noviembre 27, 2020

Una campaña de desarme acompañada por la sociedad civil

por: Natalia Coronel

La mayoría de los femicidios son causados por tener armas en casa y sigue en aumento. Ante esta problemática, el gobierno reglamentó una ley de control y de desarme voluntario.

En una sociedad sin conflictos internos la fuente principal de inseguridad es la circulación no controlada de armas de fuego, muchas de las cuales están en poder de particulares y tienen como principales víctimas a las mujeres. Por eso, con el fin de tratar este flagelo, el Centro de Estudios de Justicia y Participación (Cejip), junto a expertos nacionales e internacionales, dieron luz verde al diseño de una política de desarme voluntario. Este programa es desarrollado como apoyo a la regulación de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos que fue reglamentada el pasado 29 de abril. En conversación con La Época, José Lima, director Ejecutivo del Cejip señaló la importancia de “juntar a los actores para diseñar e implementar” el plan Desarme Voluntario y remarcó que, según las estadísticas, “se duplicó la cifra de mujeres que mueren por esta causa”, al tiempo que llamó a “promover una cultura de paz”.

Natalia Coronel (NC).- ¿Por qué es necesaria una campaña de desarme en Bolivia?

José Lima (JL).- Las pocas estadísticas con las que contamos reflejan que las muertes por violencia armada han ido en aumento. El año 2010 se registraron 7.4% de muertes ocasionadas por armas de fuego frente a 92.6% de muertes ocasionadas por otras causas. El año 2011, este índice subió a 11.8% y el año 2012 al 13.7% Lo que nos hace pensar que al año 2015 el índice podría haberse incrementado en 3 o 4 puntos.

NC.- ¿Cuáles son los principales grupos a preservar?

JL.- Hay cuatro grupos que se deben preservar de estos hechos de violencia: niños, mujeres, ancianos y discapacitados. Por eso sentimos no solo una obligación legal, sino también una obligación moral. Un trabajo realizado por el forense Ángel Leonardo Arzabe sobre incidencia de muertes ocasionadas por arma de fuego, investigadas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia, entre enero de 2010 a diciembre de 2012, establece que la cantidad de mujeres víctimas por este instrumento, es superior a la de hombres. Por eso queremos darles la oportunidad a ellas de que saquen las armas de sus hogares y para eso tenemos 180 días.

NC.- Lo de los 180 días tiene que ver con el nuevo Decreto Supremo, ¿de qué se trata?

JL.- A partir de la ley 400 se establece la existencia del delito por tenencia ilícita de armas de fuego. Lo que dispone es un plazo para que esa tenencia, justamente, no sea ilícita. A partir del momento en que se publicó la ley, las personas tienen 180 días para poder registrar sus armas de fuego. El punto es que esa norma no fue reglamentada dentro de los primeros seis meses, lo que ocasionó que nadie pueda tener un registro legal hasta marzo. Recién fue establecida en octubre del año pasado y a partir de ese momento empieza a correr un nuevo plazo que, a su vez, también se venció. En los hechos, en mayo de 2015, cualquier persona que hubiese tenido un arma de fuego estaba cometiendo un delito, por eso el gobierno para poder precautelar la situación de todos los tenedores legítimos aunque ilegales, emite el Decreto Supremo 2344 donde amplía nuevamente el plazo a 180 días.

NC.- ¿Se conoce cuál es la magnitud del uso de armas de fuego en el país?

JL.- No tenemos cifras. Precisamente, es uno de los problemas que como ONG hemos identificado, sin embargo si tenemos algunos números que establecen cuáles son nuestros problemas y donde está focalizada la problemática.

NC.- ¿Qué significa la amnistía declarada por ley para la entrega voluntaria de armas?

JL.- Esto significa que una persona a pesar de que lleve su arma y su tenencia sea ilegítima no podrá ser juzgado ni procesado por eso. Cualquier proceso de desarme siempre conlleva tres elementos: un registro confiable; un programa de amnistía y un programa de desarme voluntario.

