octubre 26, 2020

Familiares de desaparecidos en Uruguay protagonizan semana

Montevideo-. Familiares de detenidos desaparecidos en Uruguay durante la dictadura de 1973 a 1985 protagonizaron un cierre de semana con adelantos de recortes presupuestales y paros sindicales.

La nota más impactante provino de la difusión de las actas de un tribunal militar de honor en 2006 en cuyo transcurso el coronel retirado Gilberto Vázquez reconfirmó la realización de dos vuelos secretos en 1976 con exiliados uruguayos secuestrados en Argentina a quienes se les torturaron, asesinaron y desaparecieron.

El integrante del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) durante la dictadura, con dos condenas de 25 años y 30 años por delitos y homicidios cometidos en el marco del represivo Plan Cóndor en Suramérica, admitió la participación sistemática del Ejército en torturas y asesinatos de opositores.

La Organización de familiares de víctimas gestionó la entrega de los reveladores documentos archivados en el Ministerio de Defensa y según su vocero, Ignacio Errandonea, causó sorpresa la extrema gravedad de su contenido.

Reiteró en conferencia de prensa una exhortación a los legisladores a desaforar al ex general Guido Manini, senador y líder del partido de los militares Cabildo Abierto, en una sesión convocada para la semana próxima y así someterlo a la justicia por encubridor en otro caso parecido.

Asimismo cobró relevancia el adelanto por el presidente Luis Lacalle del proyecto de Ley Presupuestal del quinquenio, que esencialmente se concibió con un recorte de 900 millones de dólares, y temidas reducciones en políticas sociales desplegadas por los previos gobiernos del Frente Amplio.

Con esa perspectiva en el corto plazo, diversos sindicatos cumplieron sucesivos paros de 24 horas contra pautas salariales convergentes del gobierno y cámaras empresariales durante procesos de negociación que causarán pérdidas de ingresos y de empleos a trabajadores, ya bajo el impacto económico de la pandemia de la Covid-19.

El mandatario discrepó de un informe crítico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que situaba a Uruguay entre los países de la región que menos invirtió para paliar los efectos sociales de la crisis sanitaria, al aportar menos del 0,7 por ciento del Producto Interno Bruto.

A una gestión ordenada a la cancillería para que se modificara esa cifra, la Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, ratificó la exactitud de ese número, mientras senadores del Frente recordaron la falta de una propuesta renta básica emergente para cientos de miles que quedaron sin ingreso, y recurren a ollas populares de solidaridad.

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