Por José Galindo *-.
La institucionalidad de los Derechos Humanos en Bolivia atraviesa una crisis sin precedentes en la historia del país, con instancias que se suponen deberían velar por el resguardo de estos mismos derechos, posicionándose abiertamente a favor de los perpetradores. Más que un asunto de amarga ironía, dicho desprecio por los derechos de las víctimas de Sacaba y Senkata podría ser el clivaje de donde emerja una derecha abiertamente autoritaria e inocultablemente fascista. Es decir, una derecha sin la necesidad de disimular su desprecio por la vida.
El arribo de las víctimas de las masacres de noviembre de 2019 a la sede de gobierno fue uno de los acontecimientos más importantes de esta semana. Acompañados por el exrepresentante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca Apaza, los principales afectados por las acciones represivas del anterior Gobierno llegaron el lunes 25 desde el municipio de Caracollo, tras casi siete días de caminata. Su principal objetivo, lo dicen, es conseguir justicia, más allá de cualquier reivindicación política. Esto en un país donde la impunidad del Estado y las clases privilegiadas son casi la norma cuando se trata de violaciones a los Derechos Humanos.
El silencio de las instancias oficialmente llamadas a defender esos mismos derechos fundamentales, por otra parte, resulta elocuente y preocupante. No se trata, solamente, de una expresión inequívoca de desprecio hacia los Derechos Humanos de personas que no consideran sus iguales, sino de la partidización de un problema que en cualquier otra sociedad despertaría la condena de todos sus miembros, sin excepción alguna. En Bolivia, sin embargo, el asesinato premeditado de más de una treintena de personas no parece importar a las mismas personas que debieran defender los Derechos Humanos, ni a los medios que dicen alinearse con los principios de la democracia. Una vez que se ha cruzado esa línea, cuando se ha perdido el respeto por la vida de las personas, cualquier cosa puede suceder.
Vulgar ironía
Y tal como se advertía desde un principio, ninguno de los representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb) y el Comité en Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal y Manuel Morales, respectivamente, se pronunciaron acerca de la llegada de las víctimas de las masacres de Sacaba a la ciudad de La Paz, a pesar de que se trataba de un acontecimiento anunciado desde hace más de una semana.
En vez de ello, Carvajal, cuya pertenencia a la Apdhb ha sido puesta en duda por los propios miembros de esa institución, llamó al día siguiente a iniciar una campaña para lograr la liberación de lo que ella considera son presos políticos del actual Gobierno, en su mayor parte autoridades gubernamentales, efectivos policiales y militares, y miembros de organizaciones paramilitares, todas involucradas con hechos de violación sistemática a los Derechos Humanos después del derrocamiento de la presidencia de Evo Morales en 2019. Una posición repudiada por muchos como una paradójica defensa de justamente aquellos a quienes la Apdhb debe denunciar. Para ser justos, la institución en cuestión ha anunciado que renovará su directiva en un mes, en clara alusión a la octogenaria que ha monopolizado su representación gracias a la cobertura de un medio en especial: Página Siete.
Más lejos todavía quedó Manuel Morales, exmilitante izquierdista y ahora alineado a los sectores de la élite boliviana, quien fungiendo como máximo representante del Conade, organización creada para enfrentar a las dictaduras militares durante los años 70, ignoró por completo todo lo relacionado a los derechos de las víctimas de las masacres e incluso a los victimarios, y se limitó a llamar a la población boliviana a unirse a una serie de protestas programadas a partir del 8 de noviembre contra la Ley 1386, de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
Que dos de los principales representantes de la oposición política se sirvan de plataformas y discursos relacionados a los Derechos Humanos y la democracia, mientras se dedican a defender a quienes vulneran ambos principios, y al mismo tiempo desoyen o abiertamente desestiman a quienes en realidad fueron despojados de sus derechos más básicos por un Gobierno al que apoyaron casi militantemente no deja de ser una ironía, una muy vulgar, perceptible en un hecho más. Durante las demostraciones en reivindicación de la Wiphala, el pasado 19 de octubre, Thomas Becker, abogado de las víctimas de esa otra gran masacre en 2003, fue agredido por miembros del Conade y plataformas del 21-F, que se muestran a sí mismos, y sin mucho sentido del humor, como defensores de la democracia y los Derechos Humanos.
Entre la solidaridad y la indiferencia
Los medios de comunicación hegemónicos, término utilizado para señalar su relativamente amplia cobertura dentro del país, por otra parte, se vieron obligados a atender la noticia a pesar de que un año antes establecieron lo que algunos expertos han catalogado como un “cerco mediático”, cuyo objetivo fue acallar a las víctimas de ambas masacres, llegando al extremo de presentarlos como vándalos y terroristas, justificando con ello la violación de sus derechos. Es decir, en complicidad con ejecutores de delitos denunciados por una comisión compuesta por especialistas internacionales organizada por la propia Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Los titulares de estas empresas mediáticas, sin embargo, estuvieron más enfocados en señalar aspectos relacionados con la estancia de las víctimas en la ciudad de La Paz que en su condición propiamente de víctimas.
