Por Hugo Moldiz Mercado *-.
Faltan pocas semanas para que se realicen las elecciones presidenciales en Colombia. Nunca como ahora ha existido la gran posibilidad de que en ese país, de enorme importancia estratégica para los Estados Unidos debido a su ubicación geográfica y su larga historia contrainsurgente, se registre un punto de inflexión histórica. El campo popular está en condiciones de abrir una coyuntura política favorable a la implementación de medidas de corte antineoliberal y eso no es poco, pero se enfrenta a una multiplicidad de desafíos y peligros. En ese contexto, el principal desafío para el Pacto Histórico -una articulación amplia de las fuerzas de izquierda y progresistas- no tiene parangón en los últimos cincuenta años: evitar que los resortes de la “democracia de excepción”, que rige desde hace décadas en ese país y que se ha naturalizado en la población hasta el extremo de que la violencia es parte del paisaje cotidiano, bloquee por cualquier medio posible el triunfo del candidato Gustavo Petro, incluyendo el asesinato del binomio y sus dirigentes antes o después de las elecciones[1] o alguna medida que justifique la interrupción de la continuidad democrática, con la finalidad de frenar el avance social en una perspectiva distinta a la neoliberal.
Y es que nunca en la historia de Colombia las fuerzas de derecha se habían encontrado contra la pared. La “competencia electoral”, bendecida por el bloque en el poder y el “gobierno permanente” de los Estados Unidos, a momentos más restringida que otras veces, jamás puso a los partidos de la derecha en peligro de ser desalojados del gobierno. El intento más próximo que la ultraderecha no pudo tolerar se registró a partir la década de los 80, cuando el terrorismo de Estado, cuyas huellas se las encuentra ya en 1948 con el asesinato del liberal Jorge Eliecer Gaitán y pasan por la aplicación del “Estatuto de Seguridad” aprobado en el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), se puso nuevamente en marcha para desarrollar un verdadero genocidio de la Unión Patriótica que, con su incursión en el escenario político después de los Acuerdos de La Uribe en 1984, “se proyectaba en la segunda mitad de la década de los 80 como una alternativa política de izquierda al régimen bipartidista” (Estrada, 2015: 282). A partir de ese momento fueron asesinados entre dos mil y cinco mil militantes de ese partido (Bejarano, Alviar, Botero, Hoskin y Pachón, 2011: 118).
A treinta y seis años del inicio del asesinato de los militantes de la UP y de la implacable persecución de sus dirigentes de todos los niveles, la posibilidad de una victoria progresista vuelve a escena. Esta vez a punto de elevarse a la categoría de realidad. Aunque a la impronta de un progresismo más moderado respecto del denominado “primer ciclo de gobiernos progresistas” y con manifiestas tensiones con los partidos y gobiernos revolucionarios en temas como la crisis militar en el Este de Europa o por posiciones frente a gobiernos revolucionarios como los de Cuba Venezuela y Nicaragua, el progresismo está a punto de producir un giro en la democracia y la historia colombiana. De acuerdo a todos los estudios de tendencia de intención de voto realizados en los dos últimos meses, el exguerrillero del M-19 y ex alcalde de la ciudad de Bogotá́, Gustavo Petro, se ubica en primer lugar con cerca del 45 por ciento de respaldo electoral y con más de 16 puntos de distancia respecto del candidato de derecha Federico Gutiérrez. La empresa Invamer publicó el viernes 29 de abril que el candidato progresista contaría en primera vuelta con el apoyo de un 43,6 % y Gutiérrez el 27,7 %. Estos resultados no han alterado la tendencia de los últimos meses, pues una encuesta publicada por el Centro Nacional de Consultoría, realizada el 18 y 19 de marzo, días después de las elecciones legislativas del domingo 13 de marzo, daba cuenta que el ex guerrillero se anotaba el 32 % de respaldo y el candidato derechista un 23 %. Esto quiere decir que, salvo una sorpresa, es inevitable una segunda vuelta en la que, según las proyecciones, el candidato progresista se alzaría victorioso con un 52,4 y el candidato de derecha no superaría el 45 %. La situación se presenta más adversa para la burguesía colombiana, para sus fuerzas políticas y militares de extrema derecha y para los intereses estadounidenses en ese país luego de que una encuesta de la CELAG diera a conocer dos grandes sorpresas: primero que Petro tiene una intención de voto del 48%, lo que implica que puede superar la barrera del 51% en primera vuelta y que existe un “voto oculto” en amplios sectores de la sociedad debido al temor o reserva que se debe tener en un país como Colombia; y, segundo, que Rodolfo Fernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción ya está en un segundo lugar con 21,8%, lo cual significa que el candidato de derecha, respaldado por Uribe, ha sido desplazado a un tercer lugar con 21,4%. El triunfo de Petro se proyecta como respuesta al rechazo que provoca las amenazas de asesinato contra el binomio, a las maniobras de la derecha de mantenerse en el gobierno a como de lugar y, obviamente, a los aires que soplan en América Latina y el Caribe.
