diciembre 4, 2020

Flexibilizacion en las contrataciones menores

por: Marianela Calle

Los antecedentes directos del actual modo de administrar y controlar los recursos del sector público, se hallan en aquellas funestas épocas en que el Estado Boliviano atravesaba por una profunda crisis económica donde la hiperinflación era el tema principal que centraba la atención de toda la sociedad.

Este fenómeno de la década de los ochenta, producido en parte por una ineficiente administración pública, debido a la ausencia de instrumentos reguladores, ocasionó que posteriormente se asumieran medidas económicas, jurídicas y sociales que mitigaran dicha situación. Así pues, en 1990 se promulga la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, misma que representaba una de las medidas que permitieron que se redujera el gasto público que, hasta ese momento, era muy elevado en consideración a las inversiones que realizaba el país.

Del análisis de la entonces novísima legislación, se tiene que la ley “SAFCO” alberga, entre otros, al Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) y este al mismo tiempo cuenta con subsistemas como el de Contratación, contando con distintas modalidades: Contratación Menor, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), Licitación Pública, Excepción, Directa, etc., cada una con sus características y un monto económico asignado.

Es menester recalcar que la regulación económico-jurídica del Sector Público no se agotó con la promulgación de la 1178, así pues, dentro de su marco normativo, cabe mencionar que el artículo 20 señala que los sistemas serán regidos por el Órgano Rector y éste, en el marco de sus atribuciones, deberá formular normas y reglamentos básicos para cada sistema.

Ante esta previsión fue emitido el Decreto Supremo 0181 como norma básica del SABS, la que es modificada, posteriormente por el Decreto Supremo 1497, misma que cambia las cuantías en las modalidades de contratación. Centrándonos en las contrataciones menores ahora se eleva el monto a Bs50.000 con el objetivo de que las entidades públicas, gobernaciones, alcaldías y universidades mejoren sus niveles de ejecución presupuestaria mediante el gasto en proyectos previstos para cada año. Asimismo, se incluye una causal de Contratación Directa para obras hasta de Bs100.000 para los Gobiernos Autónomos Municipales.

Por otro lado se crea el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), que emite un certificado que acredita el establecimiento legal del proveedor adjudicado, el cual ya no requiere presentar documentación para la firma de contrato de provisión de bienes y servicios, hecho que agilizara el proceso de contratación.

Recientemente fue promulgado el Decreto 2294 que establece que la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad contratante es la responsable de ejecutar el reglamento de la contratación directa y de todo el proceso; el artículo 2 del citado decreto también señala: “En el marco del modelo económico social comunitario productivo y con la finalidad de fomentar la economía social comunitaria, se autoriza a los Gobiernos Autónomos Municipales de municipios con categoría demográfica A y B, al Ministerio de Comunicación, al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, realizar la contratación directa de bienes, obras y/o servicios generales hasta Bs 50.000”.

La flexibilización que hace la reciente normativa permitirá que las pequeñas poblaciones de hasta 15.000 habitantes puedan acceder a bienes y servicios de urgente necesidad, sin dilaciones y reduciendo formalismos, al mismo tiempo que estas medidas lucen atractivas a los proveedores, llaman a la inversión pública y apoyan a la pequeña y microempresa lo que derivará en que se fomente el desarrollo de la economía social comunitaria.

En el entendido de que el Estado tiene como política generar mecanismos de apoyo a la producción boliviana, generando mayores oportunidades para todos los actores económicos, promoviendo la inclusión de los micro y pequeños empresarios, organizaciones económicas campesinas, en los procesos de contratación, y además, busca agilizar y hacer más eficientes las contrataciones, estas políticas se convierten en un gran aliciente para el logro de estos objetivos.

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