noviembre 28, 2020

Luces y sombras de la Cumbre Agropecuaria

por: Elvira Gutiérrez Barrón

La agricultura campesina es generadora de riqueza, pero de riqueza social que se redistribuye en la sociedad a través de la producción de alimentos que incursionan en el mercado con precios subsidiados por la mano de obra de los mismos agricultores y la tierra, cuyos costos no son valorizados en el precio final.

La Cumbre Agropecuaria realizada entre el 21 y 22 de abril, fue convocada en un contexto de preocupaciones económicas dada la caída de precios de los hidrocarburos en el mercado internacional y donde la exportación de productos agropecuarios podría convertirse en una oportunidad para la generación de divisas al país y desde ahí aminorar los efectos de una crisis económica que se viene avizorando en el contexto mundial.

Es la primera vez que se reúne en un escenario tan plural, a agricultores campesinos y empresarios agropecuarios para debatir temas estratégicos desde perspectivas diferentes, por ello es importante contextualizar los resultados de la Cumbre en las implicaciones que tiene para los mismos actores pero también para la sociedad en general.

Reflexiones previas al análisis de la Cumbre

El sector agropecuario en Bolivia está conformado por dos subsectores: El denominado subsector agroindustrial no tradicional y el subsector campesino tradicional. El subsector agroindustrial, orientado preferentemente a la exportación de productos que provienen de una agricultura expansiva de cultivos en monocultivo, como ser la soya, caña de azúcar, algodón y la producción de maíz y sorgo utilizado en la alimentación animal para la producción de carne de res y pollo, cuya tecnología se basa en paquetes tecnológicos caracterizada por una alta dependencia de insumos agrícolas (plaguicidas, fertilizantes, semillas, alta mecanización, entre otras).

Los contrastes entre ambos subsectores se han polarizado a partir del Plan Bojan, en la década de los 50 que bajo la premisa de “exportar o morir” inauguró la denominada “Marcha hacia el Oriente” con la apertura del camino Cochabamba-Santa Cruz; a partir de ello y con el apoyo de los gobiernos dictatoriales de la década de los 70 y las políticas de ajuste estructural emprendida en la década de los 80 con la liberalización de los mercados, el sector agroindustrial fue sujeto de grandes beneficios por parte del Estado: dotación de tierras, créditos con grandes facilidades, subvenciones, apertura de caminos troncales para vincularlos a mercados potenciales, entre otros beneficios que les fueron otorgados a las emergentes oligarquías de orígenes extranjero asentadas en Santa Cruz mientras se apoderaban gradualmente de las tierras y del control de la economía, penetrando en la vida política para usufructuar más y mejor de los beneficios del poder y los recursos del Estado.

Para los agroindustriales, la eficiencia productiva busca la ampliación de sus márgenes de rentabilidad y acumulación de capital por cuanto su inserción se caracteriza por un capitalismo agrario que tiene como fin último la acumulación de capital en pocas manos, de hecho representan el 5% del total de unidades productivas que existen en el país, aproximadamente 50 mil empresarios. La eficiencia de su sistema se basa también en un uso expansivo de la tierra, más de un millón de hectáreas donde coincidentemente las tierras más productivas se encuentran en manos de los agroindustriales.

Mientras que la agricultura campesina no tradicional, denominada así después del proceso de campesinización que se instaurara con la reforma agraria, conformada por agricultores campesinos indígenas originarios, productores ecológicos para quienes la agricultura representa un medio de vida que les permite la reproducción de su base material por cuanto les permite el sustento y la generación de excedentes para cubrir otras necesidades, por ello su orientación más bien a la diversidad de cultivos y a una ganadería semi-intensiva y la crianza de animales de traspatio, cuya combinación de estos sistemas productivos estará condicionada por las oportunidades del medio ecológico pero limitada principalmente por el acceso a la tierra, que en el altiplano y valles no supera las 5 has mientras que en tierras bajas no sobrepasa las 50 has, en contraste a la agroindustria cuyo tamaño de predios se halla en el orden de las 100 hasta grandes extensiones de latifundio más allá de 5 mil hectáreas.

La agricultura campesina es generadora de riqueza, pero de riqueza social que se redistribuye en la sociedad a través de la producción de alimentos que incursionan en el mercado con precios subsidiados por la mano de obra de los mismos agricultores y la tierra cuyos costos no son valorizados en el precio final. Adicionalmente es relevante reconocer que la agricultura campesina no es dependiente de paquetes tecnológicos y aplica más bien tecnologías y prácticas locales amigables con la naturaleza a través de la crianza de la agrobiodiversidad que ha hecho posible una enorme variabilidad y diversidad de cultivos expresada en las múltiples variedades de papa, maíz, quinua, y tantos otros que provienen de esta forma de hacer agricultura vinculada a una gestión integral del territorio, entre otras cualidades.