Es mucho lo que está en juego en Colombia, un país que se ha convertido en un factor de primer nivel en la geopolítica de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Una victoria de las fuerzas progresistas y de izquierda el 29 de mayo representará una dimensión estratégica en el contexto de la historia larga de la región y de un país signado por décadas por una combinación de alegría y tragedia al mismo tiempo. Para nadie es desconocido que Colombia representa la “línea de defensa y línea de avanzada”, como quiera leerse, ante los gobiernos de izquierda y progresistas de la región y, por tanto, un país que, al ser el único social global de la OTAN, aplica al máximo la concepción anticomunista del “enemigo interno” implementada al influjo de la estadounidense Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y re conceptualizada en el siglo XXI bajo el concepto de “Guerra Hibrida” o “Guerra Total y Permanente” (Moldiz, 2020: 135-158).
Sin embargo, un cambio en la titularidad de la Casa de Nariño no implicará automáticamente un cambio en el régimen político imperante en ese país desde la segunda mitad del siglo XX y del papel que se le tiene asignado dentro de la estrategia geopolítica imperial. Los organismos de seguridad del Estado -Policía y Fuerzas Armadas- han adquirido altos niveles de autonomía y el riesgo de que actúen a contramarcha del proyecto político del Pacto Histórico no es mínimo y, por el contrario, podrían comprometer muy rápidamente la imagen del gobierno progresista. Después de todo, un régimen autoritario con fachada democrática le ha servido al bloque en el poder o “bloque de poder contrainsurgente” para reproducir, a través de la “combinación de las formas de lucha”, su dominación de clase y enfrentar al bloque popular insurgente, incluyendo a los grupos guerrilleros (Estrada, 2015: 205-317)
Y es evidente que el papel de los Estados Unidos en el tipo de democracia en Colombia es fundamental. En el tema de la democracia, como sostiene Morlino (2019) en su estudio sobre actores, estructuras y procesos de las democracias, hay momentos en que se registran intervenciones de “un poder externo que debilita la independencia y la soberanía de la democracia” (Morlino, 2019: 61). Un cambio de régimen político y no solo de gobierno, llegaría a representar un duro revés para las facciones hegemónicas del bloque en el poder, para las dos fuerzas políticas tradicionales (liberales y conservadores) y para los poderes fácticos, institucionales y no, acostumbrados a tener un alto grado de incidencia en el desarrollo político de ese país.