NC.- ¿Existe en Bolivia un mercado de armas o lobby para su comercialización?

JL.- No existen porque la importación de armas es ilegal hace más de diez años. Otro punto que incide es que, no existe seguridad privada armada. De todas formas, cuando hablamos de desarme nos referimos a esas armas que van a ser utilizadas en problemas interurbanos y relaciones interpersonales entre personas que se conocen. Por lo general las principales víctimas son las mujeres que en sus hogares se sienten desprotegidas y que, aparentemente, en el caso boliviano es el único en el que la cantidad de víctimas mujeres es similar a la cantidad de víctimas hombres. Normalmente en todo el mundo, los hombres jóvenes entre 18 y 30 años son las principales víctimas.

NC.- A diferencia de otros países, en Bolivia, las víctimas por armas de fuego suelen ser mujeres, ¿en qué situación o contextos son atacadas?

JL.- Nuestra última estadística data de 2012, no sabemos cuál es el contexto, pero sí sabemos que en ese año la tendencia señaló que fueron más hombres que mujeres en morir por violencia armada. El porcentaje llegó a ser de un 54%

NC.- ¿Cuánta implicancia tienen los miembros de fuerzas de seguridad en este tipo de delitos?

JL.- Al no tener estadísticas, no puede ser categórico, pero si puedo referirme a experiencias comparadas de Latinoamérica en las que sabemos que las víctimas de armas surgen de conflictos interpersonales. En ese marco, es una conclusión obvia, que las personas que tienen acceso a las armas, -miembros de seguridad- son las que las usan en ese tipo de conflictos.

NC.- ¿Cómo influye en el caso de los niños? ¿Marca algún precedente el uso de videojuegos violentos o juguetes bélicos?

JL.- Hay dos formas de hablar sobre violencia armada, desde la perspectiva de limitar la oferta de armas, que es lo que está haciendo el gobierno con el plan de desarme voluntario así -como la amnistía- que no haya armas en el mercado. Y por otro lado, reducir la demanda que las personas puedan estar basadas en justificativos relacionados con la defensa de su seguridad. Dentro de esto, se incluye la prevención y sensibilización acerca de la peligrosidad de tener un arma de fuego en casa, componentes que deben tener incluir a los niños y niñas del hogar. Es un proyecto que esperamos impulsar este año para que los niños y sus padres sean conscientes del impacto negativo de los juguetes bélicos y la naturalización de la violencia que implican dichos juguetes.

NC.- ¿Por qué la sociedad civil no lo identifica como una problemática?

JL.- Cuando accedimos a estos datos nos sorprendió y sorprendió a todas las personas y organizaciones con las que compartimos esas cifras. Es un trabajo que llevó 10 años para formar nuevas redes en Bolivia, pero el tema de las armas siempre fue supeditado. La violencia de género es un tema en el que se tiene que trabajar y mucho, pero queremos llamar la atención porque en el país la violencia contra la mujer es un problema que se agudiza más cuando en un hogar violento hay un arma de fuego.

NC.- ¿Qué hacen con las armas una vez entregadas?

JL.- Con la ley 400 lo que se establece es que las armas a las que se acceda, ya sea por decomiso o por desarme, tienen dos finalidades, aquellas que son permitidas para uso policial o militar van a cada una de las fuerzas y las que no son destruidas.

NC.- ¿Qué expectativa tiene en relación a la campaña y cómo evolucionó a nivel mundial este tipo de programas?

JL.- Es la primera vez que en Bolivia se inicia una campaña de desarme acompañada por la sociedad civil por lo cual, estamos agradecidos y con esperanza, no solo por el trabajo que podamos hacer nosotros, sino también por la experiencia regional en Latinoamérica que demuestran que las campañas apoyadas por la sociedad tienen mayor impacto que los programas desarrollados solamente por los gobiernos.

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