Los duros enfrentamientos entre trabajadores mineros —los unos asalariados y los otros cooperativistas—, del distrito minero de Colquiri, abren la condición de posibilidad de radicalizar el proceso más allá de lo pensado por el gobierno, pero también llevan implícitos los riesgos de un enfrentamiento que, como en otros conflictos, tratará de ser aprovechado por la oposición para llevar agua a su molino.
Para que el conflicto devenga en la profundización del proceso de cambio se necesita, sin embargo, de ciertas condiciones:
Primero, llevar a la práctica el fundamento filosófico y político del principio de la pluralidad económica establecida en la Constitución Política del Estado, a través de una particular forma de articulación entre los trabajadores asalariados y los cooperativistas.
No hay que asustarse más de lo debido, pues la realidad concreta impone la necesidad de aplicación concreta de la Constitución.
Las revoluciones no tienen recetas y si las hay, nos conducen a la derrota y el fracaso.
Segundo, esta búsqueda concreta de soluciones concretas a los problemas concretos de aplicabilidad de la Constitución deben asentarse en el diálogo sectores sociales en pugna y gobierno.
Sin embargo, sería una ingenuidad pensar que el diálogo no esté acompañado por tensiones muy fuertes.
Tercero, otorgarle al Estado -que no es el viejo burgués y colonial-, un papel preponderante en esa articulación, pues se trata de una estatalidad en construcción que está obligada a representar los intereses del nuevo bloque en el poder.
No es un papel de mediador ni de regulador por encima de las clases sociales y sus conflictos y luchas. No, es un papel activo de un estado que condensa a las viejas clases subalternas elevadas hoy a la categoría de clases dominantes, por lo tanto que refleja las potencialidades y limitaciones de ellas.
Cuarto, complementar al rostro indígena-campesino del proceso, con el sello de clase del proletariado. Eso implica para los asalariados no ver al estado plurinacional como su enemigo, sino como el campo de lucha en que la clase de los trabajadores juegue un papel no desempeñado hasta ahora para hacer avanzar el horizonte no capitalista de la revolución boliviana. Pero también demanda que las organizaciones indígenas-campesinas labradoras del proceso no nieguen la existencia de las clases y su lucha.
Ambos sectores sociales hoy en disputa en vez de verse como diferentes antagónicos deben mirarse como diferentes complementarios.
Quinto, esa articulación de lo indígena-campesino con el proletariado en el sentido más amplio de la palabra, es construir un sujeto histórico superior al que ha posibilitado hasta ahora vencer los planes de la derecha nacional e internacional. Los sindicatos afiliados a la COB han tenido una relación de aproximación-distanciamiento con el gobierno desde enero de 2006 y esta es una oportunidad para establecer una gran alianza indígena orignaria-obrera y para hacer suyo un proceso que es de todos.
Sexto, para eso es indispensable que los trabajadores -asalariados y cooperativistas-, hagan prevalecer los intereses generales sobre los particulares. Ninguno de los dos grupos sociales se disputaría un pedazo de la torta sin este proceso. Eso no se lo puede perder de vista.
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