octubre 15, 2021

Frenar la trata y tráfico de personas y la inseguridad ciudadana, debe ser una prioridad nacional

No cabe duda que la reciente promulgación de las Leyes de Trata y Tráfico de Personas y la Ley de Seguridad Ciudadana, representan un avance importante, ya que ambas resultan complementarias a la hora de contar con herramientas jurídicas para afrontar dos de los más grandes dramas que vive la población boliviana en la actualidad: la trata y tráfico de personas y la inseguridad ciudadana, situaciones que día a día se cobran la vida de personas en su mayoría niñas, niños, adolescentes, y donde las mujeres son las más afectadas, sumiendo a muchas familias en el más profundo dolor.

Y aunque estos delitos no son nuevos, hemos visto que en los últimos años se han incrementado de manera desbordada, sin que nadie ni nada pueda poner freno a estos actos delictivos, que quedan en la impunidad. Y citar cifras no sirve de ayuda en este momento, pues eso es lo que más se publica en los medios, notas frías llenas de datos que no hablan de los dramas humanos de las personas que están detrás. Mal podemos imaginar las historias y el dolor desgarrador de éstas.

Ya es parte de la cotidianidad leer algún diario nacional o ver cualquier noticiero de televisión —y no hablamos de los de crónica roja— pues todos los medios tienen su sección determinada llamada “seguridad” o “ciudad” donde reportan atracos, muertes, violaciones y desapariciones, como informan de la alza de precios en la carne, o los chismes políticos.

Y así, vivimos con el más grande sentimiento de indignación e impotencia por lo que les sucede a nuestros prójimos, y por supuesto las sombras del miedo nos hacen presa, pues la inseguridad ha llegado a extremos tan grandes que ni siquiera las medidas de prevención conocidas están sirviendo de ayuda, pues las jóvenes son secuestradas a plena luz del día y algunas asesinadas por haber intentado escapar, sin que hayan cometido alguna imprudencia siquiera, por ejemplo, o jóvenes que tras una salida con los amigos ya no retornan a casa porque fueron asaltados y muertos en cualquier calle de la ciudad.

¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que los mecanismos que disponen estas leyes y la puesta en funcionamiento de las políticas públicas, en todos sus niveles (municipal, departamental y nacional) tengan algún efecto en nuestras vidas? La población boliviana está cansada de tener leyes y más leyes que no se cumplen, un sistema de seguridad que no funciona y un sistema judicial que perpetúa la injusticia y la impunidad.

Lo cierto es que es mucho lo que aún queda por hacer y hay urgencia en realizar todo lo necesario para poder lograr una vida libre de amenazas para nuestros niños, niñas y adolescentes que viven sin poder desarrollarse con la tranquilidad y la libertad que merecen. Hace falta que cada una de las personas que están detrás de las instituciones estatales y de la sociedad civil, llamadas a actuar en estos casos, piensen que sus hijos e hijas corren los mismos riesgos. Quizá así puedan poner toda su voluntad y hacer todos los esfuerzos necesarios para poner freno a estos terribles males.

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