noviembre 25, 2020

–Parte II– Ecuador: un debate serio contra la desestabilización económica

por: Nicolás Oliva, Mauro Andino, Guillermo Oglietti

La especulación: el impuesto de las élites

Un impuesto tiene dos grandes características para llamarse como tal: (1) es establecido por un poder único y autoritario y (2), es de obligado cumplimiento por parte de los ciudadanos. Hoy los impuestos son establecidos por el Estado representativo del poder popular. Pero no hace mucho era el Rey, el Señor Feudal, la Iglesia o el Encomendero quien establecía los impuestos de forma discrecional, injusta y violenta; tal vez por eso es que aún los impuestos tienen mala prensa. Pero esta práctica no es tan remota, aún podemos ver que la mafia, el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo establecen pagas obligatorias a cambio de seguridad y paz. Es así que estás estructuras de poder, que no son el Estado convencional y se establecen como Estados paralelos, tienen la facultad de establecer impuestos, tasas o cuotas bajos sus leyes. Basta revisar por ejemplo la historia reciente de Colombia con su conflicto armado o la situación de los carteles de la droga en México para aceptar que el gobierno no es el único que establece impuestos.

Si el lector está de acuerdo que los impuestos son, en fin de cuentas, cualquier paga de obligado cumplimiento para beneficio de un agente que tiene el poder único de actuación y, por tanto, pueden ser establecidos por personas o grupos diferentes al Estado convencional, entonces, imaginemos que ese agente ya no es el Estado, la mafia o los paramilitares, sino que es simplemente el mercado monopólico, esa entelequia qué a fin de cuentas está dominado por los poderosos quienes imponen sus reglas, límites y sanciones. Por lo tanto coincidirá el lector que el mercado también fija impuestos para su propio beneficio. Si los consumidores de ese mercado no pueden hacer nada para evitar que impongan los precios que los poderos quieren fijar; si los pequeños productores no pueden hacer nada para competir porque las élites han cooptado a proveedores y definen el precio que les quieren pagar; si los ciudadanos no somos capaces de protestar o quejarnos porque esconden los productos para subir los precios como una ética propia de especuladores y rentistas; si no somos conscientes que estamos sitiados por el mercado omnipresente y sentimos los abusos como algo normal; entonces por qué no llamamos las cosas por su nombre: las élites económicas de este país establecen impuestos que aumentan su desenfrenada acumulación de riqueza. No hay diferencia entre la mafia, la guerrilla o los grandes grupos oligopólicos en el sentido que todos ellos tienen el poder de fijar impuestos, tasas o cuotas. El incremento del precio es el impuesto o cuota que ellos imponen por ser los dueños de la riqueza, por ser los nuevos señores feudales del mercado concentrado y voraz.

Aquellos analistas y académicos, que defienden el statu quo, dirán que la fijación de precios por prácticas oligopólicas no pueden ser catalogadas como un impuesto, porque los consumidores siempre tienen la libertad de comprar en otra parte. ¿Pero somos realmente libres de comprar en un lugar diferente a las cadenas más grandes de supermercados? Seria reduccionista pensar que la libertad se mide solo por la decisión autárquica de ir a la tienda de la esquina o comprar en un gran supermercado. Hay que elevar el debate y reconocer que el sistema de mercado en Ecuador fuerza a la gente a comprar donde el mercado lo establece, obliga a que el consumidor vaya donde el supermercado está como ocurre en otras partes del mundo. Por lo tanto, si la ciudad está absolutamente capturada por las grandes cadenas, cómo podemos considerarnos libres de elegir. La libertad de elegir es una quimera de la que los medios de comunicación y los especuladores nos quieren convencer; no hay tal libertad: somos presos del mercado oligopólico.

El planteamiento que hemos esbozado sin lugar a duda no está en los libros de texto. Pero el concepto no es tan lejano a lo que en la década de los ‘80 y ‘90 se conocía como el “impuesto inflación”, tan popularizado por la doctrina neoliberal que satanizó al Estado como el creador de la inflación. Ahora también habría que preguntarse si con la inflación solo se beneficiaba el gobierno, o si los grandes beneficiados eran los grupos rentistas que no querían ver afectada su tasa de ganancia. Si gran parte de la inflación era producto de los especuladores, entonces ¿el famoso “impuesto inflación” no era también un impuesto fijado por el sector privado? El propio neoliberalismo hizo famoso al “impuesto inflación” como la inconducta del Estado; esta misma realidad hoy nos da la contundencia para confirmar que los grandes oligopolios de este país establecen impuestos a los ciudadano fijando precios a su antojo, escondiendo productos y especulando como esencia de esa cultura rentista tan arraigada en la ética empresarial ecuatoriana.

