junio 19, 2021

Las trampas de la pobreza

Una debilidad en la lucha contra la pobreza es tener el diagnóstico de la pobreza pero restar importancia a las causas estructurales que la originan. La pobreza es vista así en su manifestación inmediata frente a la necesidad de rastrear los orígenes más remotos y permanentes que ocasionan su reproducción de la pobreza. Creo que los avances manifestados por el gobierno en esta lucha, aunque innegables, posiblemente reparan menos en estos momentos estelares que inhiben su posible erradicación. Es lo que Paul Collier, experto en la materia, denomina las “trampas de la pobreza” que de no atenderse, hacen del deseo de erradicar la pobreza urbana en 2025, una promesa poco consistente.

Podemos enlistar al menos cuatro “trampas”: a) la apelación recurrente a la violencia en lo que constituye un estado de permanente empate catastrófico y/o guerra de baja intensidad, b) la dependencia hacia los recursos naturales y la disputa por poseerlos, c) la escasa proximidad al mar (motu propio, más que por motivos externos, como ser la poca voluntad de los vecinos que impiden esta salida) y d) las deficientes políticas públicas (gestión deficiente).

En el primer punto, resulta útil observar que en países que han sufrido una guerra civil, la probabilidad de repetir semejante evento es del 14% en los siguientes 5 años, con un evidente efecto de estancamiento económico. Salvando las distancias, es innegable que la quietud no es un rasgo propio de la historia boliviana. A los sucesos de violencia política de 2000 (Guerra del Agua), 2003 y 2005 (Guerras del Gas) se añaden otros conflictos de índole verdaderamente considerable. Indicadores al respecto señalan que el 48% de los conflictos en Bolivia tienen un nivel de radicalidad alto y medio alto. Aun queda más de la mitad de ellos que no tienen la misma contundencia. Certeza que coloca a Bolivia en un estado de radicalidad media. Sin embargo, esta situación no nos exime de verificar que aunque media es ciertamente crónica. Los sucesos de septiembre de 2008 en Pando, las movilizaciones en Caranavi en mayo de 2010, en Potosí en agosto del mismo año y en el TIPNIS en 2011, lo avalan. En los casos recientes (2010 a la fecha) las evidencias demuestran que la violencia continúa ya no contra posibles opositores de la denominada “derecha” sino contra aliados del propio gobierno. Se suponía que ésta quedaría aplacada con el ascenso del primer presidente indígena, portavoz de los principales sectores sociales movilizados. Empero no fue así: la violencia, por tanto, denota nuevamente su sello endémico. Al principio del proceso de cambio (de 2006 a 2008) el promedio de conflictos no superó los 400 por año. Sin embargo, ya en 2010 se contabilizaron casi 800 conflictos. Cantidad que arroja un promedio mensual de más de 50 conflictos, lo que sitúa a este gobierno a la par de aquellos gobiernos con mayor inestabilidad de la historia democrática (1982-2011): Siles (54 y Mesa 53). Más allá de las explicaciones que apuntan a la desigualdad social, la heterogeneidad cultural y/o a la carencia de instituciones que canalicen pacíficamente las demandas sociales, como catapultas de la violencia política, lo cierto es que ésta es latente. No cesa.

No podemos correlacionar de una manera mecánica la reiteración sistemática de la violencia como precursora de la pobreza pero es de resaltar que, en el largo plazo, la economía boliviana no ha crecido. Es el único país, en una muestra de 30, en el que los ingresos reales fueron menores en 2000 que en 1950: el PIB per cápita real tuvo un decrecimiento acumulado de -1% entre 1950 y 2000. Brasil creció en similar periodo en 338%, Chile y Canadá lo hicieron en 198%, Perú y Paraguay cerca al 100% y, de lejos, Tailandia en 577% o Taiwán en 2022%.