La situación de la agricultura campesina

Actualmente se cultiva en Bolivia aproximadamente 3 millones de hectáreas, de las cuales 1.4 millones de hectáreas corresponden a la agricultura campesina del occidente y oriente del país las que están destinadas a la producción de alimentos para el consumo de la población (cereales, frutas, tubérculos, y hortalizas) y 1.6 millones de hectáreas están destinadas a la producción de cultivos industriales empresariales (soya, algodón, sorgo y otros).

En relación a la Población Económicamente Activa (PEA), la Agricultura Familiar Comunitaria y Ecológica (AFCE) representa mas de tres millones de personas, un millón de familias y alrededor de 20 mil comunidades organizadas en comunidades y organizaciones productivas de diferente naturaleza, más de 1300 Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS) y de 500 Organizaciones de Productores Ecológicos (OPE’s) que hacen a 70.000 mil familias que conforman Asociaciones, Cooperativas, Corporaciones Agropecuarias Campesinas – CORACAs y pequeñas empresas rurales todas ellas de carácter ecológico. Asimismo, en la actividad agropecuaria de este sector, se genera alrededor 1.364.676 fuentes de empleo agrícola y no agrícola.

Los temas abordados en la cumbre


A la luz de estas reflexiones, la Cumbre Agropecuaria ha abordado el debate de temas estratégicos que hacen a la problemática agraria y dada la decisión del gobierno de desarrollar fuertemente el agro como un sector clave en la economía del país, es importante develar el impacto que tendrán las decisiones asumidas en el futuro de cada uno de estos sectores.

La visión de país expresada en la propuesta de las organizaciones


La presentación del Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, Rodolfo Machaca, a nombre de las organizaciones sociales y productivas que representan a los agricultores campesinos, familiares, comunitarios y los productores ecológicos, hizo énfasis en que esta Cumbre debería plantearse un nuevo modelo económico y de desarrollo rural que permita superar las brechas entre los sectores agroindustrial y campesinos y que permita superar el estancamiento de la agricultura campesina y el éxodo de miles de agricultores que migran del campo a la ciudad aumentando los círculos e pobreza rural y urbana que castiga con más fuerza al área rural, proponiendo 4 ejes estratégicos:


1.    Consolidar el cambio del modelo extractivista primario exportador por el modelo de diversificación de la economía que implique un cambio profundo de la estructura económica, que le de vuelta a la lógica del sistema capitalista basado en la producción exclusiva de bienes de consumo que deja de lado a la producción de alimentos para devolverle el poder al campo y a los campesinos que históricamente han sostenido la alimentación de los bolivianos con más del 90% de alimentos que aportan a la alimentación de los bolivianos.

2.    Sembrar los recursos del excedente de los hidrocarburos en la agricultura campesina, que no es otra cosa que utilizar el excedente de estos recursos no renovables para generar una economía integral asentada en la agricultura campesina como el sector más débil, castigado por las políticas neoliberales que solo han apostado a la agroindustria.

3.    Pasar de un modelo de agricultura industrial a un modelo de soberanía alimentaria, donde prime la diversificación, propia de la agricultura campesina heredada de miles y miles de años de desarrollo de una producción sabia basada en tecnologías óptimas para el clima, la región y para las naciones originarias.

4.    Desarrollar TERRITORIOS DEL VIVIR BIEN sobre las estructuras orgánica territoriales de los ayllus, capitanías, subcentrales y centrales campesinas, protegiendo los sistemas y zonas de vida, cuidando a la Madre Tierra y de una gestión integral del territorio.

Los resultados de la Cumbre


Fue evidente la participación masiva de agropecuarios industriales a través de su organizaciones representantes la CAO, Federación Ganadera de Santa Cruz, Beni, Pando, Federación de Productores de Oleaginosas, Productores avícolas, soyeros, cañeros, algodoneros, mientras que los agricultores campesinos, estuvieron presentes a través de reducidas representaciones de sus entes matrices: la CSUTCB, CNMCIOB BS, Bloque Oriente, CSCIB, CONAMAQ y CIDOB, Movimiento sin Tierra, CAPO que conforman a su vez el Pacto de Unidad y algunos delegados de las organizaciones sectoriales de pequeños productores: Quinueros, cacaoteros, productores de camélidos. Los grandes ausentes de La Cumbre fueron los fruticultores, apicultores, productores lecheros y toda la gama de productores que hacen a la diversidad productiva que sostiene la agricultura campesina. La cumbre fue abordada en mesas de trabajo lideradas por ministros y viceministros del área productiva en los siguientes ejes temáticos:

