diciembre 4, 2020

Ampliaciones de la participación política de las mujeres

por: Norma Ríos

La década de los 90 debe ser considerada como un punto de bifurcación en cuanto a la participación de las mujeres en el ejercicio del poder político del país. En los primeros años de esta década se realizaron reformas en busca de la modernización del Estado que promovían formas de participación de la sociedad civil, sin embargo estas no tomaban en cuenta las desigualdades de género que siempre estuvieron presentes en Bolivia. Fueron algunos sectores de mujeres feministas que observaron que estos cambios seguían siendo excluyentes y gracias a estas observaciones se logró avanzar hacia una mayor equidad de género. Grupos de mujeres desde la sociedad civil alcanzaron a introducir esta problemática en la normativa boliviana a través de la Ley de Participación Popular, la Reforma Educativa y la Ley de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar. Esta última se convirtió en un emblema de la politización de lo privado, aspecto que fue la bandera en la historia de la lucha de muchos grupos feministas en el mundo. Junto a esto, había otro espacio en el que las mujeres reclamaban mayor presencia: la participación en el ejercicio del poder político.

Hasta las elecciones generales de 1995 las cifras mostraban que la participación de las mujeres para optar a algún cargo no sobrepasaba el 10%, es por esto que surge el reclamo por un Sistema de Cuotas para garantizar mayor presencia femenina. En 1997 se incorporó en el Código Electoral una cuota de un mínimo de 30% en las listas para las elecciones parlamentarias, aunque las cuotas que eran ocupadas por las mujeres en su mayoría pertenecían a las diputaciones plurinominales, es decir, que sus candidaturas no eran directamente visibles, a diferencia de lo que ocurre en la elección de diputados uninominales. El año 2001 una nueva normativa estableció que la cuota del 30 % sea válida para las elecciones de senadores, diputados y concejales. El mayor avance se dio el 2010 con la aprobación de la Ley 026 de Régimen Electoral que establece los principios de paridad y alternancia de género en la conformación de las listas de candidatos a diputados y senadores. Para finalizar con este proceso el Tribunal Supremo Electoral emitió una disposición que manda aplicar la paridad y alternancia en las listas oficiales de los partidos y organizaciones políticas y en los cargos de titularidad de sus candidatos.

Actualmente estamos entre los países con mayor paridad y alternancia dentro del plano de representación política no sólo en América Latina, sino en el mundo. A pesar de este gran logro debemos decir que esa situación en otros espacios dista de lograr dichos niveles de equidad. No es novedoso el comentario del presidente Evo acerca de que muchos y muchas se resistieron a votar por la candidata Felipa Huanca por el hecho de ser mujer y más aún por ser de pollera, ni tampoco las declaraciones que hizo un ex–candidato a la alcaldía de Yacuiba al referirse a que la Ministra de Salud debía quedarse en esa región “cama adentro, patrón encima”.

Los avances normativos abren espacios inéditos a la participación de las mujeres en el ámbito de la política formal, sin embargo, la inequidad existente en otros ámbitos (laborales, académicos, hogar, sindicatos, etc.) limita los alcances de dichos avances normativos, generando resistencias a la aceptación de la participación plena de las mujeres en política, resistencia que no sólo proviene del lado masculino sino que también se manifiesta en las propias mujeres. Los progresos logrados son importantes y necesarios, pero no suficientes, necesitamos ampliar estos logros a las diversas esferas de la vida social para que podamos vivir en una sociedad democrática.


* Norma Ríos, es una joven socióloga boliviana.

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