El segundo elemento o segunda trampa es la posesión de riquezas naturales. Un 30% de los pobres del mundo viven en países poseedores de economías basadas en los recursos naturales. Bolivia exporta hoy en día casi 9 de cada 10 dólares de la venta de gas y minerales. La preeminencia de los recursos como rasgo marcado a lo largo de la historia colonial y republicana de Bolivia se repite hoy con similar intensidad. Valga recordar que del presupuesto general de la nación de los últimos cinco años entre el 7 y el 8% fue destinado a actividades productivas no extractivas. La torta mayoritaria se orientó a los “sectores estratégicos” que no sólo no generan mucho empleo al ser intensivos en capital, sino, sobre todo, distorsionan la economía convirtiéndola en una economía distributiva antes que productiva. Es lo que se ha denominado, muchas veces, la “maldición de los recursos naturales”. Conviene recordar a propósito una tesis verdaderamente provocativa: los conflictos en Bolivia se habrían originado desde 1997, una vez conocidas las potenciales reservas de gas existentes. Téngase presente que si el promedio de conflictos mensuales en el periodo 1993-1997 fue de 12, éste ascendió a poco más de 30 de 1997 a 2002. Por tanto, no fue sólo que la crisis económica de 1998 a 2002 que originó los conflictos y azuzó la pobreza (en este periodo la pobreza se incrementó del 62 al 65% y la pobreza extrema del 36 al 37%), sino fueron los conflictos los que desestabilizaron al país aumentando el malestar y agudizando la pobreza. O para decirlo de modo simple: no fue la pobreza que impulsó la conflictividad, sino la conflictividad la que coadyuvó al avance de la pobreza.

Asimismo, cabe recordar que la puesta en marcha del “proceso de cambio” a partir, fundamentalmente, de la promulgación de una nueva CPE que solidifica la propiedad nacional de todos los recursos naturales, viene de la mano de incertidumbre que reduce las inversiones al menos temporalmente. Una reforma integral, en este sentido, podría llegar a costar entre el 1,5 al 2% del PIB cada año, lo que significa entre 250 a 400 millones de dólares por año. En una década se daría una posible pérdida de 2500 a 4000 millones de dólares. Vale decir, la búsqueda constitucional dirigida a proteger los recursos naturales -este es uno de los elementos más destacables del nuevo texto constitucional- reproduce esa cultura rentista.

Tampoco es de desconocer que el culto a los recursos naturales es un camino seguro a la desigualdad social: considerando el PIB (Valor Agregado) de los 10 sectores en los que el INE subdivide las actividades de creación de valor —y que representan el 90% del empleo nacional—, los datos demuestran que, en promedio, la productividad bruta promedio del trabajo en todas las industrias es del orden de 1,884 dólares/trabajador-año, aunque existen muy marcadas diferencias entre sectores; así, mientras en las actividades extractivas (minería, hidrocarburos) la Productividad Bruta del Trabajo bordea los 20,000 dólares/trabajador-año, en las actividades agropecuarias o la construcción, la productividad está por debajo de 1,000 dólares. En esta posición última se encuentran el 75% de los puestos de trabajo. Es decir, son sectores con productividad inferior al promedio con la consecuente baja remuneración que impide remontar el umbral de la pobreza.

La tercera trampa, más conocida es la no salida al mar. Y no se trata de la argumentación clásica de que “nos robaron el mar”. En realidad no tenemos salida al mar porque no lo queremos. Prima el maximalismo de “o salida soberana o nada” con el resultado conocido de no obtener nada. Sin embargo, si podríamos optar por a) un canje territorial con soberanía, b) una salida sin soberanía pero con cuasi soberanía: uso de puerto con personal boliviano; aplicación de las leyes bolivianas; implementación de un régimen impositivo boliviano, etcétera (propuesta ofrecida por el Presidente Lagos) y c) la diversificación de alternativas a los puertos de Chile: se seguiría usando los puertos chilenos pero simultáneamente con más hechos que palabras, se procedería a invertir una gruesa porción de la torta presupuestaria boliviana en poner en perfectas condiciones a Ilo y en continuar con el impulso logrado hasta el presente en la Hidrovía Paraguay Paraná.

