noviembre 29, 2020

México: A un año de la masacre de Iguala

por: David Rodríguez

La Procuraduría General de la República (PGR) construyó una historia que ha sido rechada por los sobrevivientes, los familiares de os 43 estudiantes desaparecidos y por investigadores independientes.

Este 26 y 27 de septiembre se cumplirán 12 meses de uno de los episodios más siniestros del México contemporáneo. Nos referimos a la masacre de Iguala, en la que fueron asesinadas seis personas –resultando heridas de gravedad otras decenas–, y fueron secuestrados y desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Cuando se dieron a conocer estos hechos, el estupor producido hizo que pasaran semanas para calibrar las implicaciones de este gigantesco crimen. Esto, aun cuando desde un inicio se supo de manera clara que la agresión directa había provenido de la policía municipal de Iguala, en contubernio con otras estructuras del gobierno local y con la participación de integrantes del llamado “crimen organizado”.

Cortinas de humo e impunidad

Entre octubre y noviembre del año pasado, se llevaron a cabo en distintos lugares de México enormes movilizaciones que fueron replicadas en cientos de lugares en el mundo entero, cuyas demandas principales eran justicia para las personas asesinadas y heridas en los violentos hechos de Iguala y la aparición con vida de los 43 normalistas. Entonces fueron echados a andar dos mecanismos que buscaban desmovilizar a la sociedad mexicana. Por un lado, se estigmatizó a los manifestantes que participaban en las movilizaciones y se desplegaron una serie de operativos durante ellas, en las que fueron golpeadas y detenidas decenas de personas, con lo que se logró instaurar el temor y el señalamiento sobre la participación en estas protestas. La otra estrategia consistió en afianzar la tesis gubernamental, al atribuir los acontecimientos en Iguala a las disputas entre grupos del llamado “crimen organizado”, mismo que habría logrado infiltrar a las instancias de gobierno municipales de Guerrero.

Para intentar dar vuelta a una situación que ponía en crisis al gobierno, la Procuraduría General de la República (PGR) construyó la historia de la entrega de los 43 normalistas, por parte de la policía municipal, al grupo del “crimen organizado” conocido como “Guerreros Unidos”, quienes habrían asesinado y calcinado a los normalistas en un basurero de Cocula. Sin embargo, con el pasar de los meses, las investigaciones realizadas por la procuraduría fueron desestimadas por los sobrevivientes de la masacre, por las y los familiares de los estudiantes desaparecidos y por investigadores independientes.

Al cumplirse un año de estos acontecimientos, proponemos tres elementos que consideramos centrales de este proceso, algunos de los cuales se desprenden de los resultados de las investigaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

1. La magnitud del operativo:

Participaron policías federales, ministeriales, municipales, así como el Ejército mexicano (de manera directa, a través de un cuerpo de inteligencia conocido como OBI), y también presuntos integrantes de un grupo del “crimen organizado”. Durante aproximadamente tres horas las agresiones a los normalistas y la población de Iguala fueron monitoreadas por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), sin que se interviniera para evitar el baño de sangre y la desaparición de los jóvenes. El personal, infraestructura y coordinación necesarios para llevar a cabo estas agresiones y la desaparición de los estudiantes tuvo que ser de gran envergadura y una investigación gubernamental, seria, tendría que dar cuenta de esto.

2. La dimensión de la mentira histórica:

Las investigaciones independientes, llevadas a cabo, primero, por el EAAF y, después, por el GIEI, han exhibido lo que entonces fue denominado por la PGR como la “verdad histórica”, como un montaje de gigantescas proporciones, cuyo objetivo ha sido sepultar la posibilidad de justicia para las víctimas. Aún después de la destitución de Jesús Murillo Karam, responsable visible de esa patética versión, todavía se insistió en cosas tan absurdas como señalar que el rostro desollado de Julio César Mondragón, uno de los normalistas asesinados durante el operativo, era resultado de la existencia de “fauna nociva” en el lugar donde fue hallado su cuerpo. Unos días después del informe del GIEI, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ante el impacto que supuso, la PGR de México anunció, por un lado, la captura de uno de los implicados en la desaparición de los normalistas y, por otro, la identificación de los restos de uno de ellos, Jhosivani Guerrero de la Cruz, por parte del laboratorio austriaco de la Universidad de Innsbruck. En un comunicado emitido por Amnistía Internacional, el pasado 18 de septiembre, se calificó como “sádica” la estrategia del gobierno mexicano ante la exigencia de justicia por parte de familiares y compañeros de los normalistas ausentes.

Después de un año de lucha de las y los familiares que, como uno de sus principales logros se cuenta la realización de las dos investigaciones independientes referidas, se ha comprobado que la tesis sobre la incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula es científicamente imposible. Que la investigación de la PGR ha estado plagada de irregularidades y omisiones, e incluso, de la abierta falsificación de los acontecimientos, como quedó demostrado gracias al informe del GIEI y testimonios posteriores, en los que se establece que 80 de los presuntos implicados en los crímenes refieren haber sido maltratados y torturados en los interrogatorios, incluyendo a tres acusados claves, a los que se les atribuye haber matado e incinerado a los normalistas.

3. El ejemplo de fuerza y lucidez de familiares y compañeros de los normalistas asesinados en la masacre de Iguala y de los 43 ausentes:

Durante estos 12 meses en que la violencia sigue creciendo desbocada en México, gracias a la impunidad reinante y a la imbricación clara de estructuras del Estado con el llamado “crimen organizado”, es necesario destacar la ejemplar lucha de los padres, madres y otros familiares, de los normalistas desaparecidos, así como de sus compañeros de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Ellas y ellos constituyen la reserva moral de México, por la dignidad y entereza mostradas en este largo y escabroso proceso.

En condiciones sumamente precarias han mantenido la exigencia de justicia llevando a cabo numerosas y distintas actividades en distintos lugares de México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Han resistido los intentos del gobierno por desmovilizarlos a través de la represión y la difamación; pero también de la cooptación con dinero y apoyos.

En medio de todo este horror, del dolor propio y de la locura del México actual, los familiares de los normalistas han mantenido la claridad para recordarnos que sus hijos fueron detenidos por policías municipales, que en el operativo participaron distintas instancias de gobierno, entre ellas el Ejército mexicano, y que en la gigantesca mentira construida durante estos meses para ocultar lo que ocurrió en Iguala esa noche de hace 12 meses, han funcionado de manera conjunta diferentes aparatos del Estado como la PGR, los gobiernos municipal, estatal y federal, con la complicidad de los medios de comunicación. En ese sentido, vale repetirlo una vez más: ¡El culpable de estas desapariciones fue y sigue siendo el Estado!


* Docente mexicano.

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