El debate en torno a la tierra

El mayor debate se concentró alrededor de dos posturas estratégicas para ambos sectores, por un lado, para los empresarios, la demanda de ampliación del plazo de verificación de la FES de dos a diez años, y para el pacto de unidad la necesidad de acciones que concluyan con la creciente extranjerización y mercantilización de la tierra, proceso por el cual se desplaza de sus tierras a los campesinos. Si bien después de un largo y tenso proceso de negociación que estuvo a punto de dejar sin efecto la Cumbre, se acordó:


1.    La Ampliación del plazo de la verificación de la FES de dos (2) a cinco (5) años en las propiedades medianas y empresariales acompañada de producción e inversión, que en caso de incumplimiento será sujeto de sanciones establecidas por la leyes Nos. 1715 y 3545, (conforme acuerdo realizado en el encuentro plurinacional de Cochabamba).

2.    Hacer cumplir las medidas para evitar la extranjerización y mercantilización de tierras previstas en los artículos 396 y 399 de la CPE en concordancia con la disposición final segunda de la Ley 3545 y el articulo 178 del DS 29215.


Es evidente que los acuerdos establecen las salvaguardas puestas por las organizaciones para que la ley especial que aborde esta ampliación del plazo de verificación de la FES deje establecida una regulación estricta sobre la extranjerización y mercantilización de la tierra en los tipos de propiedad que se benefician con esta amnistía, además de explicitar que los medianos y grandes propietarios beneficiarios de esta ampliación garanticen y amplíen su inversión para el incremento de la producción, caso contrario deberá existir sanciones conforme a la ley agraria que pudieran concluir en procesos de reversión de tierras. Destaca de este debate, la madurez de la dirigencia campesina para tratar este tema en cumplimiento fiel de los intereses de su sector, queda al respecto, la vigilancia permanente de las organizaciones para que estos acuerdos se traduzcan en una propuesta de ley que precise estas salvaguardas previstas por la dirigencia campesina.

Entre los otros temas acordados en torno al tema tierras, resaltan los siguientes puntos.


3.    Importancia y necesidad de que el proceso de saneamiento avance y concluya.

4.    Ampliación de la superficie objeto de desmonte de 5 a 20 ha. para pequeños productores, comunidades y asentamientos humanos. En la región del Chaco la ampliación de desmonte selectivo hasta 50 ha.

5.    Ampliación de la verificación del plazo al Programa de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. Ley 337, por 18 meses en todo terreno nacional.

6.    Socialización Ley de avasallamiento evitando la estigmatización de organizaciones sociales y conformar una comisión para que impulse la adecuada implementación de la Ley de avasallamientos incluyendo a todos los sectores.

7.    Dar funcionalidad a la comisión de asentamientos humanos para que se articulen las entidades públicas nacionales y sub nacionales en la prestación concurrente de servicios para asentamientos humanos legales.

8.    Conformar comisión técnica para la discusión y análisis de la situación de las Reservas forestales del Choré y Guarayos y el D.S. 26075 de TPFP con la participación de todos los sectores involucrados.

9.    El Estado garantiza la dotación de tierras fiscales a las comunidades de acuerdo a la CPE y las Leyes.

10.Reconocimiento de la avicultura, porcinocultura y piscicultura como actividades principales sujetas al cumplimiento de la Función Económica Social.

Posiciones encontradas sobre los transgénicos

Otro tema sensible en el desarrollo de la Cumbre surgió a partir de la propuesta de la CAO para la introducción de transgénicos en los cultivos de maíz, trigo, algodón y soya bajo el argumento de que los transgénicos tienen un efecto directo sobre el incremento de la productividad. Al respecto el posicionamiento de las organizaciones se concentró en los siguientes argumentos:


a)    La inviabilidad de la introducción de transgénicos dada la normativa existente, por un lado la CPE y las leyes 300 y 144 que establecen la prohibición de transgénicos en cultivos en los que Bolivia es centro de origen y biodiversidad.

b)    La probabilidad de algunos transgénicos de transmitir su resistencia ha determinados plaguicidas en plantas naturales o cultivadas adyacentes a cultivos transgénicos.

c)    La inconsistencia argumentativa sobre el aparente incremento en los rendimientos que pudieran tener los cultivos transgénicos, dado que la comparación de rendimientos de soya convencional con soya transgénica no es relevante y que más bien bajo esta argumento se estuviera encubriendo el interés económico del uso de transgénicos, cuyo impacto se da sobre la disminución de los costos de producción y no así en la productividad, y en consecuencia mayor ganancia para los empresarios y las transnacionales que hacen de los alimentos un lucrativo negocio.

d)    Finalmente los efectos que pudieran tener los transgénicos sobre la salud humana, demostrado en los últimos estudios referidos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), integrante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declaró que los plaguicidas Glifosato (nombre comercial Roundup), Diazinon y Malation son de Probable efecto carcinógeno (grupo 2A) en humanos.


