noviembre 25, 2020

La nueva etapa del proceso: construcción

De acuerdo a un estudio del Proyecto de Opinión Pública para América Latina (LALOP) realizado el año pasado e intitulado: “Cultura Política de la Democracia en Bolivia 2014. Hacia una Democracia de Ciudadanos”, en nuestro país la seguridad ciudadana es el segundo problema que más aurge a la población, después de la corrupción.

Sin embargo, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, el estado Plurinacional de Bolivia es el país con la tasa de homicidios más baja del continente, con menos de 10 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Esta paradoja se explica, en gran parte, por el tratamiento que le dan a este tema los medios de comunicación de nuestro país. Lo anterior no quiere decir, por supuesto, que no haya nada que resolver en este ámbito.

La mayor parte de los delitos contra la propiedad y diferentes tipos de violencia están concentrados en el área urbana de los tres departamentos del eje troncal: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

De la misma forma, el hecho de que la cantidad de feminicidios se haya disparado en los últimos tres años plantea una serie de retos que deben ser abordados integralmente por todas las instituciones de nuestro Estado y la sociedad civil, y no solamente por el Órgano Judicial.

El estudio mencionado líneas arriba también indica que ha habido un declive en la confianza en las instituciones de nuestro país. En el ámbito de la justicia, particularmente, la institución que goza de más confianza es el Defensor del Pueblo, mientras que las instituciones más cuestionadas son el Órgano Judicial seguido por la Policía Nacional.

Se han dado pasos al respecto, aunque con resultados limitados que obligan a replantearse la estrategia y corregir los errores de este ensayo para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Escoger a los magistrados de nuestro país mediante procedimientos electorales fue un primer paso que indudablemente democratiza el funcionamiento de la justicia pero que debe ser perfeccionado posteriormente, tal como lo notó el presidente de nuestro Estado.

Y en este sentido, la teoría del Estado como instrumento de opresión de una clase sobre otra, o su aproximación jurídica como la sociedad política y jurídicamente organizada, limitan el entendimiento del problema y la búsqueda de soluciones. Tal vez nos sería más útil pensar en el Estado y la sociedad como un conjunto de instituciones dispersas y conectadas por medio de estructuras de poder que tienen la capacidad de ejercer control.

En ese sentido, es innegable que en Bolivia se vive una situación ventajosa, en el hecho de que la tan criticada centralización del poder no es otra cosa que una solidificación de nuestro Estado que permite una mejor coordinación interinstitucional. Y esta centralización no es aquella criticada por la oposición de nuestro país, ubicada solamente en el Estado y el gobierno, sino que es acompañada por las organizaciones sociales, que han impuesto su participación política en el país luego de décadas de lucha.

Si los primeros cinco años del proceso de cambio se caracterizaron por ser una etapa de conflictividad en la que se definió la titularidad del poder y la segunda etapa por una ampliación territorial e institucional dentro del Estado para consolidar esta titularidad, la tercera etapa que ahora vivimos será caracterizada por la verdadera construcción del nuevo Estado desde sus instituciones y la sociedad civil, en la que esperemos se resuelvan los problemas estructurales del país, entre ellos el de la justicia.

Be the first to comment

Deja un comentario