y otras veces como “perseguidores”, se fomentó esa protección en las embajadas o consulados considerados territorios de la nación representada. Brasil, Colombia y México hicieron de esa práctica una columna de su ordenamiento jurídico.

Brasil dio refugio incluso al ladrón inglés del famoso tren correo. Colombia rompió relaciones con Perú y edificó una muralla durante años para proteger su sede donde estaba asilado el opositor izquierdista Raúl Haya de la Torre, en un famoso caso jurídico. México abrió sus puertas a miles de repatriados, políticos o no. Panamá también se unió en los años 70 cobijó tanto al Sha de Irán como a sandinistas.

La Cancillería boliviana no aprende que no basta la estridencia de gritos e insultos de activistas o funcionarios en ciertos temas. El papelón en Tiquipaya debía ser un aprendizaje. Se quiere enfrentar al importante vecino con el argumento que “así lo exigen los movimientos sociales”, junto a una oficialista Asamblea de DDHH.

El gobierno brasileño cuidará sus espaldas externas y su relación con su similar boliviano, pero seguramente evaluará estratégicamente si vale la pena romper su tradición en un momento tan crucial. El gobierno plurinacional debe preparar argumentos legales no bullas. Consultar a Juan del Granado y a Jaime Aparicio que lograron la extradición de Luís García Mesa, a quien se le garantizó un justo proceso pese a todos sus antecedentes.

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