noviembre 26, 2020

–Parte I– Transformar el metabolismo social del capital: los retos del cambio en la matriz productiva

por: Guillermo Oglietti / Mauro Andino / Nicolás Oliva 

La creación de los modernos Estados de Bienestar desde el Siglo XIX se basó en la fiscalidad progresiva que consiste en cobrarle proporcionalmente más impuestos a quienes más ingresos tienen. Estos tributos permitieron financiar la redistribución del ingreso y las políticas de desarrollo. Sin embargo, desde los 70s el avance de la globalización neoliberal se ha transformado en el mayor desafío para las políticas redistributivas y amenaza la propia existencia del Estado de Bienestar. La competencia fiscal internacional dificulta el cobro a las rentas de las grandes fortunas y las sociedades. El problema es mayor en las sociedades de América Latina que deben redistribuir y a la vez financiar sus políticas desarrollistas. El impacto de la globalización sobre la equidad es aún mayor, porque no solo dificulta la redistribución del ingreso, sino también porque se ha desatado una “competencia salarial internacional” que significa una guerra no declarada al salario. Los países buscan ganar competitividad bajando salarios e impuestos para ser más atractivos para el capital. La globalización, al facilitar la radicación de las empresas en cualquier lugar del mundo desde donde proveen al mercado mundial gracias al modelo de libre comercio neoliberal, ha liberado a las empresas de las ataduras de las pretensiones salariales y las regulaciones de los ministerios del trabajo locales. En cambio, ni los sindicatos ni los ministerios del trabajo han podido generar una transancionalización semejante de su accionar, por lo que la relación de poder entre el capital y trabajo, que fue equilibrado y cundió en beneficios mutuos desde el final de la guerra mundial, fue derribada y hundida escorando a favor del capital.

Uno de los cambios más significativos que introdujo la hegemonía del paradigma neoliberal es el eclipse del principio del “pleno empleo con salario digno”. La economía neoclásica a nuestro criterio ha abandonado este pilar que estructuraba el pensamiento económico antes de los 70s. Con la globalización el objetivo del pleno empleo de calidad, suficiente para brindar una vida digna y liberar al hombre de la angustia de la supervivencia, ha sido olvidado, y por el contrario, el salario se ha convertido en un costo, un obstáculo para el desarrollo de los buenos negocios y el ambiente empresarial.

Y las consecuencias son dramáticas. La política de seducción al capital ha generado una alarmante caída en la participación del trabajo en el ingreso nacional. De acuerdo a la OIT la participación del trabajo en el ingreso se desplomó desde 75% hasta 66% entre 1975 y 2010 para los países de altos ingresos de la OCDE. Pero la caída es más profunda entre los países en desarrollo donde se contrajo desde el 71% en 1970 hasta el 52% para el conjunto formado por Corea, México y Turquía y registros similares para el conjunto de países en desarrollo.

En estas circunstancias es cuando debe revisarse la agenda buscando redoblar la apuesta progresista. No sólo la política redistributiva está amenazada, sino que ahora es más evidente que nunca que las políticas de redistribución del ingreso resultan insuficientes para revertir de raíz los problemas de desigualdad en el ingreso. La redistribución ha demostrado ser una política a todas luces insuficiente para alcanzar la equidad.