El tipo de democracia en Colombia siempre ha estado en entredicho. A pesar de que investigadores de orientación liberal como Mainwaring, Scott y Pérez-Liñán, Aníbal (2015) sostienen que la democracia en este país ha sobrevivido a la escalada de violencia registrada entre la década de los 80 y principios del siglo XXI o que la baja calidad de la democracia se debe más a factores exógenos que endógenos, como es el caso del impacto de la violencia de paramilitares, guerrilleros y grupos criminales en el comportamiento democrático (Bejarano, Alviar, Botero, Hoskin y Pachón, 2011: 101-164), lo cierto es que ninguno de estos cientistas políticos se animaría a colocar a la democracia colombiana como un ejemplo. La mayor parte de los investigadores sistémicos, guiados más por el miedo a la insurgencia popular, no son categóricos al denunciar la ausencia de una mínima democracia liberal en ese país y se inclinan por sostener que lo que hay es una “democracia electoral” o a lo mucho llegan a sostener que existe alguna forma de la amplia gama de tipologías de los considerados “regímenes híbridos”, llámese “semidemocracia”, “autoritarismo competitivo” y otros. De acuerdo a Samuel Huntington para que un régimen sea considerado democrático debe tener al menos tres elementos mínimos: 1) que los gobernantes emanen de elecciones transparentes y regulares; 2) que la competencia por el poder sea franca y abierta, y 3) que el derecho de voto sea casi universal. Otro de los pensadores liberales más actuales, como Levitski y Way (2004) amplían esa definición primaria al sostener que los democracias modernas deben cumplir con cuatro requisitos mínimos 1) Los cuerpos ejecutivo y legislativo son elegidos a través de elecciones abiertas, libres y justas; 2) virtualmente todos los adultos tienen derecho a votar; 3) los derechos políticos y las libertades civiles, incluida la libertad de prensa, la libertad de asociación y la libertad de criticar al gobierno sin represalias, son ampliamente protegidos; 4) las autoridades elegidas tienen autoridad real para gobernar y no están sujetas al control tutelar del ejército o a los líderes religiosos.
Una mirada objetiva a esa concepción liberal y procedimental coloca en duda la afirmación de que en Colombia hay democracia. Los presidentes siempre han resultado favorecidos por la manipulación de los electores a través de la práctica clientelar, pero sobre todo por el uso de la amenaza de la violencia de parte de grupos armados oficiales y paramilitares. Los altos niveles de abstención han sido fabricados por el bipartidismo en aquellas zonas en las que la resistencia popular alternativa los ha cuestionado. Con una franca condescendencia, quizá de origen ideológico, estos cinco investigadores colombianos no pueden ocultar que “la democracia en nuestro país no anda del todo bien, comenzando por su elecciones, las cuales a juzgar por los resultados de una serie de mediciones del estado de la democracia, no son totalmente justas, ni limpias ni libres” (Bejarano, Alviar, Botero, Hoskin y Pachón, 2011: 107). En los últimos 12 años la situación no ha mejorado. Y sobre la relación de la democracia con la violencia, esos mismos investigadores concluyen que “la amenaza más seria consiste en la penetración directa de actores armados en la política, una realidad de larga data que se ha hecho evidente a través del llamado escándalo de la parapolítica” (Bejarano, Alviar, Botero, Hoskin y Pachón, 2011: 116). Y el dato, casi decisivo, es que la democracia colombiana ha sido virtualmente “secuestrada” por los niveles militar y policial del aparato de Estado. Tal es la fuerza de la tradición y el alto grado de sentirse protegidos que el 24 de abril pasado el comandante del Ejército de Colombia, general Eduardo Zapateiro, increpó públicamente al candidato del Pacto Histórico por sostener que seis soldados habían muerto en un ataque del paramilitar Clan del Golfo, integrado por algunos militares[2]. Pero este no es un hecho aislado, pues el 5 de mayo último la publicación Semana contiene una nota titulada: “malestar en los cuarteles: generales, coroneles y soldados se destapan con Semana y cuestionan a Gustavo Petro”[3].
