Asentando la soberanía estatal

En las últimas semanas ha quedado mucho más clara la decisión gubernamental de hacer respetar la soberanía estatal, en su tensión, que está lejos de su resolución final, con el ejercicio de los derechos colectivos. De hecho, soberanía estatal y derechos colectivos expresan un problema relacional.

Al amparo de la Constitución Política del Estado, innumerables sectores sociales, por lo general con base territorial, están desarrollando una lucha por quedarse con la mayor parte de la torta, en perjuicio no solamente de otros sectores sociales, sino también en desmedro de la soberanía estatal. Todos se piensan dueños de los recursos naturales y del territorio en el que se mueven o que aspiran controlar. Eso va, en menor medida, desde el TPNIS hasta Colquiri y Mallku Kota, por citar solo algunos casos.

Esa disputa no es mala en sí misma mientras no sobrepase ciertos límites, pues muestra una sociedad en movimiento y, sobre todo, el hecho de que la naturaleza de esa lucha ha cambiado. Ya no es vertical, en la que solo las clases dominantes tenían la posibilidad de su apropiación, sino que ahora es más horizontal, lo cual contribuye a una democratización mayor de la realidad económica y social.

Pero los límites están dados cuando se incursiona en la ilegalidad y se pretende pasar por alto al Estado. La disputa no puede ser con violencia o causando heridos y muertos con los otros sectores sociales en pugna, mucho menos desconociendo la nueva institucionalidad que va construyendo el Estado Plurinacional.

De ahí que es altamente positivo que el gobierno haya decidido mostrar mayor firmeza en sentar la soberanía del Estado, lo cual no implica de ninguna manera un desconocimiento de los derechos colectivos que, dicho sea de paso, sin el proceso actual serían no solo impensables sino absolutamente inviables.

La decisión de hacer respetar los resultados de la consulta hecha a la mayor parte de las comunidades del TIPNIS, la negativa a cambiar los alcances del decreto supremo de reversión a propiedad del Estado de los yacimientos de una empresa minera extranjera y en la cual se otorga un yacimiento a favor de los cooperativistas, el rechazo a una nueva nacionalización de autos chutos, la intervención en Challapata (un espacio del crimen organizado) y el fortalecimiento de los operativos antidrogas, representan señales muy poderosas de que una cosa es ampliación de la democracia —en la que el gobierno es un puntal— y otra el pisoteo de las leyes del Estado Plurinacional.

La presión de los sectores sociales por la aplicabilidad de la Constitución siempre será un buen aporte a la profundización del proceso y ayudará a vencer a los factores conservadores que se mueven en algunas instancias del estado. No hay revolución sin protagonismo social, pero tampoco sin autoridad estatal. Los sectores sociales deben abandonar sus particularismos y edificar, junto al Estado Plurinacional que es su hechura, un nuevo sentido común.