En las últimas semanas las redes sociales, los mayores formadores de opinión en la actualidad, son presa de la dominación del discurso de las élites. Los consumidores, quienes son los primeros afectados deberíamos estar protestando en contra del atropello del mercado. Pero, por el contrario, legitimamos la ética rentista y especulativa como algo normal. En los años ‘90 era parte del paisaje económico ver cómo se especulaba con los precios, hoy nos sigue pareciendo que es parte del sentido común. Basta ya de aceptar (hasta justificar) los impuestos de las élites económicas, que van en beneficio de unos pocos, y por el contrario rechazar los impuestos del Estado que es la contribución de todos para una sociedad más justa.

Que no ganen los mismos de siempre

En la economía capitalista el consumo es inherente a todo el sistema de mercado. Al consumir, los ciudadanos ratifican en última instancia el proceso empresarial: la adquisición de materias primas, la contratación y comercialización de bienes finales y el pago de obligaciones fiscales al gobierno. Según la Teoría del Consumidor las preferencias y restricciones de los consumidores determinan su elección. Sin embargo, en muchas ocasiones, el consumo de los individuos y familias no necesariamente satisface sus necesidades, sino que más bien, sacian necesidades no tan necesarias, creadas por el mero artificio de las técnicas de mercadeo.

Si el “sistema productivo” está basado en malas prácticas empresariales, rentistas, especulativas o abusivas, el consumo ciudadano terminaría validando una situación de inequidad y un lucro indebido para quienes abusan de las imperfecciones del mercado. En ocasiones, la ciudadanía consume bienes y servicios elaborados mediante prácticas desleales -como por ejemplo, utilizando información privilegiada sobre decisiones futuras de políticas públicas, evadiendo impuestos, ejerciendo malas prácticas laborales, incumpliendo los derechos de los trabajadores-, lo que termina avalando un sistema productivo injusto, priorizando la obtención de ganancias privadas en lugar de la satisfacción de necesidades colectivas y el bienestar de los consumidores.

El poder de los consumidores se enfrenta a otro poder, más organizado y eficaz al momento de alcanzar sus objetivos, la gran empresa, que tiene capacidad de influir en las decisiones de consumo. Así como en el mundo existen mega-empresas cuyas ventas representan el PIB de los 150 países más pobres del planeta, así como los 200 empresarios más ricos del mundo tienen más dinero que la mitad de la población más pobre del planeta, también en el Ecuador existen los grupos económicos cuyas ventas representan más del 42% del PIB de toda la economía ecuatoriana.

Es deleznable que existan free riders, que utilicen para su propio provecho las medidas de salvaguardias que el Gobierno ha lanzado para beneficio de las mayorías. Si las importaciones las realizaron antes de que las medidas fuesen implementadas, deberían mantener su valor sin aumento. Y finalmente, sería muy recomendable que estas empresas empleen esa gran cantidad de recursos destinados a las campañas de marketing dirigiéndolos a fortalecer el consumo de productos de verdadero origen ecuatoriano (no de aquellos que se importan todas sus partes y lo único que se hace es unirlo o pegarlas en el país).

Cuando en el año 2009 se tomaron estas medidas para salvaguardar la dolarización, las empresas grandes del país no tuvieron pérdidas, más bien salieron fortalecidas, como lo muestran los datos de utilidades comparadas durante el año 2008 al 2009.

Los consumidores están al final de la cadena productiva y cierran el proceso. Al comprar ejercen un gran poder, pues las empresas dependen totalmente de su decisión. Por esto hay que ser consumidores que comencemos a educar a nuestro sector productivo, que entiendan que requerimos productos nacionales de calidad y que hayan sido obtenidos cumpliendo valores éticos y comprometidos con el desarrollo del país, con respeto a los trabajadores, cumpliendo sus obligaciones tributarias que por ley les corresponde y sin argucias especulativas y conductas rentistas y monopólicas.

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