Las agencias internacionales podrían evitar este drama global. Sin embargo, la OIT que es la única que promueve el objetivo del pleno empleo, no tiene poder de fuego porque sus decisiones no son vinculantes. En cambio, las instituciones financieras que si lo tienen, el Banco Mundial y el FMI entre las principales, han depositado todos sus esfuerzos en consolidar los principios que hacen posible el estilo neoliberal de globalización. Son agencias de corte neoliberal creadas tras la Segunda Guerra cuyo gobierno interno está controlado por el país que resultó hegemón tras este conflicto bélico, EEUU. Tienen un enfoque geopolítico naïve como lo ha demostrado el propio ejemplo de Joseph Stiglitz, premio nobel y ex presidente del Banco Mundial, cuyo libro “El malestar de la globalización” es una bien fundada crítica al sistema hegemónico impuesto por estas instituciones, pero cuya lectura no habría sorprendido en lo más mínimo a cualquier adolescente medianamente curioso de América Latina. Estas agencias siguen promoviendo ataques selectivos a las naciones que desafían el paradigma neoliberal como los países progresistas del cono sur, criticando el nivel de los salarios mínimos y otras regulaciones que procuran elevar el estándar de vida de los trabajadores. Estas instituciones son una parte importante del problema porque en su matriz de pensamiento el salario solo cumple el papel de “costo” empresarial. En definitiva, los trabajadores del mundo no cuentan con una institución internacional con capacidad de coerción que lidere la defensa global del principio del pleno empleo de calidad y que contribuya a equilibrar la relación de poder entre el capital y el trabajo, sino todo lo contrario. No queda más alternativa que generar una coordinación internacional entre los países progresistas del sur.

La redistribución ha demostrado ser incapaz de revertir de raíz el problema de la desigualdad. Los logros conseguidos en materia de igualdad son fácilmente reversibles y sensibles al ciclo económico. Es por esto que ahora más que nunca deben hacerse esfuerzos para revertir la desigualdad en la distribución del capital, en lugar de depositar todas las apuestas por la redistribución del ingreso que no ha conseguido revertir el problema de la desigualdad en la distribución de la riqueza.

Determinantes de la distribución primaria del ingreso

La distribución primaria del ingreso es la distribución del ingreso antes de que la actividad redistributiva del Estado, gracias a la política tributaria y de gasto, genere la distribución secundaria. Es el resultado de dos factores, por un lado, de aspectos coyunturales que contribuyen a determinar el ingreso corriente de un país, como por ejemplo, los precios de exportación, la política macroeconómica, etc. y en gran medida, es el resultado de la estructura económica del país, entendiendo por tal a básicamente a 3 elementos estructurales: 1) la distribución del capital y la propiedad, 2) el diseño institucional y 3) la estructura productiva y la inserción en el mercado internacional.

Estas estructuras no son el resultado circunstancial de la coyuntura ni siquiera de la relación de fuerzas y la puja distributiva de un año, un lustro o una generación sino que son una consecuencia del decurso de la historia. En otras palabras, los gobiernos progresistas de América Latina deben incorporar en sus agendas el desafío de cambiar las estructuras que históricamente han ido conformando la desigualdad.

Y solo podrá lograrse una sociedad más justa a través de una democratización del capital que conduzca a una distribución más igualitaria del mismo, de un cambio en la matriz productiva, que modifique la inserción al sistema mundo y de arreglos institucionales que superen los diseños que han sofrenado su desarrollo. Las revoluciones que avanzan en América Latina tienen que cambiar la historia para cambiar sus resultados.

A distribuir el capital y la propiedad

La distribución de la propiedad y el capital es el resultado de la acumulación

originaria, del proceso de acumulación capitalista generación tras generación, de las pujas distributivas, de las relaciones de poder domésticas e internacionales, de la inserción en los mercados globales, de los esfuerzos nacionales por acumular capital social en empresas públicas, de la desigual distribución del acceso al crédito, al conocimiento y a la tecnología. Todos estos aspectos acumulados través del mecanismo de la herencia y la propiedad, han aumentado la concentración de los ingresos en pocas manos y en pocos países.