Conviene recordar que la falta de salida dificulta nuestro comercio generando notables pérdidas. Se constata que la mediterraneidad ha producido a Bolivia una pérdida millonaria y un daño de gran intensidad. Los países sin acceso al mar perderían aproximadamente 0,7 puntos porcentuales en tasas anuales de crecimiento. Sólo en 1997, se habrían perdido 593 millones de dólares en el PIB, ya que la tasa real de crecimiento del PIB de 4,19 por ciento hubiese llegado a 4,89 por ciento y en 10 años, de 1997 a 2007, se habrían perdido más de 4.000 millones de dólares.

En ese sentido, no es casual que el 40% de los mil millones de ciudadanos más pobres del planeta se encuentren en países sin salida al mar, sujetos, por lo tanto, a los vaivenes del mercado internacional en el marco de una economía relativamente aislada.

Finalmente, la última trampa tiene que ver con las “malas” políticas. Este tema, evidentemente, es de mayor envergadura y ameritaría mayor detalle. Sin embargo, conviene recordar que incluso políticas “buenas” (elogiadas por la prensa en su conjunto) como la nacionalización de los hidrocarburos que permitieron el incremento de ingresos para el país de 600 millones de dólares en 2006, a 1520 en 2010, no son necesariamente positivas, más que en una primera mirada exclusivamente cuantitativa: “tenemos más recursos”. Téngase en cuenta que el déficit fiscal reemerge desde 2008 con distintas variaciones a pesar de semejante cantidad de recursos: en 2008 fue de 12 millones de bolivianos, en 2009 de 1.394 y en 2010 de 135. Notoria situación si se parte de la evidencia de que en sólo 4 años, de 2006 a 2009, el gobierno del MAS tuvo ingresos de 324.243 millones de bolivianos frente a los 358,245 millones de bolivianos recibidos en 15 años, de 1991 a 2005. Monto similar en un tiempo 3 a 4 veces menor.

Asimismo, esta masiva entrada de recursos, sin embargo, supuso pérdidas económicas verdaderamente grandes: entre lo que dejó de invertir en la economía nacional y lo que se pagó (y paga) por concepto de indemnizaciones suman aproximadamente 4 mil millones de dólares que no ingresaron a nuestra economía.

También es de mencionar que estos recursos no tienen una orientación productiva. Van destinados a los gobiernos autonómicos, al pago de la Renta Dignidad y a gastos corrientes. Recuérdese que si bien es positivo que el gasto en salud y educación haya subido de 3.200 millones de bolivianos en 2006 a 6.500 en 2011, no lo es, en fechas similares, la subida de salarios en otras reparticiones estatales, al margen de las empresas públicas, de 4.363 millones de bolivianos a casi 10 mil millones.

A la vez, tampoco parece sensato el proceso de creación de empresas públicas. Alguna primer estudio constata que de las 14 empresas creadas sólo 3 rinden algún beneficio. El resto genera pérdidas. Los datos son aun preliminares pero por de pronto se sabe que 2 mil millones de bolivianos ya han sido invertidos en estas empresas con un saldo de menos de 300 puestos creados.

En suma, si bien se teoriza, y se lo ha hecho en el último medio siglo, que las causas de la pobreza se originan en a) la escasez de capital, b) la falta de recursos humanos, c) la debilidad de las instituciones y/o d) la tenue presencia de capital social, en criterio de este trabajo destacan: la cultura de la confrontación, el rentismo exacerbado, la precaria conexión con los mercados del planeta, casi por opción más que por desgracia, y la gestión pública deficiente como los rasgos predominantes.

Todos problemas que los buenos augurios gubernamentales no parecen en capacidad de resolver.

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