noviembre 28, 2020

Nuevos elementos de la geopolítica boliviana

Detrás de la condena de exportar nuestro gas por Chile se escondía el miedo de todo un pueblo que temía que este recurso natural siguiera el mismo destino que el oro y la plata potosina, el estaño orureño o el petróleo tarijeño.

Desde su temprana historia y antes de ser una República, nuestro territorio ha sufrido –sea como Tawantinsuyo, sea como Charcas, sea como Bolivia- el asedio de la geopolítica de sus vecinos y de potencias como EE.UU. “De todas maneras, es inevitable filiar a Bolivia como un país perseguido en un grado todavía mayor que las demás naciones latinoamericanas. Como semicolonia misma, es una semicolonia más desgraciada que las demás. Los hechos, las naciones, los intereses la asedian de una manera tan intensa que parecerían ser parte de una confabulación”, escribió alguna vez Zavaleta.

Ante este tipo de geopolítica, durante los últimos años algunos gobiernos latinoamericanos han ensayado una nueva variante, una defensiva pero proactiva que se ejemplifica muy bien en las intervenciones del fallecido Chávez en Venezuela y el presidente Morales en Bolivia.

Actualmente vivimos una nueva época en cuanto a relaciones internacionales se refiere, una sin precedentes. La relativa disminución de la hegemonía estadounidense en el continente, la deslegitimación de la clase política subordinada a ese país, la promesa que significaba el gas para el desarrollo boliviano y los reclamos de autodeterminación de los sectores sociales que sacudieron el escenario político nacional desde principios de este siglo; todo esto, hizo posible no sólo la tercera nacionalización de nuestra historia, sino también la primera expulsión de un embajador de los EE.UU. de la manos de nuestro presidente.

Las fronteras

Las fronteras en Bolivia tienen un significado especial para el imaginario colectivo de nuestra población. Se podría decir que la pesada carga de nuestra historia colonial afectó negativamente en la construcción de nuestro Estado desde cualquier punto de vista. Al darwinismo social de los primeros años de la República y el esquematismo primario exportador que aún se intenta superar habría que añadirle otra herencia desgraciada: la inestabilidad de nuestras fronteras. Un estudio de los politólogos estadounidenses Paul R. Hensel y Michael E. Allison demuestra que países con un pasado colonial tienen mayores posibilidades de experimentar inestabilidad sobre la posesión de sus fronteras con Estados vecinos.

La pedagogía nacional de nuestro Estado imparte desde los niveles más tempranos de educación la idea de que Bolivia es un país injustamente privado de una salida al mar producto de una guerra injusta, una entre muchas otras, que le han costado al país más del 50% del territorio con el cual nació. Por ello, nuestras fronteras han tenido, desde la década de 1960, una atención especial en las diferentes constituciones, planes de desarrollo y la ley orgánica de las FF.AA.

La geógrafa Letitia Terrier Brúsle expresa muy bien esta susceptibilidad boliviana respecto a las fronteras, cuando afirma que, “Así todos los escritos geopolíticos en este país, elaborados por civiles o militares se focalizan en un tema único: mostrar la legitimidad de la existencia de Bolivia. Detrás de la omnipresencia de esta cuestión se dibuja una angustia colectiva, la de la desaparición… Todas estas afirmaciones vuelven hacia la misma pregunta obsesiva, la de la eventual destrucción del país. Las fronteras deben, entonces, desempeñar un rol fundamental. Son objeto de una atención particular. Ellas deben garantizar la perennidad del territorio”.

En junio de 2010, el presidente Morales creó la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), como institución encargada de promover el desarrollo de las fronteras. En abril de 2011 las funciones de esta entidad descentralizada y dependiente del Ministerio de Planificación fueron ampliadas a través de la Ley N°100, que añadió la articulación de la seguridad en las fronteras como nueva competencia.

Se trata de una nueva fase en la geopolítica boliviana. Aunque es cierto que no es el primer gobierno que presta atención a este tema, sí es el primero que lo hace con resultados tangibles. Es el primero que crea una institución específicamente abocada al tema y no un concejo interministerial que se reúne arbitrariamente. Es el primero que dedica un capítulo entero de su Constitución y no sólo un par de artículos. Y, finalmente y a diferencia del Plan Tutelar de Fronteras de las FF.AA., es el primero que no ve la diversidad cultural de las fronteras como un obstáculo para su integración sino, más bien, como una ventaja, dado su carácter plurinacional.