Las estrategias para lograrlo son variadas pero siguen el principio de poner el capital al servicio del trabajo. Los instrumentos más usuales son las transferencias de la propiedad a los trabajadores, como la reforma agraria, que también podría extenderse a otros sectores, especialmente aquellos en los que el compromiso del trabajador y la calidad del trabajo son determinantes de la eficiencia productiva, como en el sector de la construcción. Las empresas propiedad de sus trabajadores se ahorrarán ingentes cantidades de costos al disminuir los costos de supervisión y monitoreo y no cabe duda de que muchas de ellas pueden lograr superiores niveles de eficiencia que las empresas privadas. Debe promoverse la vivienda propia en lugar de la vivienda de alquiler. Una formula ampliamente utilizada ha sido la distribuir el capital es a través de la creación de empresas públicas o mixtas, que son propiedad de todos los ciudadanos. Debe democratizarse el acceso al crédito a través de la regulación del sector financiero, políticas específicas de la banca pública o de medidas más radicales que permitan la apropiación pública de la renta financiera, como la aplicación de la propuesta del premio nobel Fisher que consiste en que el sector financiero pierde la potestad para crear dinero bancario. La tecnología también está inequitativamente distribuida, entre las personas y entre las empresas y deben hacerse esfuerzos para poner la tecnología al servicio de todo tipo y tamaño de empresas orientando las instituciones de ciencia y técnica a este fin. Con el mismo sentido, deben hacerse grandes esfuerzos para que la educación de todos los niveles esté al alcance de los más pobres de modo que contribuya a equilibrar las brechas educativas entre clases sociales, combatiendo la segregación educativa que campa en América Latina como consecuencia de la coexistencia de establecimientos privados a donde se dirigen los más acomodados y escuelas públicas donde asisten los pobres. Esta segregación corroe la cohesión social, diluye la responsabilidad social de los ricos y sin duda genera ineficiencias al frenar la movilidad social.

A rehacer el diseño institucional

El diseño institucional básicamente está compuesto por los mecanismos que regulan la interacción entre las personas, las empresas y el Estado, las relaciones de poder y definen una determinada relación capital-trabajo. También es un resultado de la historia, porque los arreglos institucionales que conforman la estructura legal, definen los mecanismos legítimos de puja distributiva, de competencia empresarial etc., no son convenciones creadas desde el vacío, sino que por el contrario son el fruto del decurso de la historia, de la cultura, de las tradiciones políticas y reglamentarias, y de las instituciones jurídicas.

Distintos arreglos institucionales contribuyen a lograr diferentes resultados en la distribución primaria del ingreso. Un caso ejemplar es el de Japón, que a diferencia de sus pares desarrollados no necesita hacer grandes esfuerzos redistributivos porque la distribución primaria del ingreso es la más equitativa. Consigue este resultado, sobre todo, gracias a su diseño institucional, con arreglos tales como la institución del empleo de por vida, la preferencia por el principio de “racionalización productiva” frente al de “competencia empresarial”, la coordinación entre grandes corporaciones industriales y medianas y pequeñas empresas, la racionalización del crédito y la relación particular entre las empresas y la élite burocrática entre otras instituciones.

En general, el modelo neoliberal impone y promueve un modelo de capitalismo competitivo, donde la racionalidad consiste en la supervivencia de la firma más apta. Frente a este enfoque, la economía heterodoxa tiene una concepción económica diferente, que si bien no descarta la existencia de esta matriz individualista y competitiva, reconoce que existe un enorme espacio donde la coordinación y la cooperación pueden generar riqueza y evitar los derroches innecesarios a los que conduce la competencia.

Parte de este nuevo diseño institucional pasa por renovar las instituciones insertándole objetivos más humanistas, como el del pleno empleo de calidad. La Banca Central debería priorizar este objetivo para evitar el desempleo campante y el crecimiento de los minijobs, que son una forma elegante de llamarle a una nueva clase social de trabajadores en situación de pobreza. Otras propuestas de arreglos institucionales novedosos consisten en que las condiciones del mercado de trabajo, tales como los salarios mínimos, sean uno de los ejes sobre los cuales se estructuren los acuerdos comerciales internacionales, procurando de este modo, castigar la competencia salarial internacional. Sin duda, deben promoverse instituciones como el salario mínimo que le impone un piso al salario, y salarios máximos para los altos ejecutivos, que le imponen un techo. El impuesto a la herencia debe recuperarse del cajón de las herramientas olvidadas, porque es otro de los mecanismos que contribuyen a lograr la equidad.


* Guillermo Oglietti / Dr. en Economía • Mauro Andino / Mg. en Economía • Nicolás Oliva / Mg en Economía.

Be the first to comment

Deja un comentario