noviembre 24, 2020

La estrategia del Estado en la criminalización de la protesta social en Chile

por: Cherie Zalaquett A.

Los estudiantes Exequiel Borbarán, de 18 años, militante de las Juventudes Comunistas y Diego Guzmán de 24, son dos nuevos mártires de las luchas y movimientos sociales que comenzaron en Chile en 2011. Al clamor ciudadano por una educación pública, gratuita y de calidad, se fueron sumando la demandas por una Asamblea Constituyente que termine con el orden constitucional instaurado por la dictadura, y más recientemente, el repudio a las prácticas de corrupción de la clase política que han sumido al país en una crisis de legitimidad de todo el sistema institucional.

Desde la revolución pingüina (estudiantes secundarios) de 2006, la juventud chilena, en un acto de temeraria lucidez, ha estado copando el espacio público, a través de masivas marchas, para despertar la conciencia de la ciudadanía que desde inicios de la postdictadura (transición) permanecía aletargada por la sumisión a un sistema político y a un modelo económico neoliberal violento e injusto.

La potencia de un liderazgo juvenil, capaz de dejar atrás la oscuridad del miedo al pasado traumático, hizo germinar en Chile una nueva primavera cargada de esperanzas de liberación, al reabrir “las grandes alamedas” para iniciar el urgente y necesario proceso de recomponer el tejido social, preparando así el advenimiento de un país más justo.

Por ello, ha sido tan desgarradora la tragedia ocurrida durante la jornada de movilización del 14 de mayo, en que ambos jóvenes encontraron la muerte en la plaza Victoria de Valparaíso, cuando intentaban instalar un letrero de protesta en la fachada de un edificio. Según los videos captados por la ciudadanía, el propietario del inmueble se resistió en forma violenta a la acción de propaganda. Y en un confuso incidente, desde el interior del inmueble, su hijo, Giuseppe Briganti Weber, de 20 años, habría disparado a los universitarios.

El primer mártir de las luchas sociales en Chile fue el estudiante, Manuel Gutiérrez Reinoso, de solo 14 años, asesinado en 2011, por un agente del Estado, un sargento de carabineros. Ahora, habría sido la acción de un civil armado, en defensa de su derecho de propiedad, lo que truncó la vida de Diego y Exequiel. El gobierno de Chile ha tratado de eludir la responsabilidad política en esta tragedia afirmando que se trató de un acto “irracional” derivado de la “intolerancia” y que no tiene relación con las demandas sociales.

Sin embargo, desde el inicio de la postdictadura, la Concertación –hoy denominada Nueva Mayoría–, que pactó con el pinochetismo a espaldas de la ciudadanía el traspaso del poder, ha venido desarrollando una sostenida estrategia de desarticulación y criminalización de toda protesta social que pudiera agrietar la legitimidad del sistema político y del modelo económico neoliberal.

Tal estrategia operó, como señala el historiador Pedro Rozas, a partir de un doble signo: una democracia fundada en los acuerdos con la derecha y en el desalojo de los movimientos sociales, es decir, la desmovilización de la ciudadanía como actor protagónico de la construcción del proyecto de sociedad.

Desde el mismo día del golpe militar, el régimen clausuró el ámbito político para toda actividad organizada, provocando el deterioro y vaciamiento de los espacios públicos, unido a un repliegue de la ciudadanía hacia el mundo privado. Con esta operación, la dictadura apuntó a despolitizar la esfera pública, fracturando una triada que estaba plenamente conectada en el Chile de los 60: la relación entre sujeto popular, espacio público y elite política. El régimen dictatorial disolvió esa dialéctica fortaleciendo el divorcio entre lo privado y lo público, arrinconando al sujeto popular en los límites de la periferia, o como dijo Tomás Moulian, desplazándolo “de la esquina a la vitrina”.

Pero en el marco de la cruda recesión económica de 1983 estallaron masivas jornadas de protesta que permitieron la reaparición de la figura del poblador, copando el espacio público en demanda de democracia. El poblador, como actor social, constituyó una subjetividad poderosa de la periferia que, con toda su carga simbólica, reingresó al imaginario de lo público como sujeto territorial y al mismo tiempo político. La élite política opositora conectada con el poblador logró recomponer un vínculo destruido por la dictadura: el nexo entre el sujeto de la política y el espacio público.

Posteriormente, en la escena política transicional, la Concertación ya instalada en el poder, se desprendió de los imaginarios emancipadores y produjo un nuevo desmantelamiento doctrinario del sujeto popular. Para ello, desplegó un complejo dispositivo de control social y “pacificación” de los grupos rebeldes, exacerbando el discurso de la necesidad de seguridad ciudadana y del antiterrorismo, lo que en la práctica se tradujo en penalizar cualquier forma de resistencia política al nuevo modelo. Los mecanismos represivos y preventivos gravitaron en torno a la utilización de la justicia militar contra civiles y a la promulgación de las llamadas ‘‘Leyes Especiales’’ (Ley de Control de Armas, Asociación Ilícita, Ley Antiterrorista y Ley de Seguridad Interior del Estado).

Como parte de su estrategia, la Concertación prolongó en forma indefinida el dispositivo transicional de control de la protesta ciudadana con el argumento de mantener la gobernabilidad y la estabilidad política. Sin embargo, en el transcurso de este año, los chilenos presenciamos consternados el desenmascaramiento de una realidad todavía más cruda: la existencia de un engranaje de corrupción, instalado por el yerno de Pinochet, y otros grupos económicos afines a su régimen, quienes financiaban las candidaturas de la centro izquierda a la Presidencia de la República y al Congreso, garantizando de este modo que las políticas públicas y la acción legislativa resguardaran sus intereses manteniendo intocado el orden constitucional de la dictadura y el modelo económico neoliberal.

Por lo tanto, el gran mérito del reciente movimiento social, protagonizado en forma anónima por miles y miles de jóvenes chilenos, como Diego y Exequiel, ha sido desarticular esa intrincada maraña montada por la clase política de centro izquierda.

De esta manera, cuando el joven sospechoso Giuseppe Briganti dispara a quemarropa para defender su derecho a la propiedad privada, no se trata simplemente de un acto irracional e intolerante, sino que actúa al amparo del discurso estatal que por varias décadas ha estado identificando al sujeto popular de las luchas sociales con el delincuente subversivo, el encapuchado, el terrorista que amenaza sus bienes y que al mismo tiempo le restringe su derecho a circular por las calles. La tragedia que acabó con la vida de Diego y Exequiel, no fue solamente una conducta individual y apolítica, sino, como señala la escritora Diamela Eltit: “El estallido dual de la bala y el Estado”.


* Periodista, escritora, doctora (c) en Estudios Americanos IDEA-USACH.

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