octubre 18, 2021

Mineros, el sujeto ausente de la praxis política actual

Complementar la narrativa histórica de los pueblos originarios con la narrativa histórica del proletariado es quizá lo que el momento histórico exige. El conflicto de Colquiri se presenta así, vaya paradoja de la realidad, es una condición de posibilidad para lograr esa necesaria articulación hasta hoy inexistente.

El conflicto minero entre cooperativistas y asalariados es mucho más que un simple desencuentro de intereses económicos, se trata de la develación de una temática crucial en los procesos político-sociales bolivianos que, por el declive de un momento histórico, fue invisibilizada, confinada a una irresponsable indiferencia. En estos días se destapa un debate que es decisivo para comprender el actual proceso de construcción de una nueva estatalidad.

Dicho de otra manera, ¿la movilización minera de los pasados días, el conflicto entre asalariados y cooperativistas no devela a un actor no contado en el proceso de cambio, y en consecuencia en la nueva condición de estatalidad emergente?

Esta develación tiene que ver con que la construcción del nuevo Estado Plurinacional, así como el proceso constituyente pasó de largo una narrativa histórica, una discursividad subversiva que, si bien entró en claro declive a finales del siglo XX, se re-significó y fue subvalorada. Se trata, por supuesto, de la lucha de clases en el marco de las relaciones de producción capitalistas.

Este olvido irresponsable de la narrativa de la lucha de clases no permitió visualizar la persistencia de la misma 1. El estupor del cambio de siglo olvidó por completo que esta narrativa de las luchas proletarias fue, en su momento, crucial en la transformación misma del Estado. La narrativa proletaria, cuya densidad discursiva no puede comprenderse sino al interior del Modo de Producción Capitalista y la manera en cómo éste se emplazó en nuestro contexto, en cómo se significó, se transformó y continúa desenvolviéndose.

El momento actual es de una complejidad notable, pues consiste en un encuentro, no sólo de aspiraciones económicas, sino en el encuentro de narrativas históricas, que si bien comparten un bagaje histórico, fue la misma historia la que las distanció. Se trata de las luchas históricas de los pueblos indígenas por un lado, y por el otro, la lucha histórica del proletariado minero.

En el caso de las luchas indígenas, tienen una densidad histórica propia, que comprende aspiraciones y reivindicaciones que, en última instancia, permiten comprender las transformaciones estructurales que tienen lugar al presente en el marco de la construcción del Estado Plurinacional. El bagaje histórico de estas luchas es de larga data, y tiene que ver con resistencias culturales que tienen un trasfondo histórico complejo y extenso.

La segunda narrativa, es decir las luchas del proletariado, ya no es localizable únicamente en el movimiento minero, pero éste, pese a haber ingresado en un profundo declive en los últimos años del siglo XX, sigue siendo un núcleo fundamental para la reivindicación del sujeto explotado en el marco de las relaciones de producción capitalista. Se trata de una narrativa compleja, pues en Bolivia las relaciones de explotación capitalistas se fueron dinamizando, y fueron adquiriendo nuevas formas, que incluso han sabido insertarse en los procesos actuales de transformación del Estado.

El olvido de esta segunda narrativa de luchas sociales, que en su momento fue baluarte de la construcción del Estado nacional-popular, fue y sigue siendo un error que es necesario comprender y remendar, en el marco del proceso de transformación de la estatalidad. La utilización del vocablo “nacionalización” en las demandas de los asalariados no es una mera herencia discursiva del siglo XX, sino que se trata de una aspiración que en el imaginario colectivo sigue siendo determinante y movilizadora. Esta utilización es, además, la evidencia de la persistencia de una narrativa que se creyó extinta o adormecida, y fue irresponsablemente confinada al olvido y la indiferencia.

Estamos hablando de dos narrativas o razones que fueron, y siguen siendo, fundamentales para comprender el devenir histórico boliviano. Narrativas que en un momento concreto de la historia se bifurcaron, generando dos razones subversivas que actualmente corren el riesgo de repelerse, pese a que su objetivo último sea convergente.