En ese sentido, la atención a las fronteras debe tomar en cuenta la advertencia de Terrier, en el sentido de que la construcción social de estas fronteras no es una función exclusiva del Estado, sino que también intervienen en estas actores sociales de base a través de tres estrategias: primero; su inscripción en los mapas a través de sus organizaciones de base; segundo, a través de sus discursos y representaciones; y tercero, las funciones y usos que le dan estos actores.

Dimensión regional o territorial interna

Bolivia ha sido identificada como un área pivote o un heartland latinoamericano debido a la centralidad de su posición geográfica. Para tomar ventaja de esta cualidad heredada ya desde los tiempos de Manco Kapac, es necesario cohesionar la totalidad del territorio nacional.

Tres particularidades de nuestra carta magna profundizan la descentralización autonómica en Bolivia: 1. Las autonomías indígenas y 2. La autonomía regional y 3. La posibilidad de crear Macroregiones desde el nivel central del Estado.

Tal como indica el tercer párrafo del Artículo 22 de la Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez: “El nivel central del Estado podrá conformar Macroregiones estratégicas como espacios de planificación y gestión, por materia de interés nacional sobre recursos naturales, debiendo coordinar con los gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos que la integren. En ningún caso aquellas Macroregiones que trascienden límites departamentales podrán constituirse en autonomía regional”

Esto le da a nuestro Estado la posibilidad de cohesionar nuestro territorio nacional a través de una intervención localizada territorialmente con la creación de Macroregiones delimitadas estratégicamente. Estas Macroregiones tendrían el objetivo de convertirse en escenarios de aplicaciones de políticas públicas diseñadas específicamente para atender los problemas propios de regiones cuya población comparta ciertas características como cultura, mercado interno, etc.

Uso del excedente, momento constitutivo y coyuntura de disponibilidad

Otro aspecto de la nueva geopolítica emprendida por el Estado boliviano desde la inauguración del proceso de cambio está estrechamente vinculado con los detonantes de la crisis política que llegó a su punto más álgido en octubre de 2003. Ante la tempranamente percibida y real posibilidad de que el gas sea exportado hacia EE.UU. vía Chile, varios sectores sociales del pueblo boliviano se lanzaron a las calles reclamando esta inconsulta decisión del ejecutivo de ese entonces.

Sería una necedad afirmar que la xenofobia y el resentimiento hacia Chile fueron los motivos que impulsaron la movilización de aquellos días en relación al gas. Eso equivaldría a explicar los sucesos solamente por sus discursos. Detrás de la condena de exportar nuestro gas por Chile se escondía el miedo de todo un pueblo que temía que este recurso natural siguiera el mismo destino que el oro y la plata potosina, el estaño orureño o el petróleo tarijeño.

“Ahora, esta externalización del excedente promovido por el neoliberalismo está a punto de entrar a una nueva etapa al intentar disponer de la Tercera, y quizá última, más grande riqueza con la que cuenta el país en décadas: el gas (…) este tercer gran recurso económico está también a punto de ser convertido en fuente de enriquecimiento extranjero y fuente de empobrecimiento nacional”, escribió el vicepresidente García Linera un tiempo después de la tormenta.

En vez de desarrollar un síndrome hipocondriaco en relación a la “enfermedad holandesa” o la “maldición de los recursos naturales”, la percepción de los bolivianos era que el gas podría servir como un trampolín hacia mejores tiempos y, por esta vez, no estaban dispuestos a dejar ir la oportunidad. Este sentimiento colectivo fue percibido, apropiado y respondido puntualmente por el gobierno de Morales ni bien se consiguió la presidencia. La nacionalización de los recursos naturales, la tercera de nuestra historia, es la primera que distribuye los beneficios de esta tierra en la mayor cantidad de manos posibles.

