Qué lastima! ¡Qué lástima que las buenas noticias estén acompañadas con un infaltable “pero”! Aquellos que deberían cumplir las instrucciones presidenciales y las promesas electorales trabajan a medias y con datos tan difusos que todo se confunde.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación, “La fuerza que transforma Bolivia”, anuncia en su publicidad corporativa la instalación de miles de kilómetros de redes de gas domiciliarias en diferentes puntos del país. Lo que no difunde es cómo contrata a las empresas intermediarias y sus condiciones.
En El Alto, la intervención de los dirigentes vecinales puede convertirse en un filtro que no aparece transparentado en la información oficial. Por ejemplo, una persona que por razones de viaje o por otro motivo no utiliza su cocina conectada a una red, se ve ante la posibilidad de perder su derecho a contar con el medidor instalado. Los dirigentes pueden decidir si las casas, casi todas de personas de escasos recursos, tendrán gas domiciliario para el uso en duchas.
En el caso de Sopocachi, los reclamos no recibieron la atención de la Gerencia de Redes de Gas Domiciliarias y el Presidente de la Corporación, Carlos Villegas, seguramente está ocupado en atender las denuncias de corrupción o las inauguraciones con fotografías incluidas y no atiende a los usuarios.
Desde hace 40 días, las veredas de muchas calles siguen deshechas, los escombros llenan las calzadas con el consiguiente perjuicio para los peatones y para el parqueo de vehículos y los huecos son un peligro potencial, además de acumular basura.
Es fácil comprobar el estropicio en varios tramos de la troncal 6 de Agosto, de la Ecuador, de la Sánchez Lima, de la Pedro Salazar, de la Andrés Muñoz; en la Méndez Arcos son once meses de veredas destrozadas.
¿Quién se responsabiliza?
¿Beto? ¿Ve-tú-a-saber? Nadie. El teléfono que se consigna en el folleto oficial de YPFB, 2382436, pertenece a Seguridad policial de la planta de Entre Ríos. El teléfono 2472509 suena siempre ocupado y cuando responde y se marca el interno, una voz grabada contesta: “no hay nadie para atenderlo”. Varias pruebas, varios días.
Un vecino fue hasta la planta, “tercer patio”. Ninguna instancia se hace responsable por los arreglos, por los destrozos.
Además, por los datos preliminares que tenemos, las “empresas” contratadas para colocar los medidores y las instalaciones dentro de las casas no tienen domicilio conocido, funcionan con celulares o con precariedad “descolonizada”.
En mi casa, primero dejaron unas condiciones en un aviso fotocopiado. Luego apareció una señora dando una serie de indicaciones y condiciones. Pidió la urgencia de presentar documentos, pero nunca volvió.
Ahora toca el timbre otra persona, con copia de su contrato con Giovanni Abruzzese de YPFB. Es una empresa unipersonal, cuando le preguntó dónde queda su oficina, me dice que todavía no la tiene porque acaba de llegar de Potosí. Muestra un mapa, hace cálculos de cuánto debemos pagar por la instalación, pero después informa que tampoco es seguro que él quede en la zona. “Sólo hago un primer barrido”.
¿Y cuándo arreglarán estos escombros?, insisto ingenua. “Lo siento, es otra empresa. Si tiene quejas llame por teléfono o vaya a la Entre Ríos”… y así,..al 2025.
Deja un comentario