diciembre 3, 2020

Voluntad y capacidad

El ciudadano boliviano es un votante inteligente. Su comportamiento electoral varía de elección a elección, lo que demuestra que discierne entre opciones políticas y adopta diferentes posiciones de acuerdo a cada circunstancia. Predecir los resultados de las elecciones subnacionales de abril a partir de las elecciones generales de octubre del año pasado resultó ser un ejercicio inútil para muchos analistas.

Aun así, no es aventurado decir que el ciudadano paceño, potosino, orureño y cochabambino, no tienen los suficientes insumos técnicos como para evaluar críticamente las propuestas de estatutos autonómicos que se votarán en referéndum este 20 de septiembre. La discusión al respecto ha estado concentrada en la posición de diferentes colectivos en relación al partido de gobierno. Cuando en realidad se trata de un documento que condicionará el desarrollo económico y social de sus respectivos departamentos en los siguientes años.

El hecho de que los gobiernos departamentales cuenten con menos competencias exclusivas que los municipios nos debe llamar la atención, tanto como el presupuesto que este nivel de gobierno tiene. En algunos casos, como el de La Paz, donde su gobernación cuenta con menos transferencias fiscales que el municipio de la ciudad capital, ya demuestra las limitaciones que el modelo autonómico tiene de partida. Sin mencionar la centralización que el gasto público actualmente tiene en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Algunas de las posibilidades que abren los estatutos en cuestión están relacionadas a la creación de empresas regionales e imposición de tributos que, se espera, lleven a un mayor nivel de autonomía fiscal. Pero la pregunta sigue vigente: ¿pueden los gobiernos departamentales constituirse en un verdadero actor de desarrollo regional? Aunque haya el hecho de que los bolivianos hayamos decidido adoptar un modelo complejo de Estado, la lógica imperante parece apuntar en una dirección contraria.

Se puede objetar, claro, que la experiencia cruceña demuestra que una élite regional suficientemente motivada puede promover un verdadero proceso de desarrollo subnacional. Pero la ausencia de estas élites con sentido propio y proyecto de región es evidente y hasta natural en un momento de nuestra historia donde el gobierno central es más fuerte que nunca.

Por lo tanto, la capacidad real de las gobernaciones y el interés que tenga el nivel central del Estado para promover un desarrollo localizado deben estar en el centro del debate que guiará el voto de los ciudadanos de estos cuatro departamentos.

La aprobación de los estatutos, la elaboración de cartas orgánicas municipales y el pacto fiscal son momentos que definirán si los conflictos regionales que llegaron a su clímax en 2008, y la aprobación de la Ley Marco de Autonomías en 2010, no seguirán el mismo camino que la bandera federal a inicios del siglo XX. Seamos optimistas, por favor.

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