Acaba de publicarse miles de páginas que registran la memoria del reciente Asamblea Constituyente. La estadística señala que hasta el año 2006-2008 se plasmaron en Bolivia, desde su conformación estatal en 1825, un total de 25 reformas constitucionales de distinta extensión y profundidad. Once ocurrieron en el siglo XIX, al calor de las disputas entre caudillos y la ausencia de un sistema político estable, que facilitó la inestabilidad y la personalización del ejercicio del poder. Un recuento mostraría que las principales normativas a lo largo del tiempo no se apartaron de las Constitución de 1826, aquella que dio pie a la armazón inicial del recién formado Estado de Bolivia. La Constitución de ese crucial año, fue un claro esfuerzo intelectual que permitió a los sectores criollos configurar un proyecto institucional lo suficientemente plausible para responder, de acuerdo a su mirada civilizadora y liberal, a las peculiaridades históricas geográficas, culturales de la naciente República.
En 1880, se aprobó una nueva constitución que serviría de referente al menos medio siglo. Las elites que gobernaban Bolivia, -los capitalista mineros y lo señores de haciendas- buscaban recomponer su ideario de nación y avanzar hacia el progreso, que no era sino la otra cara del desarrollo capitalista en las minas de plata, una economía de libre mercado en sus transacciones con el mercado mundial y la destrucción de las comunidades indígenas vistas como un freno a la modernización de Bolivia.
La Guerra del Chaco (1932-1935), por su parte, operará como parte aguas y liberará los cuestionamientos que desde distinto sectores obreros, indígenas y de clase media intelectual, se realizaban a una sociedad a todas luces excluyente. Los resultados de la conflagración que se vivieron como una derrota produjo un interrogante social sobre el destino de Bolivia y su estructura de poder basada en un sistema de exclusión y desigualdad montado por una coalición de grandes propietarios de minas y tierras. En 1938 se realizó una Convención Nacional para diseñar una nueva Constitución., En los debates se abordaron temas que luego modelarían el Estado Nacional y un nuevo rumbo que emergerá de la revuelta popular de abril de 1952. Al calor de la discusión se abrían en efecto nuevos temas como los derechos sociales, mientras que se clausuraban otros, como la descentralización del país. La nueva Constitución, sancionada el 2009, introducirá en cambio una inédita nomenclatura estatal basada en la plurinacionalidad y la extensión de los derechos sociales y culturales.
* El autor de historiador
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