El éxito de la nacionalización de los hidrocarburos no radica en que estos fueran abundantes o hasta infinitos o que se encontraran altamente evaluados en el mercado internacional sino en cómo se distribuiría sus ganancias. Ya lo advierte Zavaleta cuando afirma que no se trata del excedente mismo sino de cómo se utiliza este excedente para aprovechar coyunturas de disponibilidad colectiva y momentos constitutivos. “En el sentido aquel, la forma de existencia del excedente y la de su absorción determinan la sucesión misma de los modos productivos. De otro lado, el capitalismo mismo es la historia de la construcción o, si se lo dice en otros términos, la historia del Estado capitalista es la de la producción, distribución y aplicación del excedente”.

Pero creo que también influyó un factor más: la disponibilidad del pueblo boliviano para aceptar nuevas creencias –la importancia del Estado en la economía, el antiimperialismo, lo plurinacional- y así inaugurar un momento constitutivo en nuestra historia. El Estado Plurinacional es el resultado de esta democratización del excedente y el uso que se dio a este para transmitir nuevas ideologías al seno de la población. La distribución del excedente entre la población más necesitada de apoyo económico y la construcción de una nueva ideología en torno a este excedente es, pues, la tercera dimensión de la geopolítica boliviana.

Control central de los recursos naturales estratégicos

La bibliografía sobre conflictividad y recursos naturales sugiere que existen mayores posibilidades de guerra civil, violencia étnica e intervención extranjera en países que “gozan” de recursos naturales no renovables. A contrapelo de las tesis neo maltusianas sobre crisis políticas e internacionales por el control de recursos naturales escasos, la evidencia empírica parece demostrar que es la abundancia de estos, y no su escasez, lo que puede detonar sucesos de violencia en un país.

Y eso es justamente lo que le ocurrió a Bolivia entre 2006 y 2008. Con una oposición arrinconada en los niveles sub nacionales de gobierno y la administración pública de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, el gobierno del presidente Morales tuvo que enfrentar estrategias desestabilizadoras contra su régimen que llegaron, incluso, a un intento de golpe de Estado y a la contratación de mercenarios húngaros para iniciar una guerra de secesión.

Durante la última década del siglo pasado acontecieron 22 guerras por el control de recursos naturales en todo el mundo, tanto civiles como de carácter internacional. Los ejemplos paradigmáticos que demuestran cuan terrible puede ser la disputa interna por el control de recursos naturales son Angola y el Congo. Ambos países enfrascados en sangrientas guerras civiles que cobraron miles de víctimas durante la última década del siglo XX.

El nivel y tipo de institucionalidad con el que se cuente influye fuertemente en la conflictividad y la calidad democrática de un país con abundantes recursos económicos. Durante esos años (2006-2008) en Bolivia, la discusión era en torno a qué tipo de descentralización se emprendería en medio de un proceso que tenía el objetivo de refundar el país. Uno de los aspectos más polémicos en este debate entre las fuerzas autonomistas y el gobierno fue cual sería el régimen de propiedad de los recursos naturales. Entre ellos, el gas.

Existían, por supuesto, otras causas que conducían el conflicto regionalista durante aquellos días, tales como la desaprobación a la llegada de un indígena al poder por parte de viejas élites políticas y empresariales, su desplazamiento por una nueva clase política de carácter popular, etc. No obstante el control de estos recursos gasíferos estaba ahí, entre los móviles de la conflictividad.

Y esto es justamente lo que constituye la otra dimensión de la nueva geopolítica del gobierno actual: el control centralizado de los recursos naturales estratégicos de nuestro territorio. La Constitución Política aprobada en 2009 abunda en el tratamiento de la propiedad de los recursos naturales y su importancia para el desarrollo del país. Por ejemplo, el primer numeral del Artículo 349 señala que, “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”.

Así mismo, el segundo numeral del Artículo 348 aclara que, “los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país”. Particularmente, sobre zonas de frontera, el Artículo 264, en su segundo numeral, sostiene que, “es deber del Estado ejecutar políticas de preservación y control de los recursos naturales en las áreas fronterizas”.

El fuerte liderazgo del presidente Morales permitió superar la crisis de 2008 y luego aprobar la actual constitución política que establece que los recursos naturales son patrimonio de todos los bolivianos. Este equilibrio de fuerzas entre el gobierno central y las regiones constituye, pues, un factor clave en la gobernabilidad y la soberanía del Estado a través de todo su territorio.


* El presente artículo es un resumen de una publicación presentada en la revista Macroregiones y Fronteras N°4 de ADEMAF.

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