diciembre 4, 2020

Transporte público en La Paz: los micropoderes

por: Esther Eunice Calderón Zárate

El problema del transporte público en La Paz no deja de ser un asunto cotidiano, los más afectados son los pobladores de las laderas y de las zonas más alejadas de la ciudad, que carecen de vehículo propio para movilizarse con presteza y ejercer su libertad de locomoción.

A pesar de la llegada de los buses de transporte masivo, que benefician a algunas zonas de la ciudad, todavía persisten y permanecen sin resolverse muchos problemas estructurales e históricos relacionados al transporte público.

La implementación de los nuevos buses, combinada con el antiguo “sistema” (buses, micros, minibuses, carrys y trufis), no ha resuelto el problema del incremente desmedido del parque automotor en la ciudad. Los embotellamientos aumentan y el problema del transporte público se ha convertido en una bomba de tiempo.

El viejo sistema persiste y, por su lado, los operadores del transporte público no comprenden ni ejercen éste como servicio público, sino como negocio privado. A ello favorece claramente la organización de los transportistas bajo la forma sindical, verticalista y atomizada.

En La Paz, los sindicatos de transporte se han constituido como micropoderes dispersos y en constante tensión, que disputan espacios públicos en las diferentes zonas, lealtades de las juntas vecinales y apoyo de la Alcaldía. Así, prevalecen los eternos problemas: el aumento arbitrario de tarifas; el incumplimiento de rutas y recorridos; el trameaje; la inexistencia de horarios fijos establecidos para el servicio; el maltrato hacia los pasajeros por parte de los operadores; y el pésimo estado técnico de los vehículos.

¿Por qué no gozamos de un transporte público eficaz, seguro y ordenado? Se trata de un problema multidimensional, que involucra a diversas redes de actores: gobierno municipal, unidades “operativas” municipales, sindicatos de transporte, transportistas particulares [sin afiliación sindical], transporte vecinal [en algunas laderas], juntas vecinales [más sus federaciones] y asociaciones de vecinos [con sus distintas formas y denominaciones]. A nivel macro los actores en conflicto son tres: Gobierno Municipal, transportistas y ciudadanos.

El conflicto está politizado. Entre estos actores encontramos tres niveles complejos de alianzas políticas, teniendo en cuenta el carácter altamente atomizado de los micropoderes del transporte público urbano: a) Las alianzas entre el Gobierno Municipal y determinados sectores de los transportistas, en desmedro de los ciudadanos o de otros sectores del transporte; b) Las alianzas entre sectores aislados del transporte y las juntas vecinales, con el fin de combatir la indiferencia de las autoridades municipales frente a la ausencia de transporte público en determinadas zonas; c) Las alianzas [como paliativo improvisado y exiguo] entre el Gobierno Municipal y los vecinos de una zona, que usualmente otorgan autorizaciones de operación a un sindicato, perjudicando a otro [¡dos micropoderes en competencia no pueden trabajar en una misma zona, caso contrario el conflicto es inminente!].

Ninguna de estas alianzas favorece al principal destinatario de la gestión pública en transporte: el ciudadano.

¿Por qué el Gobierno Municipal recurre a las alianzas temporales e improvisadas y no hace gestión? Se trata, básicamente, de un problema de gobernabilidad municipal. La gobernabilidad no está relacionada con el porcentaje de apoyo electoral; más bien se trata de la capacidad de formular e implementar políticas públicas con eficacia y legitimidad, respondiendo a las múltiples necesidades y demandas de la sociedad. ¿Ha logrado este cometido el Gobierno Municipal en lo referente al transporte público? El nivel de gobernabilidad municipal es bajo. La Alcaldía no ha logrado implementar políticas públicas sólidas y de largo aliento. Probablemente todos los problemas actuales del transporte público los resolvería la Ley Municipal N° 015 de Transporte y Tránsito Urbano y sus reglamentos, sin embargo, la legislación no es suficiente.

El resultado es evidente: “El transporte público en Bolivia es un caos ordenado”, así señaló el filósofo suizo Josef Estermann en alguna ocasión. El caso de La Paz no es la excepción. A nuestro criterio es un caos, porque las normas [leyes y reglamentos] que debieran regularlo son puramente ornamentales, sin aplicación práctica. Los burócratas y tecnócratas encargados del asunto encuentran nuevas excusas para postergar indefinidamente el cumplimiento de la norma. El caos es ordenado porque al margen de la alcaldía y de la normativa, los micropoderes del transporte y la ciudadanía han establecido sus propias reglas consuetudinarias, contingentes y coyunturales para enfrentar los problemas cotidianos.

¿Dónde queda la ciudadanía? Las juntas vecinales son un espacio importante donde las necesidades y demandas en el tema de transporte público se reactualizan y adquieren carácter colectivo, logrando presentarse con fuerza ante el municipio. Sin embargo, el problema de las juntas vecinales es que establecen demandas sectoriales, no luchan por toda la ciudad. Al ser atomizados y dispersos sus requerimientos, suelen ser desestimados por el Gobierno Municipal, que se encuentra ante una sobrecarga de demandas y solicitudes de la ciudadanía, que sobrepasan su capacidad de respuesta.

El transporte público es un problema primordialmente social, que actualmente se encuentra altamente politizado. El acceso del ciudadano al transporte público no ha mejorado significativamente. ¿Por qué? Probablemente por el marcado temor de las autoridades municipales frente a las represalias de los transportistas en caso de una regulación efectiva y verdadera.

Con el fin de evitar el conflicto se negocia lo innegociable: un servicio. Está claro, un paro de transporte prolongado, que condense y articule los micropoderes, podría derrocar un gobierno.


* Esther Eunice Calderón Zárate es Politóloga y representante de la Comunidad Crítica Creativa.

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