octubre 15, 2021

¿Modificar la Ley de Imprenta? ¿Para qué?

Toda norma jurídica, sin importar su rango, es susceptible a ser modificación, pues al tratarse de una creación humana no es perfecta, sino más bien perfectible, tarea en a la cual deben contribuir todos los actores involucrados. Este es un principio jurídico por el cual se garantiza que las normas responderán a la realidad que vive una sociedad; lo contrario, su inmutabilidad, significaría que tendríamos que arrastrar normas obsoletas, inaplicables o superadas históricamente.

Toda modificación de la norma debe responder a un requerimiento social, que permita mejorar su aplicación y garantizar la tutela de los derechos que dieron lugar a la creación de la norma. También pueden existir normas que no requieran de actualización y/o modificación ya que fueron superadas por el tiempo, ya sea por que se tornaron inaplicables o porque el objeto de las mismas desapareció en el tiempo.

La casi centenaria Ley de Imprenta se encuentra muy cerca de la obsolescencia por su falta de aplicación. Los pocos procesos que en algo más de ochenta y cinco años han sido conocidos por los Tribunales de Imprenta representan casi nada con relación a los múltiples hechos sobre delitos y faltas de imprenta que quedaron sin sanción, debido a la inaplicabilidad de esta ley.

Hace unos días, un Asambleísta, para espanto de los medios, dejó deslizar la posibilidad de modificar la Ley de Imprenta y es aquí donde surge la preocupación y la pregunta si vale la pena modificar la Ley de Imprenta, si bien sabemos que los principales sujetos de esta norma, los dueños de medios y los periodistas no quieren ninguna ley que regule su trabajo. La Ley de Imprenta, patrimonio de los periodistas, ha servido únicamente hasta ahora para consagrar la impunidad de quienes hacen un uso abusivo y en algunos casos delictivo de los medios.

La Ley de Imprenta rescata principios importantes del ejercicio del Periodismo, que bien pueden formar parte de un nuevo cuerpo normativo, como el secreto de fuente, la prohibición de clausura de la imprenta (entiéndase medio) como sanción o el que la sanción por delitos de imprenta sea económica y no corporal. Sin embargo, cuenta con un procedimiento inaplicable, por cuestiones de forma y de fondo.

Para muestra de la inviabilidad de este procedimiento basta referir el proceso iniciado hace un par de años en contra del Periódico La Prensa por haber pretendido involucrar al Presidente Evo Morales con un caso de contrabando en la amazonia boliviana. Todas las actividades preparatorias se han cumplido pero el Tribunal de Imprenta no puede reunirse por las particularidades de su procedimiento.

Pese a todas estas constataciones y al convencimiento de muchos sectores ciudadanos de la necesidad de modificar la Ley de Imprenta o, incluso avanzando un poco más, una ley de medios, señores asambleístas si se les pasó por la cabeza la idea de cambiar esta ley, olvídense del asunto. De que pueden hacerlo, pueden, esa es precisamente una de las labores que les ha encomendado el pueblo de Bolivia, legislar.

Pero mejor evitar la fatiga. Bajo el manto de la autoregulación y sus Códigos de Ética, los Periodistas y muchos otros que no lo son, pero que se cobijan a la sombra de algún medio de comunicación, ya han optado por el camino de la impunidad y no aceptarán ni lo uno ni lo otro, ni modificar la actual ley, ni otra nueva.

Entendamos bien, los medios, sus propietarios y sus empleados, algunos de ellos Periodistas, no quieren control alguno, están cómodos como están, mintiendo, tergiversando, manipulando, agrediendo.

Entonces ¿para qué perder el tiempo debatiendo la modificación de la Ley de Imprenta?, con seguridad que hay temas de mayor trascendencia y de mayor utilidad para los bolivianos y bolivianas que deben ser objeto de la energía y la atención de los asambleístas. Modificar la Ley de Imprenta? Para qué? o, para quiénes?

*          Abogado y Periodista

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