La principal dificultad de esta bifurcación es, por un lado, que el proceso actual de transformación del Estado, permitió irresponsablemente la inserción de formas paupérrimas y salvajes de explotación capitalista, de apariencia social, practicadas por sujetos locales, que es su momento también fueron actores protagónicos en las luchas sociales de la historia reciente (cooperativistas, colonizadores, comercio informal, etc.) 2.

Por otra parte, la dificultad de esta bifurcación reside en la ponderación de la narrativa indígena, que dejó de lado o eclipsó la persistencia fáctica de la explotación laboral capitalista y de la lucha de clases. Esta ponderación se visibiliza en lo que fue la conformación del Pacto de Unidad, organización angular en el proceso constituyente. Se trató, en efecto, de una organización eminentemente indígena y agraria, que -valga la aclaración- no deja de ser valerosa y valiosa para el proceso de transformaciones actual. El problema es que se olvidó a la segunda narrativa de luchas sociales, que fue fundamental en los procesos históricos bolivianos, del siglo XX.

Este olvido o desencuentro pone, actualmente, sobre la mesa dos proyectos subversivos, pero que corren el riesgo de repelerse: el proyecto plurinacional comunitario, y el proyecto nacionalistas anticapitalista. No se trata de objetivos contrapuestos, y son perfectamente armonizables, pero si uno es ponderado y el otro es invisibilizado o relegado, la praxis de cualquier proyecto transformador será incompleta y, a la larga, disfuncional. Es decir, si no se subsana este desencuentro, la transformación de la condición de la estatalidad se desenvolverá persistentemente con un vacío, con un olvido irresponsable, que no dejará de ser una piedra en el zapato.

En la develación de esta contradicción, de este olvido irresponsable, yace una clave cardinal para comprender y pensar la continuación y continuidad del proceso de cambio, de la construcción del nuevo Estado. La misma deberá llevarse a cabo sin estos olvidos odiosos, y tratando de acordar dos narrativas subversivas que escribieron y seguirán escribiendo la historia subversiva del país.

La crisis que se visibiliza puede ser una de las más profundas del gobierno de Evo Morales 3, pues no sólo supone si el gobierno gana o pierde con un bando u otro, sino cómo se transforma el proceso de cambio, cómo se transforma la condición de estatalidad plurinacional.

1          El año 2006 se generó una de las etapas del conflicto entre cooperativistas mineros y asalariados. Esta fecha es singular, pues también coincide con el proceso constituyente desarrollado entre el 2006 y el 2009; sin embargo las tensiones constituyentes se desplegaron a partir de la propuesta del Pacto de Unidad, escenario que reunía tanto a pueblos indígenas de tierras altas y tierras bajas, con los campesinos colonizadores, hoy llamados interculturales, además de los afrobolivianos. La Central Obrera Boliviana (COB) y los mineros (tanto asalariados como cooperativistas) no tuvieron un papel protagónico en la construcción del Estado Plurinacional.

2          El Artículo 369 reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, a la industria minera privada y cooperativa, siendo el Estado quien ejerce control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los referidos titulares de derechos mineros. Es necesario señalar que conforme al parágrafo IV de la disposición transitoria octava de la Constitución, el Estado reconoce y respeta los derechos preconstituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social. Sin embargo conforme al parágrafo II del Artículo 370 las cooperativas mineras deben contribuir al desarrollo económico social del país. Asimismo conforme a lo señalado en el Artículo 310 el Estado reconoce y protege a las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro. Finalmente estas cooperativas mineras deben proteger el medio ambiente (parágrafo III del Artículo 312), y estar sujetas al control ambiental por parte del Estado (Artículo 358). En consecuencia si se garantiza a las cooperativas mineras siempre y cuando cumplan una función económica social contribuyendo al desarrollo del país, y deben imperativamente observar normas ambientales, entre otras exigencias.

3          Lo emergente de la situación, es decir el acontecimiento político, se encuentra en el conjunto de compromisos que el gobierno ha adquirido con los cooperativistas y la aparente imposibilidad de obligar a éstos al cumplimiento social y ambiental que la Constitución manda, por un lado, y los obstáculos que tiene, consecuencia de sus compromisos con los cooperativistas, de brindar soluciones y resguardo a los asalariados.

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