diciembre 3, 2020

El derecho y el deber de defenderse

A casi siete años de ocurrido el operativo del Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra nueva información sigue saliendo a la superficie –y lo seguirá haciendo– porque aún existen muchas personas interesadas en cuestionar el episodio que culminó con la derrota política, ideológica y militar del bloque cívico-prefectural que conspiró contra el gobierno del presidente Evo Morales.

No hubo nada ilegítimo ni ilegal en la reacción del gobierno respecto Rozsa y su pandilla. Se trata de un grupo de mercenarios cuyo excéntrico y alocado líder admitió en una grabación que su llegada a Bolivia tenía por objetivo el propiciar una guerra de secesión al más puro estilo yugoslavo, arrastrando así a nuestro pueblo a una cruenta guerra civil cuyos costos materiales y humanos habrían sido incalculables. En resumen, se trataba de un grupo terrorista que estaba dispuesto a atentar contra la seguridad de nuestro Estado.

¿Es necesario cuestionarse algo más? ¿No estamos los bolivianos ya traumatizados con cualquier hecho que ponga en peligro la integridad física, territorial, de nuestra patria? ¿No tenemos derecho a responder de la forma más severa posible ante cualquier amenaza externa? ¿Qué otra forma existe de lidiar con terroristas? Ninguna. Ellos tenían armas (hasta se sacaron fotos con ellas) y un propósito claro, responder de otra forma hubiera sido irresponsable.

Una de nuestras nóveles legisladoras ya lo dijo en una ocasión: a la violencia reaccionaria se le antepone la violencia revolucionaria. Lo que ocurrió en el Hotel Las Américas es una advertencia a cualquier sujeto que crea que puede atentar contra la integridad y la seguridad de nuestro Estado.

Las investigaciones seguirán su curso y los involucrados en el reclutamiento y financiamiento de esta célula terrorista responderán ante la justicia. No se trató de un atentado contra un gobierno o una persona. Se trató de un atentado contra un Estado conformado por diez millones de bolivianos, y eso tiene consecuencias. El proceso de cambios tiene el derecho y el deber de defenderse.

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