Fondo Indígena

por: Max Murillo Mendoza

Aquellos que hemos llegado a las ciudades desde la Bolivia profunda, desde las periferias o provincias lejanas, sabemos bien y en carne propia que el tema económico es un aspecto absolutamente importante. El tema de inclusión económica y social define demasiadas cuestiones no sólo existenciales, sino de oportunidades en la carrera por la vida. Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, aspecto que muchas veces es olvidado en los análisis citadinos, o de analistas despistados y desinformados de las realidades de este país.

Esos análisis suponen superficial e irresponsablemente que Bolivia ya es un país desarrollado, y esas cegueras mentales como racistas y pigmentocráticas no permiten aclarar temas como el del Fondo Indígena. En esa línea, programas de inclusión económica y social seguirán siendo importantes durante muchos años más. En un país con índices inequitativos tan brutales, con desigualdades e injusticias tan crueles, debería ser obvio y de sentido común, animar políticas de Estado de inclusión económica y social. La lacra y la humillación de la pobreza, que todavía hace parte substancial en las mayorías de nuestro país, no se resolverán sino hay actitudes políticas claras, como políticas de Estado, ofreciendo oportunidades de acceso a la economía, a la educación y a los beneficios básicos que permitan un desarrollo humano más equitativo, normal y que garanticen estándares sociales más justos.

Sabemos bien por experiencia histórica, que democracias formales sin inclusión económica y sin participación real política, son un rotundo engaño y fracaso. Los resultados de los años del neoliberalismo son elocuentes y crueles: la democracia representativa sólo era aprovechada por un pequeño puñado de oligarcas del país, junto a sus consultores y lacayos políticos. Las inmensas mayorías sociales se debatían en la pobreza y la desesperanza total.

El Decreto Supremo N° 28571, del 22 de diciembre del año 2005, durante el gobierno de Rodríguez Veltzé, dio comienzo a una política de Estado –como recomendación de expertos de las Naciones Unidas desde el año 1992– con el objetivo de favorecer claramente a los pueblos indígenas. Eso tardó cinco años más hasta consolidar las estructuras institucionales, y sobre todo de los fondos económicos, para recién en el año 2010 empezar a financiar proyectos en las comunidades rurales de todo el país. Sabemos, por información reciente de la Contraloría, las cantidades que se manejaron con esa intencionalidad de inclusión económica. Y de las dificultades en la contabilidad final: corrupción. Las sumas del dinero son enormes, ciertamente, como las tentaciones debieron ser, pues el tipo de Estado en muchos aspectos sigue siendo el republicano colonial, en su manera de funcionar. Es decir, las estructuras institucionales son nomás todavía republicanas y coloniales: burocracia poco funcional que nunca respondió a nuestras realidades. Pero sé también de las enormes complejidades para cambiar las lógicas republicanas y coloniales de nuestros ministerios.

El otro tema delicado es el de las organizaciones sociales que no tienen experiencia alguna en manejos financieros o administración de proyectos. Ya desde las épocas doradas de las ONG’s, por los años 70 y 80 del anterior siglo, las rendiciones de cuentas de muchos sindicatos, ayllus y tentas dejaban mucho que desear, básicamente por asuntos de desconocimiento y falta de experiencia en manejo de proyectos. Ese tema es de larga data y no actual como se tiene la intención. Cierto que las sumas del Estado son mucho más cuantiosas y millonarias, por lo que el tema de corrupción es mayor en los volúmenes y las intenciones, algo lamentablemente cierto y probado. Como tiene que ser: los culpables tienen que pagar sus errores y ojalá con penas drásticas y ejemplarizadoras.

Quisiera subrayar dos elementos señalados: corrupción de larga data y ausencia de experiencia en las organizaciones sociales para administrar proyectos.

La corrupción de larga data, como estructura y lógica de funcionamiento del Estado republicano colonial, que lamentablemente todavía es palpable y real en nuestros ministerios. Me refiero a la burocracia que es la mayor culpable de los errores de procedimiento, de claridad y transparencia institucional.

Por otro lado, las organizaciones sociales que están hechas por hombres de barro y tierra, es decir, con las mismas posibilidades de errores y equivocaciones, incluso terribles. Decía que estas organizaciones ya tienen en sus espaldas errores de procedimientos administrativos, desde hace tiempo. No tienen experiencias al respecto por lo que dejarlas así sueltas, sin demasiados controles y monitoreos, es nomás arriesgar demasiado, no porque sean instituciones corruptas, sino porque carecen de experiencia y experticia en el manejo y administración de los recursos económicos. Los temas de planificación, priorización y estrategias de desarrollo regional o municipal, son insumos importantes para una mejor manera de ejecutar proyectos, y el país ya tiene experiencia al respecto después de tantos años de ejecuciones de proyectos, con la cooperación internacional y los municipios rurales precisamente.

En definitiva, el Fondo Indígena tiene que reestructurarse radicalmente. Procesar a quiénes cometieron actos de corrupción y ojalá sancionarles de manera ejemplar. Por supuesto que tiene que mantener su papel de inclusión económica y social, pero no a cualquier costo. Y, finalmente, tiene también que coordinar con instituciones privadas con mucha experiencia en diagnósticos y procedimientos de proyectos, porque no es tan sencillo como parece, como muchas veces las emociones ideológicas y los buenos deseos así desean mostrar.

La Paz, marzo de 2015