En Colombia existe un régimen permanente de excepción que aleja de entrada la visión más romántica de democracia y que en sus componentes es más cercana al autoritarismo de del bloque en el poder. Ni siquiera el intento de construir una democracia representativa pudo ser posible en la Asamblea Constituyente que dio lugar a la Constitución Política del Estado de 1991. Como señalan cinco investigadores (2011) pese a la aprobación de una Constitución generosa en el capítulo dedicado a los derechos fundamentales de los colombianos, una gran distancia separa la letra de los hechos (Bejarano, Alviar, Botero, Hoskin y Pachón, 2011: 126). Mucho más claro es Estrada (2015) cuando sostiene que “al tiempo que se reconfiguraba el régimen político y se proyectaba la expansión del modelo neoliberal, se inauguró un nuevo ciclo de la guerra” (Estrada, 2015: 285)
A pesar de la incorporación de artículos orientados a lograr un equilibrio institucional y político de los poderes del Estado, de disminuir el peso de la figura presidencial y superar las trampas del Frente Nacional para que el pueblo, como sujeto histórico, no recorra por caminos alternativos a la dominación, la relación carnal entre el sistema político y violencia no logró desaparecer. Colombia es el país que mejor ejemplifica la “democracia de excepción” (Moldiz: 2021) como el cuarto tipo de régimen de excepción, después de la dictadura militar, el fascismo y el bonapartismo[4]. Los militares y policías juegan un papel central en la política colombiana y en la configuración “democrática”. Tanto Levitski-Murillo, como Mainwaring-Pérez, que ven la democracia solo como procedimiento y cumplimiento de formalidades, pero, además, desde una perspectiva liberal e idealizada, atribuyen estas intervenciones militares a los límites o la falta de tradición de las instituciones democráticas en varios países latinoamericanos para resolver los conflictos políticos derivados de enormes polarizaciones sociales. Si bien este razonamiento tiene una cuota de verdad, la historia de nuestra región muestra que los Estados Unidos y sus aliados locales tienen la tendencia marcada a ser nada tolerantes cuando las fuerzas populares, por muy reformista que sea su proyecto, asumen el gobierno por la vía de la democracia representativa. Ni que decir cuando se trata de movimientos revolucionarios que desde “abajo” asumen protagonismo en el campo de la política. Los quiebres democráticos en la región siempre se han debido a la tendencia autoritaria de partidos y gobiernos de derecha, que no han encontrado otra forma predominante, que no sea el golpe de Estado, para controlar y/o de- tener la irrupción popular o la amenaza que para sus intereses representa las fuerzas de izquierda o los movimientos populares.
El empleo del aparato de Estado -desde fuerzas armadas y policiales hasta la justicia se ha vuelto una constante, siendo mucho más notorio en algunos países en los que ese tipo de violencia con efecto estatal se ha internalizado como una perversa normalidad. En la actualidad los casos más notorios de este tipo de situación son Colombia y El Salvador. En el primero, a pesar de que se registran elecciones periódicas, en condiciones que organismos nada imparciales, como la OEA, encuentran aceptables, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, de desplazamientos, persecuciones y detenciones arbitrarias, el boicot sistemático a los acuerdos de paz firmados entre las FARC y el Estado en 2016, es parte de las noticias de todos los días. La búsqueda de la paz en Colombia siempre ha estado en la agenda de las organizaciones alzadas en armas y en la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil, pero al mismo tiempo siempre han estado bloqueadas y boicoteadas por las fracciones burguesas que se benefician de un estado permanente de guerra, lo que incluye obviamente a los militares. Por eso no es una exageración de quien afirmara, en 1982, en una sistematización de la historia del M-19, que en Colombia es más fácil organizar un grupo armado que constituir un sindicato (Lara: 1982). Esa dramática tendencia histórica en Colombia, que se remonta a los últimos años de la primera mitad del siglo XX, obviamente se ha agravado en los últimos 20 años luego que la estrategia de seguridad y defensa de los Estados Unidos le asignara a ese país el papel geoestratégico de línea de defensa de sus intereses en la región (Moldiz, 2020a). El “uribismo”, que siempre ha apelado a una lógica guerrerista como forma de exterminio de sus adversarios y enemigos, le ha puesto todo tipo de obstáculos a los acuerdos de paz firmados en La Habana por el gobierno de Juan Manuel Santos y la alta dirigencia de la entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Uribe es la mejor encarnación de esa historia larga que nos duele a todos los latinoamericanos y caribeños. Duque es apenas la teatralización del proyecto uribista. En Colombia, que no se diga lo contrario, la democracia vive un estado permanente de excepción y las fuerzas armadas marcan los límites de la democracia y su desarrollo.
