mayo 17, 2024

Los verdaderos enemigos de la democracia en Bolivia

Por José Galindo*-.


Los medios se esforzaron durante más de una década en mostrar al Movimiento Al Socialismo (MAS) como un partido irresponsablemente populista y autoritario, que mermaba las condiciones sobre las cuales se sostenía la democracia. Hoy ya no pueden embellecer ni justificar a quienes derrocaron a un gobierno constitucional y perpetraron masacres en nombre de la democracia. Hoy por hoy, la mejor forma de gobierno posible es subvertida no por izquierdistas radicales, sino por élites que no le encuentran utilidad a las elecciones ni al debate legislativo.

Es mucho lo que puede decirse sobre la democracia, y el aniversario de los 40 años de su recuperación en Bolivia amerita una reflexión profunda sobre su verdadero significado, que se aleja cada vez más de los reduccionismos procedimentales de los que se valieron ciertas élites económicas para justificar su dominación por un largo periodo de nuestra historia. Al mismo tiempo, esta apropiación de la democracia que han hecho las clases populares tuvo el efecto previsible de provocar la emergencia de un nuevo tipo de derecha, asentada entre clases medias y altas, que reniega de la misma institución del voto, cuya validez se niega de forma cada vez más recurrente, poniendo en peligro lo construido desde que Hernán Siles Suazo asumiera la presidencia en aquel todavía vigente 1982.

Se puede hablar de la democracia desde distintos enfoques o puntos de vista: su situación actual, sus cualidades y sus déficits, e incluso sobre su deseabilidad, cuestionando si es realmente la mejor forma de gobierno posible. Hoy en día este aspecto podría ser debatido, cuando hace solo una década gozaba de un conceso casi absoluto a favor de este régimen político, si atendemos a la ola de políticos de extrema derecha que han ido copando los reflectores en países como Argentina, Chile y Colombia, cuyos gobiernos se encuentran ahora alineados al progresismo.

La cultura política de las élites latinoamericanas nunca fue muy democrática, habiendo sido la principal base de apoyo de los regímenes dictatoriales de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. No obstante, a partir de los 90, los sectores dominantes de las sociedades de esta Región parecían haber llegado a un conceso respecto a la democracia como única forma legítima de acceder y ejercer el poder, al menos formalmente. Así, aunque todavía llevaban a cabo brutales actos de represión en contra de los sectores populares, al menos guardaban las formas y, sobre todo, proclamaban apasionadamente su amor por las elecciones, especialmente cuando tal postura estaba acompañada por el discurso oficial del Imperio del Norte, autoproclamado defensor de los valores de la democracia.

La vanguardia autoritaria de Bolivia

Este cambio afecta también a Bolivia, donde dirigentes de la extrema derecha como Luis Fernando Camacho, quien aunque cada día es menos valorado como líder –incluso en su propia región– conspira activamente en contra del régimen democrático no solo a través de un discurso virulento, sino mediante una estrategia no menos confrontacional, caracterizada por la irracionalidad y el empecinamiento, pero, lo más preocupante, custodiada por algunos sectores de la sociedad local que se sienten compelidos por el regionalismo que el empresario cruceño trata de reflejar, llegando a plantear el federalismo cuando casi ningún otro territorio del país ha puesto tal tema sobre la mesa. La expresión más elocuente del sentimiento autoritario que lo impulsa se pudo apreciar a finales de 2020, cuando tras haberse declarado la victoria del MAS en las elecciones generales algunos sectores fanatizados por su odio hacia este partido se arrodillaron en las puertas de los cuarteles para pedir una intervención militar, viéndose él mismo obligado a reconocer el resultado de aquellas justas ante la atenta mirada de observadores internacionales.

En esos días, el Ministro de Defensa del gobierno que él mismo ayudo a conformar, Fernando López, se revelaría como un promotor de una invasión estadounidense que afortunadamente nunca sucedió, debido a que los propios militares de aquel país estimaban tal posibilidad como poco seria ante el respaldo masivo alcanzado por el MAS en octubre de 2020. Con todo, la intensión es lo que cuenta, y dejaba muy en claro que el compromiso con la democracia era más débil de lo que se podía haber imaginado en sectores de la sociedad boliviana que se valieron de esa palabra justamente para perpetrar un golpe de Estado. Hoy por hoy, el movimiento cívico, que es la principal fuerza que queda del gobierno de facto que gobernó desde noviembre de 2019, es el principal movimiento autoritario en el escenario político nacional, que ocasionalmente tiene la capacidad de arrastrar a otros sectores de oposición menos radicales hacia sus posturas maximalistas, claramente reñidas con la democracia hasta en el más limitado de sus sentidos.

El actor cívico no debe minimizarse como amenaza; no se trata solo de logias con un férreo control sobre las instituciones regionales, concentradas localmente. Su poder económico, para nada despreciable, busca construir un correlato político que no puede circunscribirse a los límites de un departamento ni aún a un conjunto de ellos, pues para hacer posible mayores niveles de acumulación de capital requieren tomar el control del Estado como un todo. No obstante, al ser sectores afincados en una sola región, carecen de la capacidad para construir hegemonía sobre el resto del país, razón por la cual recurren a la fuerza o la amenaza tantas veces como les es necesario, aprovechando coyunturas de descontento general, propiciándolas para extender el alcance de su convocatoria, a la cual se suman, lamentablemente, otros sectores de oposición que al menos tratan de mostrarse como más apegados a la institucionalidad democrática formalizada en la estructura jurídica.

