noviembre 29, 2020

“Justicia para las víctimas de la Masacre de Porvenir”

por: Rider Mollinedo 

Las órdenes que se dieron para disparar a mansalva a los campesinos provenían de la primera autoridad.

El 11 de septiembre de 2008, Bolivia entera fue asolada por la noticia de la pérdida de vidas humanas en Porvenir, Pando. Trece muertos y 59 heridos fue el trágico resultado de la denominada “Masacre de Porvenir”, en el contexto de un golpe cívico-prefectural que pretendía derrocar al gobierno de Evo Morales y sumir al país en una guerra civil.

El (ex) Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, fue acusado por el Ministerio Público como autor intelectual de estos hechos violentos. A casi siete años de la tragedia La Época le consultó a la diputada nacional Sonia Brito Sandoval, ex presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz y ex vicepresidenta en el ámbito nacional, sobre este caso.

Rider Mollinedo (RM).-A casi 7 años de los acontecimientos que se suscitaron en Porvenir, Pando, Leopoldo Fernández es sindicado como el autor intelectual de estos hechos ¿Cuáles son las razones que llevan a esta afirmación?

Sonia Brito Sandoval (SB).- La masacre del Tahuamanu es parte de nuestra historia reciente, misma que aún no ha encontrado justicia. Se dio en un contexto, cuando los grupos de poder atrincherados en lo que se denominaba la “media luna” y a la cabeza de los entonces prefectos, se resistían al proceso de cambio que se iniciaba en el país y movilizaron a sus grupos de choque para enfrentar al gobierno y a los movimientos sociales.

Es evidente que son 13 muertos, pero existe más de un centenar de heridos que han quedado con secuelas hasta el día de hoy

En ese momento, Leopoldo Fernández era el Prefecto de Pando, la máxima autoridad del departamento, por tanto todas las órdenes que se dieron para disparar a mansalva a los campesinos vienen de la primera autoridad. Es él quien ordena hacer las 2 zanjas en Tres Barracas y en Cachuelita para que no pase la marcha de campesinos, quienes se trasladaban a Cobija a defender sus papeles en el INRA porque había concluido el saneamiento de sus tierras y temían que los grupos de los unionistas y los cívicos destruyeran sus títulos, como lo hicieron en Santa Cruz.

Es también aquel señor quien ordena la toma del INRA por parte de estos grupos irregulares, es decir, por supuesto que tiene participación criminal en los hechos y la calificación corresponde al tribunal del juicio.

RM.- Hasta el presente ¿se encontró alguna nueva prueba o indicio que evidencie la culpabilidad del ex Prefecto de Pando?

SB.- En todo el proceso se ha demostrado fehacientemente la responsabilidad no sólo del señor Fernández sino también de sus colaboradores. Las pruebas se han presentado en el juicio y estamos hablando de pruebas testimoniales, documentales, materiales, videos, publicaciones de prensa, informes oficiales de organismos nacionales e internacionales, inspecciones oculares, etc. Esta es la base sustancial de la sentencia.

RM.- ¿Cuáles son los motivos por los que el proceso penal se ha dilatado tanto?

SB.- El aparato judicial ineficiente heredado del pasado y la misma estrategia de retardación de la defensa de Fernández al inicio del juicio, que recusó 30 veces a los jueces; la suspensión de audiencias por más de 40 veces; las reiteradas suspensiones de audiencias ya sea por motivos de enfermedad, por ausencia de algunos acusados o de sus abogados y por diversas situaciones son las razones por las que se dilató el proceso. Fueron ellos los que apostaron a su alargamiento.

Además se debe tomar en cuenta que se produjo muchísima prueba de cargo y descargo, en el marco del debido proceso, escuchando de ambas partes sus alegatos. Se debe recordar que se trata de 26 acusados. De éstos, tres ya fueron condenados. Ahora hay cuatro en el proceso mismo y los demás han huido encontrándose como rebeldes.

RM.- ¿Qué opinión le merece la contradictoria actitud asumida por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en los días anteriores, cuando se habló de su desistimiento en el caso Porvenir?

SB.- Es importante aclarar que no fue la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia quien intentó desistir del juicio y que las Asambleas Departamentales desconocían de esta arbitraria decisión, sino fue la cabeza de esta entidad, quienes hoy fungen como Presidenta y Vicepresidenta (Yolanda Herrera y Ligia Pinto) quienes instruyen a los abogados para que procedan con el desistimiento, tal como declaró públicamente la abogada Suárez en medios de comunicación, pero al ver la reacción de indignación de sus propias bases, además de los presidentes, fundadores y miembros antiguos, quienes condenaron esta desacertada decisión, tuvieron que retractarse, echando la culpa a dos abogados que lo único que hicieron fue cumplir sus órdenes.

La APDHB es una entidad de mucho prestigio, que tiene una larga trayectoria de lucha contra los violadores de derechos humanos. Fue parte del juicio contra García Meza y sus colaboradores, contra los paramilitares que asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz y otras víctimas. Fue también parte del juicio contra Sánchez de Lozada y, por último, contra Leopoldo Fernández y sus colaboradores.

Independientemente que los familiares puedan en el camino desistir o abandonar los juicios, la Asamblea es querellante porque representa a la sociedad, no necesariamente a las familias. Se trata de una institución defensora de los derechos humanos, misma que se constituye en una garantía para el debido proceso en búsqueda de que se haga justicia. Por ello, esta vergonzosa actitud constituye un verdadero acto de traición a las víctimas, a sus familiares y al pueblo boliviano.

Una entidad seria no puede desdecirse de sus propios informes, de sus acusaciones, de las pruebas que presentó, de las denuncias nacionales e internacionales que realizó. No puede hacer quedar mal a los organismos internacionales de derechos humanos como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que llegaron al país con esta denuncia y que hoy están esperando y monitoreando este proceso.

Al parecer, estas señoras olvidaron el rol de las organizaciones de DDHH. Olvidaron que históricamente, a nivel internacional, las organizaciones de DDHH mantienen una actitud consecuente durante décadas más allá de los resultados de los juicios. Entonces nos preguntamos ¿por qué actuaron de esta manera? ¿qué móviles se dieron para semejante traición?

RM.- Hace unos días Leopoldo Fernández se refirió a una “presión gubernamental” para declararlo culpable ¿Qué puede decir al respecto?

SB.- Fernández ha estado apostando a la estrategia de victimización mediática porque sabe que hay pruebas contundentes en su contra, de ahí que le conviene echar la culpa al gobierno. Si fuera cierto lo que dice este juicio no hubiera durado tanto tiempo y ya habría una sentencia hace muchos años. Por tanto, no son ciertas sus declaraciones.

RM.- ¿Qué es lo que toca esperar en lo concerniente a este caso?

SB.- El juicio se encuentra en su fase final. Se darán los últimos alegatos y conclusión del juicio. Lo que la sociedad en general y las víctimas en particular piden es que no haya impunidad, que el Estado responda al pedido de acceso a la justicia de las partes en conflicto. Esto es lo sustancial en un Estado democrático, por lo que este proceso debe concluir. Debe haber justicia para las víctimas de la Masacre de Porvenir.

El Pueblo boliviano espera que se haga justicia. Que se dé una histórica sentencia que honre a los 13 muertos de Porvenir y se sancione a los culpables, para que nunca más se repita esta historia negra en nuestro país.

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