Aunque todavía no de manera generalizada, hay señales bastantes claras de que Estados Unidos y las burguesías locales latinoamericanas, en su mayoría con fracciones estrechamente vinculadas, política y culturalmente a los intereses imperiales, va creciendo la tentación de instalar otro tipo de “democracia” que les asegure la reproducción de su poder de clase. La democracia representativa ya ha demostrado en varios países latinoamericanos y caribeños que resulta poco eficaz al momento de detener a los pueblos cuando estos se organizan y movilizan autodeterminativamente. La historia latinoamericana y caribeña es bastante rica en ejemplos como para pensar que han abandonado la idea de un retorno a regímenes autoritarios clásicos. De hecho, la relación dictadura/democracia es una constante en la región, pero, por lo pronto, la apuesta parece más bien dirigida al establecimiento de un régimen que combine aspectos de la doctrina de la seguridad nacional de los sesenta y setenta con las nuevas formas democráticas de “fachada”. Y ahí cabe la figura de la “democracia de excepción” como forma política de un régimen de excepción.
Desde el gobierno de Obama hasta la actual administración Biden, Estados Unidos sigue empeñado en una estrategia de recuperación del control de toda la América Latina y el Caribe por la vía de impedir, expulsar o excluir nuevamente del sistema a las fuerzas populares, de izquierda y progresistas que se propongan las más mínimas reformas que obstaculicen el ciclo de rotación del capital y que pongan en riesgo su papel geopolítico regional y mundial. Ni que decir de los gobiernos que tienen en su horizonte la superación del capitalismo. Y una de estas vías es la instalación de “democracias de excepción”. Un caso reciente en América Latina y el Caribe marchaba en la misma línea: el golpe de Estado de noviembre de 2019 contra el presidente boliviano Evo Morales trató de instalar una “democracia de excepción”, pero fracasó en el intento debido a la resistencia popular. Para lograr eso, Estados Unidos y la derecha deben no solo desplazar a la izquierda y el progresismo del gobierno (o del poder) sino descabezar y destruir a los partidos y movimientos sociales por la vía de la combinación de lawfare (juicios políticos sin sustento le- gal), linchamientos mediáticos o instalación de la postverdad a través de las llamadas fake news, proscripciones de nuevo tipo -como el boicot a la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia, la cancelación de personerías jurídicas de los partidos de izquierda (como los intentos hacia el MAS en Bolivia y el FMLN en El Salvador)-, y, donde sea posible, mediante el asesinato selectivo de sus dirigencias y líderes de todo tipo, como sigue ocurriendo en Colombia. Estamos hablando de la instauración de “democracias de excepción” y la construcción de sociedades en las que se produzca una “elección democrática del fascismo” como advirtió acertadamente el intelectual panameño Nils Castro a propósito de lo sucedido en el país carioca.
Esta expulsión o proscripción no declarada de la izquierda del juego democrático, paradójicamente desarrollada sobre un discurso de “recuperación de la democracia”, de “los derechos humanos” y la “libertad de expresión” que el “populismo de izquierda” se encargó de “destruir”, implicará el cierre de todos los espacios legales de lucha y participación social de “los de abajo”. La derecha no solo quiere recuperar el poder desplazando a la izquierda, sino que quiere destruir todo lo que huela a cambio. No está en los Estados Unidos la práctica política de la tolerancia y, por lo general, en esta perversa figura de dominación y coerción, “no ha vacilado en liquidar a quienes se le oponen” (Harvey, 2007: 46).