Ante la dificultad de encontrar consensos en este tema, las organizaciones plantearon la posibilidad de llevar a un referéndum para que los consumidores que hacen a la ciudadanía en general tomen la decisión final sobre este tema que los afecta directamente.

En este punto es relevante la visión de los agricultores campesinos y sus organizaciones que ante visiones mercantilistas de los alimentos asumen de manera responsable sus compromisos con el país y la soberanía alimentaria.

Como aumentar la producción y la productividad


Inicialmente la propuesta de la CAO y también del gobierno se centró en la ampliación de la frontera agrícola a 10 millones de hectáreas destinadas principalmente a cultivos estratégicos, denominación que reciben los cultivos agroindustriales, aspecto que tendría su correlato en el incremento del PIB agropecuario. Sin embargo, la propuesta fue rebatida en todas las mesas dado que esto significaría la ampliación de la frontera agrícola a favor de los agroindustriales en desmedro de la agricultura campesina y su consecuente estancamiento, además de los efectos que tendría sobre el bosque y la cobertura vegetal natural producto del cambio de uso de suelo. Si bien quedo como un tema pendiente, en los hechos, la ampliación de la frontera agrícola es patente, así por lo menos lo expresa el dimensionamiento en las metas propuestas de los volúmenes de producción que se proyectaron para la ganadería extensiva, la ampliación de la producción de pollos, entre otros. Aunque se debe destacar que algunos sectores como los cacaoteros y los productores ecológicos pudieron posicionar sus temas en la ampliación de la producción ecológica.

En relación a los mercados, gracias a las reflexiones de los pequeños productores, se ha logrado posicionar la finalidad principal del sector agropecuario de abastecer en principio la demanda interna y cuyos excedentes una vez cumplida esta función podrían ser exportados, manteniéndose así el control de las exportaciones como una estrategia para la soberanía alimentaria.

Otro tema clave puesto desde las organizaciones sociales tiene que ver con la urgente necesidad de superar los bajos rendimientos y los volúmenes de producción, aspecto que para la agricultura campesina tiene como mayor limitante el tamaño de los predios y la tenencia de tierras limitada a la pequeña propiedad, por ello, el debate se centró en la necesidad de pasar de una agricultura de secano a una agricultura bajo riego, con fuertes inversiones que deberían hacerse para aumentar la infraestructura en riego, para ello se acordó declarar Década del Riego. Aspecto que deberá ser acompañado de una estrategia de recuperación de la base productiva, principalmente protección de las fuentes de agua, reforestación y mejoramiento de la capacidad productiva del suelo acompañado también de asistencia técnica y tecnología. Elementos que sumados deberían darle la capacidad a los productores de mejores condiciones para enfrentar el cambio climático que afecta con más rigor a la pequeña agricultura, en esta línea se deberá también ampliar el seguro agrario para que este tenga una cobertura universal.

La necesidad de establecer mecanismos que aseguren que los pequeños productores accedan a las compras estatales como un mecanismos que asegure mercados locales, sobretodo desayuno escolar, para lo cual es clave establecer un régimen especial impositivo y un sistema de adquisiciones de bienes y servicios que flexibilice el acceso de los pequeños productores organizado en asociaciones o organizaciones económica comunitarias a estos mercados. Además de la necesidad de un nuevo código de comercio que reconozca a los sujetos de la economía social y la economía comunitaria.

Finalmente, la necesidad de una mayor compromiso de las entidades territoriales autónomas gobernaciones y municipios así como del nivel central para aumentar los recursos de inversión pública al sector agropecuario, el mismo que en los últimos años no ha superado el 3% en municipios, el 20 % en gobernaciones y en el nivel central se ha mantenido alrededor del 7%. Un cambio estructural del sector agropecuario requiere inversiones por encima del 50% del presupuesto orientado principalmente a la agricultura campesina, cuyos sujetos han sido invisibilizados en las políticas públicas y marginados de los presupuestos.

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