La élite inconsecuente de la retaguardia

En ese sentido, es necesario una crítica específicamente dirigida en contra de los representantes políticos de la élite enrolada en los partidos opositores del occidente del país, entendida como aquel segmento poblacional que goza de ciertos privilegios y concentra una gran parte del ingreso nacional; o, para ponerlo en términos más complejos, esa población de clase media alta proveniente de las áreas urbanas que casi siempre adopta posturas asociadas a la derecha del espectro político, pero todavía sujeta a un discurso que se dice liberal tanto en lo político como en lo económico. Una élite concentrada en las áreas urbanas de la ciudad de La Paz y que actualmente se encuentra representada por el partido de Comunidad Ciudadana (CC), con Carlos Mesa como su principal referente, aunque él sí, sin duda, cada vez más desgastado y superado por su propia base social.

Dichos actores, debe señalarse, no solo son incoherentes en relación a su discurso sobre la democracia, que dicen apoyar, sino que también son peligrosos para ella, pues no actúan en consecuencia con las concepciones más procedimentales de la democracia como sería el respetar elecciones o ciertos derechos fundamentales (como el derecho a la vida o a la identidad), además que su práctica política en los hechos subvierte la democracia, la deteriora y la pone en peligro, a través de cuatro conductas que se han hecho recurrentes en los últimos años, particularmente desde finales de 2016, y que sostienen incluso con Evo Morales fuera de los centros de decisión efectivos del Estado.

Primero, al contribuir en la generación de situaciones de ingobernabilidad y obstaculizar la toma de decisiones urgentes para el país, como sucedió en la Asamblea Legislativa Plurinacional durante la elección del Defensor del Pueblo, que es, a la postre, una institución clave para el sostenimiento de una democracia comprendida solo en términos liberales. En ese sentido, llama la atención que nadie les recuerde su supuesto compromiso con la concertación y el intercambio que tanto presumían en el modelo de democracia pactada, que presentan cada vez que pueden como una versión superior a la democracia plural, participativa y popular inaugurada por el MAS y las organizaciones sociales, quienes dieron al traste con el modelo neoliberal de democracia. En todo caso, aun aceptando la idea de que tal forma de democracia era positiva, aquello sería cierto justamente porque era capaz de sostener alguna forma la estabilidad política al viabilizar la toma de decisiones en el Estado entre varios partidos con intereses concordantes pero dispersos. Para ver cuán lejos están de su propio discurso, solo hace falta recordar la actitud burlona de los legisladores de CC José Ormachea y Fernando Reyes cuando se les preguntó por qué se oponían a todas las políticas del gobierno de Luis Arce: la risa.

Segundo, al no contribuir en la generación de valores democráticos en el seno de sus propias organizaciones, como, por ejemplo, con la condena de toda forma de racismo y discriminación, el reconocimiento del oponente como un interlocutor válido y el respeto a la legitimidad del gobierno legalmente constituido. Es bien sabido, en ese sentido, que CC se ha caracterizado por promover particularmente la representación de sectores autopercibidos como blancos o no indígenas, supuestamente portadores de capacidades técnicas y académicas que los diferencian de las clases populares, que usualmente tratan con desdén. Ni siquiera disimulan que su organización tiene como representantes legislativos solo a miembros de las clases urbanas del país.

Tercero, al no pronunciarse en contra de actitudes y comportamientos no democráticos como los que se dieron en el gobierno de Áñez. Es, pues, comprensible que se resistan a llamar golpe de Estado a un movimiento que terminó por derrocar a su principal oponente, Evo Morales, a quien habían tratado de vencer desde que este perdió su posibilidad de repostularse como candidato presidencial en el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, pero no parece haber muchas explicaciones para el silencio que guardaron cuando el periodo de persecución política generalizada y violación sistemática de los Derechos Humanos que se dieron después de que se eligiera, por fuera de todo procedimiento constitucional, a Jeanine Áñez como nueva presidente de facto en Bolivia. No solo no denunciaron lo irregular de su elección como mandataria y contribuyeron a tal vulneración de la Constitución y las leyes, sino que no emitieron ni un comunicado, ni una denuncia, ante las dos masacres que el Gobierno perpetró en sus primeros días, amén por los casos de corrupción rampante que pronto se demostraron sin mucho esfuerzo.

Y, finalmente, en cuarto lugar, estos sectores de oposición aparentemente inofensivos por su retórica, pero peligrosos por sus acciones, son agentes subversivos de la democracia al aliarse, y esto es lo central, con movimientos abiertamente autoritarios, fascistas y hasta gangsteriles como los que encabeza Luis Fernando Camacho, quien admitió públicamente que su padre financió y negoció con altos mandos militares y policiales el golpe de Estado de 2019. Incluso académicos liberales como Steven Levitzky denunciaron el golpe de Estado en Bolivia y la alarmante participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en dicho régimen, alertando sobre los riesgos que tiene para toda democracia abrirle paso a actores abiertamente subversivos y autoritarios, como los que entraron a Palacio de Gobierno con una Biblia en mano. Al respecto, se suele traer el ejemplo de Hitler, quien fue nombrado canciller en la Alemania de Otto Von Bismarck, bajo la equivocada idea de que podrían mantener bajo control a dicho personaje, sin darse cuenta de que le habían dado espacio para que pudiera cumplir con su agenda totalitaria. La lección que Levitzky saca de esto es no aliarse con actores autoritarios. Carlos Mesa fue a recibir a Camacho al Aeropuerto cuando este se aprestaba a consumar el golpe de Estado, para, vaya ironía, ser ignorado por él.

Sin duda alguna, la democracia tiene enemigos, y son aquellos que ya no la consideran útil si siguen perdiendo elecciones. Lo que hace patente no tanto la necesidad de desplazar a la derecha de toda participación política, sino de reclamar la existencia de otro tipo de oposición, una que sí crea en la democracia, en la concertación y en la construcción de país.


* Cientista político.

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