octubre 19, 2020

Extorsión y obediencia debida

Los abogados son profesionales que cumplen una función social, cuya principal tarea es la defensa de las leyes y cuando éstas no son justas, la defensa de la justicia como valor fundamental. Esa es la esencia del juramento profesional que hace todo abogado a tiempo de iniciar el ejercicio de su profesión.

En la jerga militar se ha acuñado el término de la obediencia debida (también llamada obediencia jerárquica, cumplimiento de mandatos antijurídicos o cumplimiento de órdenes antijurídicas), pretendiendo convertirse en una situación que exime de responsabilidad penal por delitos cometidos en el cumplimiento de una orden impartida por un superior jerárquico; el subordinado, autor material de los hechos, se beneficiaría de esta eximente, dejando subsistente la sanción penal de su superior. Habitualmente se relaciona con la actividad castrense, debido a la subordinación que los miembros de una jerarquía militar deben rendir a sus superiores en las acciones que competen al servicio prestado. Una situación emblemática de esta obediencia debida se ha presentado en el enjuiciamiento de las dictaduras militares en varios países de nuestro continente.

Pero una cosa es la disciplina y jerarquía militar, que seguramente nos daría para mucho más que un comentario y otra la actividad que desarrolla dentro la función pública un profesional, mucho más si se trata de un abogado. Nadie puede alegar desconocimiento de las leyes para justificar su incumplimiento, pero mucho menos nadie puede alegar haber recibido órdenes para su violación, para la comisión de delitos.

El servidor público que recibe una orden, una instrucción, contraria a la ley. Mucho más tratándose de un abogado debe de inmediato representar a quien la da y si no es atendido en su representación utilizar los mecanismos que le franquea la propia ley para que esta violación de la ley no se produzca.

Pero resulta totalmente absurdo querer justificar señalando que cumplieron ordenes superiores, un accionar totalmente delincuencial, apartado además de toda regla de ética profesional, como es el extorsionar a litigantes y a ciudadanos con problemas judiciales, utilizando a jueces y fiscales, a partir de un poder que les ha otorgado su condición de servidor público.

Quienes desarrollaron ese tipo de actividades delincuenciales amparados en ese poder espurio e ilegítimo, pues no fueron designados como servidores públicos para delinquir, sino para servir a la sociedad y el Estado, no merecen consideración alguna, así cuenten con el respaldo de una oposición desubicada que no pierde oportunidad para defenestrar al gobierno y de medios de comunicación que en su papel de opositores políticos tampoco pierden esas oportunidades.

Puede que se consideren ahora víctimas de una administración de justicia corrupta y prebendalista, pero que es precisamente la misma a la que ellos contribuyeron a hacerla más corrupta y a la cual la manipularon a su gusto y antojo para satisfacer apetitos personales y sus ansias de enriquecimiento ilegítimo e inmoral. El tema está en manos de la justicia y así no nos guste tendrá que resolverse dentro del sistema judicial, que éste es bueno o malo es harina de otro costal.


*    osilvaf@gmail.com

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