octubre 25, 2020

Una decisión soberana, nacionalizar SABSA

El gobierno del presidente Evo Morales acaba de nacionalizar, el lunes 11 de enero, la empresa de servicios de aeropuertos de capitales españoles (SABSA), en el marco de la política de recuperación de los recursos naturales y de las empresas que fueron entregadas al capital transnacional en las dos décadas de modelo neoliberal.

La decisión del gobierno ha sido respaldada por la mayor parte de los bolivianos y de maneras unánime por los trabajadores de la empresa extranjera, cuya inversión original en 1997 no superó los 26 millones de bolivianos, equivalente a cerca de 4 mil dólares.

Por contrapartida, apenas una parte pequeña de los millones de dólares que SABSA recibía por la administración de los tres aeropuertos más grandes del país se los utilizó en la reinversión, con lo cual no es extraño que los servicios hayan llegado a fines del año pasado en condiciones de mala calidad.

Esta experiencia de virtual “regalo” a una empresa extranjera ha tenido varias irregularidades que se deben investigar y sancionar a los responsables. Por un lado, la empresa primero se presentó como estadounidense (Airport Group Internacional A. G. l.”, con base en California), y luego apareció como española (Albertis y Aena). La duda está en que si se trata de dos empresas con dueños distintos o más bien de los mismos accionistas.

Otra irregularidad tiene que ver con la forma cómo se fijó el monto que la empresa española iba a invertir para operar en los tres aeropuertos. Lo que está claro es que se trata de un negocio que no tiene ni pies ni cabeza, pues un servicio como este vale millones de dólares.

Entonces, la dura reacción del gobierno de España no tiene fundamento. El respeto a la iniciativa privada no tiene nada que ver con la tolerancia estatal al robo abierto y descarado. Lo que más bien deben hacer las autoridades españolas es sumarse a una investigación necesaria para establecer si Bolivia debe o no indemnizar a la empresa española. No hay que ser economista para identificar el negociado que se hizo durante la administración de Sánchez de Lozada: se invirtió 26.000 bolivianos y se apropiaron de 400 millones de dólares por concepto de utilidades.

Mucho más explicable es la reacción de Carlos Sánchez Berzaín, quien desde Estados Unidos -donde se encuentra después de haber huido junto a Sánchez de Lozada en octubre de 2003-, criticó la nacionalización de la transnacional por atentar contra la seguridad jurídica. No hay que olvidar que en el primer gobierno de Goni la totalidad de las grandes empresas estatales fueron entregadas “a precio de gallina muerta” a los capitales extranjeros. Entonces, es obvio que se defiendan esos negociados.

Bien por el gobierno. La nacionalización de empresas que antes fueron del Estado le está permitiendo generar miles de dólares para beneficio de todos los bolivianos.

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