Londres-. El excanciller ecuatoriano Guillaume Long alertó hoy aquí contra la judicialización de la política que aplica la derecha latinoamericana para impedir que los partidos progresistas puedan recuperar el poder por la vía democrática.
Lo que está sucediendo en América Latina es esencialmente un proyecto autoritario para impedir que las fuerzas de la izquierda puedan competir de forma democrática en la política de los diferentes países de la región, afirmó Long en entrevista con Prensa Latina en esta capital.
Según explicó, esa estrategia, conocida también como guerra jurídica o lawfare, es la que se está aplicando en Brasil, con el encarcelamiento del expresidente Luis Inacio Lula da Silva, en Ecuador, con la persecución contra el exmandatario Rafael Correa y sus exministros, y que también se usó en Argentina, cuando se intentó enjuiciar a Cristina Fernández.
Es un ejercicio de las élites para excluir, por la vía judicial, a los grupos progresistas de la libre competencia democrática, agregó quien fuera jefe de la diplomacia ecuatoriana en el último año del Gobierno de Correa (2007-2017).
De acuerdo con Long, quien tras su salida de Ecuador fijó residencia en París, en América Latina existen ‘poderes fácticos’ con mucha sed de venganza.
La persecución es muy fuerte, porque fueron 15 años en que los gobiernos progresistas de la región redistribuyeron la riqueza y el poder entre los más pobres, reafirmaron su soberanía, diversificaron sus relaciones internacionales, y se alejaron del tradicional eje del bilateralismo con Estados Unidos, acotó.
Aunque admitió que el objetivo de esas élites es borrar esos tres lustros de la memoria de los pueblos, el excanciller se mostró optimista sobre un eventual retorno al poder de las fuerzas de izquierda en la región latinoamericana.
El ciclo de la derecha en América Latina será corto si es democrático, tal y como estamos viendo en Argentina, y será largo si es autoritario, como en los casos de Brasil, con el encarcelamiento de Lula, y de Ecuador, donde no están permitiendo que Correa haga política, aseguró.
En el caso de su país, Long denunció que el Gobierno del presidente Lenin Moreno controla todas las funciones del Estado y el aparato judicial con el único propósito, dijo, de perseguir a Correa y algunos de sus exministros para que no puedan competir de forma democrática.
Al respecto, destacó el caso de Ricardo Patiño, quien fue ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa durante la Revolución Ciudadana, y sobre quien pesa una orden de detención preventiva por el simple hecho de haber llamado a la resistencia combativa de forma pacífica contra Moreno.
Ni en los tiempos de la dictadura militar en Ecuador se dictó una orden semejante, aseguró Long, quien considera que se trata de un ejemplo claro de la judicialización de la política, similar al de Correa, a quien la justicia ecuatoriana se empeña en enjuiciar a pesar de que la Interpol se niega a aceptar su pedido de captura.
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