enero 20, 2021

Obscenidades miserables del poder

Representantes municipales, departamentales y nacionales atentando contra los derechos fundamentales de mujeres, violentando la dignidad humana y cometiendo graves delitos son algunos de los rasgos más miserables, perversos y obscenos del poder, que ameritarían escarmientos públicos ante un sistema judicial encubridor y un sistema estatal permisivo y cómplice de servidores públicos que atentan contra la propia Constitución Política del Estado Plurinacional y contra todos los instrumentos de derechos humanos.

Las discursos de descolonización, despatriarcalización o del Vivir Bien ante la magnitud y recurrencia de los hechos se diluyen en la verborrea amplificada por la parafernalia mediática estatal y privada, mientras que del otro lado de las pantallas las audiencias somos agredidas y martilladas con las vilezas más primitivas y bestiales de infames -poderosos- que atentan inmisericordemente contra mujeres de menor jerarquía, profanando no solo sus cuerpos o infringiéndoles el máximo de los sufrimientos, sino atentando flagrantemente contra la dignidad de todas las mujeres de este país, incluso la de sus madres, hermanas, hijas, esposas, concubinas o abuelas que los cobijaron… que infamia, que ensañamiento!!!

Cómo es posible que en un Estado que ha proclamado el respeto a los derechos humanos y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se proteja a infames y bestiales prostituyentes, que amparados en la eventualidad de un cargo y de una representatividad delegada cometen atrocidades semejantes incluso con la complicidad de otros miserables servidores públicos?, ¿cómo es posible que como sociedad tengamos que ser sometidos a una realidad descomunalmente nauseabunda y obscena?

No es justo el silencio infame, la inoperancia del Órgano Judicial, o es que la violación de mujeres e incluso de hijas propias es un forma de castigo colectivo contra las mujeres bolivianas por la insolencia de demandar igualdad?

Hace algo más de dos meses tibiamente se denunció al legislador Justino Leaño de abusar sexualmente a su propia hija por al menos ocho años, sin embargo el pleno camaral no asumió ninguna sanción o acción ejemplificadora que obligara a este asambleísta a rendir cuentas ante la justicia y para que se lo sancione con todo el rigor de la Ley y con la celeridad que el caso sigue ameritando. A ello se suma la lamentablemente declaración de la Ministra de Justicia, quien sostuvo que en casos de violación a mujeres mayores de edad las investigaciones del Ministerio Público deberían llevarse adelante a denuncia de las víctimas y que dicha instancia no puede actuar de oficio, haciendo caso omiso a la propia Carta Magna, a la Convención Contra Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y a la Ley la Ley de Acoso y Violencia Política contra Mujeres, que incorpora al Código Penal los delitos de acoso y violencia contra las mujeres, para que sean sancionados por la justicia ordinaria, lo que evidencia su desconocimiento normativo y la incorporación del artículo 20 de esa norma que incorpora en el Código Penal los delitos de acoso político y violencia política contra las mujeres, para ser sancionados por la justicia ordinaria.

Lamentablemente las obscenidades de esos poderes transitorios conferidos a representantes estatales nacionales, departamentales o municipales en la cotidianidad siguen desportillando los mandatos constitucionales, continúan mellando la dignidad de las mujeres bolivianas a través del acoso sexual, de las violencias políticas ejercidas con chantajes infames para mantenerlas en sus fuentes de trabajo o prostituyendo de manera impune a las mujeres de este país a cambio de unas míseras monedas… ¿de que revolución se hablaba?, a qué proceso de cambio se aludía?, si la dignidad es pisoteada con la recurrencia registrada ya por la historia, qué nos queda?, la impunidad, el encubrimiento o la falsedad del Vivir Bien??!!!

*          Periodista y feminista queer

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