octubre 29, 2020

ERBOL: una historia de censura por hablar sobre el aborto

El año 1994 varias comunicadoras y periodistas que trabajábamos en radios comunitarias y afiliadas a la organización de la iglesia católica Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL) fundamos la Red de Trabajadoras de la Información y Comunicación RED-ADA. El incipiente proyecto fue cobijado en las oficinas de ERBOL. Me acuerdo que empezamos la agencia de noticias de información con enfoque de género, recogiendo los télex internacionales sobre las mujeres que desechaban los colegas periodistas.

Rápidamente empezamos a crecer, con afiliadas en todo el país, fuimos las pioneras de la comunicación e información con enfoque de género, creamos la agencia digital “ciberbrujas”, priorizando la difusión e información sobre los derechos y protagonismo de las mujeres en Bolivia y el mundo.

Teníamos un programa sobre los derechos de las mujeres en Radio Nuevo Amanecer todos los sábados que era un éxito. De esa manera, todo iba sobre ruedas hasta el penoso día que se nos ocurrió tocar el tema de los derechos sexuales y reproductivos y “hablar sobre el aborto”.

Inmediatamente la censura clerical al interior de ERBOL, de laicos y curas, no se dejó esperar, nos cerraron las puertas de nuestra pequeña oficina, nos quitaron nuestros documentos, nos echaron del programa radial y quisieron quedarse con el proyecto, de manera autoritaria y unilateral. Cuál libertad de expresión, si podían nos hubieran enviado al infierno, solo que estaba un poco lejos todavía para dos mujeres embarazadas de siete meses como éramos Teresa Caranavi y yo, como miembra del directorio y directora, respectivamente.

Nuestro gran pecado atrevernos a hablar sobre un problema que era evidente en el país y se debía empezar a debatir democráticamente. De esa manera, la iglesia católica y el gobierno norteamericano de Reagan primero y Bush después, coincidían con la política intervencionista, extremista y antidemocrática de la “obstrucción global” que era una represión a la libre expresión. Véase: http://www.lolapress.org/elec2/artspanish/mach_s.htm o http://www.choike.org/documentos/bushwar.pdf

Han pasado casi 20 años y gracias al proceso de cambio que lideriza el Presidente Evo Morales Ayma hoy somos un Estado laico. Es decir ninguna autoridad, legislativa, ejecutiva, electoral o judicial de ningún nivel del Estado, puede basarse en creencias religiosas o conceptos morales a la hora de elaborar políticas públicas, leyes, normas o implementación de estas.

El artículo 15 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CEP)es clara en definir solo el derecho a la vida. En la Asamblea Constituyente se discutió bastante sobre este derecho y se rechazó el derecho a la vida desde la concepción.

A nivel internacional, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la CEDAW indica que los principios fundamentales de igualdad y no discriminación exigen privilegiar los derechos de la mujer embarazada sobre el interés de proteger la vida en formación. La Convención de los Derechos del Niño no se refiere de manera explícita a una protección del no nacido/a. El artículo 2 no incluye al que está por nacer.

Reconocer un derecho absoluto a la vida prenatal sería contrario al objeto y propósito de la Convención de Derechos Humanos. Es decir, la vida de quién se protege?, del no nacido/a o de la niña, adolescente o mujer que ya tienen una historia de vida.

Por otro lado, el artículo 66 de la CPE, reconoce y garantiza los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres. Según el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población realizada en El Cairo en 1994, ratificada como ley en por el Estado boliviano expresa: “los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos/as, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”. También incluye el derecho de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción, sin sufrir discriminación, coacciones, ni violencia.

Al año siguiente, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, reafirma esta definición y da un paso más, al ampliar el alcance de los derechos de las mujeres: “Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual”.

Es necesario desmontar la visión hegemónica de la identidad femenina como sinónimo de maternidad, y reivindicar el derecho de las mujeres a decidir libremente si tener o no tener hijos/as, a contar con la información necesaria y al acceso a métodos anticonceptivos. Esto es, a reivindicar la maternidad como una opción y no como un destino.

La Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2002) agrega que los derechos sexuales “abarcan el derecho de toda persona, sin coacción, discriminación ni violencia, a alcanzar el nivel más elevado posible de salud en relación con la sexualidad y llevar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera”.

El derecho al aborto seguro y legal se aplica en varios países cuando el embarazo supone un riesgo para la salud física o psíquica de la mujer (aborto terapéutico) y en otras circunstancias puntuales, cuando el feto presenta malformaciones graves (aborto eugenésico) y/o si el embarazo es consecuencia de una violación (aborto ético). No obstante, aún en los casos donde el aborto no está penalizado por ley, el acceso de las mujeres al mismo se encuentra severamente restringido a causa de la ausencia de regulaciones adecuadas, como es el caso del Art. 266 de nuestro Código Penal . Esto se traduce en situaciones de muertes y problemas de salud por la realización de los abortos de manera clandestina e insalubre para las mujeres de escasos recursos que no pueden pagar un médico privado.

En pleno siglo XXI es incuestionable que el aborto es un derecho que supone la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida, pues nadie podrá negar que la vida de las adolescentes y mujeres se ve afectada con la obligación de llevar a término un embarazo no deseado, más si este embarazo pudiese acarrear daños a la salud física o psíquica.

La voluntad de controlar y tutelar los cuerpos de las mujeres, su sexualidad y su vida en general responde, a una ofensiva de corte neoliberal pero fundamentalmente de corte patriarcal.

Abrir un resquicio para retroceder el derecho al aborto impune considerado en el Código Penal hace más de 40 años, es abrir la puerta a consecuencias dramáticas para la vida de las mujeres, porque lo que está claro es que los abortos se seguirán practicando y lo que está en juego es si existirá un marco que proteja la vida de las adolescentes y mujeres o seguirán muriendo en la clandestinidad.

La existencia de un marco regulador que permita el ejercicio libre del derecho al aborto no significa la imposición del mismo, lo que significa es la creación de garantías de protección para que mujeres que tengan que hacer uso de él no pongan en riesgo su vida. Asimismo, señalar que los países que tienen menores tasas de aborto, se rigen por leyes de aborto no restrictivas, dentro de un marco responsable que incluye educación sexual universal en las escuelas y servicios de planificación familiar de fácil acceso y el acceso a anticonceptivos de emergencia.

Por último recuerdo una frase del movimiento amplio de mujeres de la región: “Aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar”.

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