La “democracia de excepción” que es una nueva forma política de un régimen de excepción es el resultado de la combinación de formas y métodos de dominación ya desarrollados en las décadas de 1960 y 1970 en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional con las nuevas formas de desestabilización y derrocamiento de gobiernos populares o molestosos a la política de Washington. A estos últimos se los conoce con el denominativo de “golpe suave” o la “revolución de colores”. Es decir, no se trata de dictaduras militares o civiles, ni llegan a ser, como se ha sostenido, las limitadas y restringidas democracias representativas que surgieron a fines de la década de 1970 para institucionalizar políticamente lo que la subversión militar le abrió el camino: la dominación burguesa sobre el pueblo. No son dictaduras clásicas en las que se cierra el Congreso Nacional y se dicta cadena de los medios de comunicación, pero no dejan de ser dictaduras, a pesar de la apariencia democrática. Democracia y dictadura no son contradictorias, pues se trata de dos formas políticas de una misma moneda: la dominación de clase.
En conclusión, lo que está en juego en las elecciones colombianas es algo más que la elección de un presidente: la democracia es un campo de disputa (Moldiz, 2021). Está abierta la posibilidad de quebrar esa “democracia de excepción” vigente desde fines de la primera mitad del siglo XX e instalar, previa ardua disputa, otro tipo de democracia en el que la economía y la política estén al servicio de las mayorías. De fracasarse en el intento, las consecuencias para los colombianos y colombianas serán muy grandes, entre ellas la de enfrentar la furia del bloque en el poder cuyo accionar buscará dar una lección ejemplificadora para que “los de abajo” no se atrevan nunca más a cuestionar su dominación, que no es otra que la del gran capital.
- Investigador y escritor boliviano
Referencias bibliográficas
ʝ Bejarano, Ana María; Alviar, Helena; Botero, Felipe; Hoskin, Gary, y Pachón, Mónica (2011), Colombia: “democracia
amenazada”, Camerón, Maxwell y Luna, Juan Pablo, Democracia en la región andina, Bolivia, CLACSO.
ʝ Harvey, David (2007). El nuevo imperialismo. España, Akal.
ʝ Estrada, Jairo (2015), Conflicto social y rebelión armada
en Colombia, Bogotá,
Gentes del Común.
ʝ Levitski, Steven y Way A. Lucan (2004). Elecciones sin democracia, el surgimiento del autoritarismo competitivo. Medellín, Estudios sociales.
ʝ Mainwaring, Scott y Pérez-Liñán, Aníbal (2015). La democracia
a la deriva en América Latina. Argentina, Revista POSTData: Revista de reflexión y análisis político, vol. 20, núm, 2, octubre.
ʝ Moldiz, Hugo (2020), “Colombia, el rimland norteamericano que amenaza la paz”. Estrada Jairo
y Jiménez Carolina, Geopolítica imperial, Argentina, CLACSO.
ʝ Moldiz, Hugo (2021). Democracia de excepción y democracia emancipadora: la disputa estratégica. México, Partido del Trabajo.
ʝ Morlino, Leonardo (2019). Cambios hacia la democracia, México, Siglo Veintiuno.
[1] Las amenazas de muerte contra el binomio Gustavo Petro y Francia Márquez se han incrementado a partir del 2 de mayo.
[2] https://www.efe.com/efe/america/politica/polemica-en-colombia-por-las-declaraciones-del-jefe-ejercito-contra-petro/20000035-4790528
[3] https://www.semana.com/nacion/articulo/malestar-en-los-cuarteles-generales-coroneles-y-soldados-se-destapan-con-semana-y-cuestionan-a-gustavo-petro/202254/
[4] Las ciencias políticas consideran a esas tres como regímenes de excepción. La “democracia de excepción” desarrollada por el autor de este artículo sería la cuarta.
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