El Gobierno, a pesar de los intereses que comparte con los movilizados para juzgar y condenar a los responsables de lo que el GIEI llamó “ejecuciones extrajudiciales”, tardó más de lo esperado en atender a las víctimas y acoger su pliego petitorio, lo que se reflejó en una escena advertida por muchos como inesperada y hasta paradójica, puesto que tras su llegada los marchistas tuvieron prohibido el ingreso a la Plaza Murillo, donde residen los órganos Ejecutivo y Legislativo del Estado, por casi seis horas. Fueron obstaculizados por un cerco policial, es decir, por el mismo sector responsable de las masacres que habían llegado para denunciar. Poco después, no obstante, fueron recibidos por el viceministro de Seguridad, Roberto Ríos. Se reunieron luego con otras autoridades del Ejecutivo, entre ellos la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Los marchistas fueron alojados por la Central Obrera Boliviana (COB) esa misma noche, algo que no tardaron en informar los medios con cierto tono de denuncia, como reclamando un trato que no podría ser considerado como nada menos que humano en cualquier parte del mundo, al tratarse de familiares de víctimas de asesinatos masivos y uso de violencia indiscriminada.
La reacción de la COB ante la llegada de las víctimas, empero, resulta más reveladora que la de los medios y el gremio periodístico, cuyas tendencias conservadoras e inclinadas a favorecer a las clases pudientes hacen previsible su tratamiento de los hechos (y de los protagonistas). Se trató, en principio, de un gesto de solidaridad de un sector cuya relevancia dentro del llamado Proceso de Cambio siempre ha sido variable, así como su lealtad hacia el mismo, pero cuya propia composición social la inclinaron inexorablemente a identificarse con los que sufrieron el abuso por parte del régimen de Jeanine Áñez. El día siguiente, las organizaciones miembros del Pacto de Unidad, principal base social del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), emitió un pronunciamiento que en su tercer punto demanda específicamente celeridad para que la justicia actúe en favor de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.
Las expresiones de solidaridad y apoyo popular hacia los que sufrieron la violación sistemática de sus derechos fundamentales en el interinato inconstitucional de Áñez contrastaron, eso sí, con la indiferencia de la mayor parte de la clase media urbana paceña, y ni qué decir respecto al resto de las clases medias del resto del país. Una indiferencia notable en sectores profesionales relacionados al ejercicio de la ley, la salud o el cuidado social. Los gremios profesionales, está claro, están realmente concentrados en sus reivindicaciones sectoriales, que algunas veces coinciden con movimientos políticos, usualmente acompañados por la reafirmación de prejuicios clasistas, racistas y machistas. Conservadurismo incurable, al parecer, excepcionalmente interrumpido por minoritarios grupos relacionados a la izquierda política y sus muchas variantes. A pesar de ello, los marchistas no estuvieron solos.
Acuerdos alcanzados
Antes de abordar los acuerdos alcanzados entre los marchistas y el gobierno de Luis Arce, es necesario mencionar que el abogado defensor de las víctimas y principal impulsor de la marcha, David Inca Apaza, es una figura cuanto menos controvertida tanto en el campo político como en el mediático, pues no se trata, como a muchos les gustaría creer, de un militante del partido oficialista sino, al contrario, de uno de sus más acérrimos detractores. Aquello no lo ha llevado, sin embargo, a aliarse con la extrema derecha boliviana, tal vez porque el accionar de este último grupo siempre está más orientado a la vulneración directa y abierta de los Derechos Humanos de los sectores vulnerables. En vez de ello, Inca se ha distanciado tanto del MAS como de la oposición, lo que ha llevado a varios a especular sobre una agenda política propia por parte de este personaje que, en todo caso, estaría todavía envuelta en misterio.
Pero Inca acompañó a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes a su reunión con la Ministra de la Presidencia y otras autoridades de Estado, en la cual atendieron un pliego petitorio enviado al presidente Arce que contenía 22 reivindicaciones en favor de todos aquellos que sufrieron la vulneración de sus derechos en la segunda mitad del mes de noviembre, incluyendo no solo a las familias de las personas asesinadas, sino a todos los que sufrieron lesiones físicas y psicológicas o actos de tortura por parte de las fuerzas del orden. Estas demandas incluyen la asignación de una pensión vitalicia de cinco mil bolivianos de escala variable; la reposición de los gastos en salud en los que incurrieron tras la masacre; la asignación de empleos dentro del Estado con inamovilidad; la desvinculación de los efectivos militares y policiales involucrados en la masacre; y, por supuesto, el procesamiento de los responsables de las matanzas.
Último punto este en el que hicieron énfasis, debido a que las autoridades que dieron el visto bueno para la promulgación del Decreto Supremo 4078, que deslindaba de cualquier responsabilidad penal a las fuerzas del orden en la represión de las protestas tras la quema de la Wiphala y el derrocamiento de Morales, están siendo juzgadas pero por otro caso, el golpe de Estado, y no propiamente por las masacres o los asesinatos extrajudiciales en la Zona Sur de La Paz en esas jornadas. El decreto en cuestión fue abrogado, pero después de que más de una treintena de personas fueran masacradas en las calles, por lo que su promulgación constituye el acto que hizo posible el crimen contra sus vidas.
El Gobierno se comprometió a tratar cada una de las 22 demandas en específico a partir del 5 de noviembre de este año, tras los feriados, y a emitir un decreto que oficialice los acuerdos entre el 15 y el 19 de noviembre, fechas de las masacres de Sacaba y Senkata, respectivamente, además de otras medidas que se adoptarán para resarcir a todos los afectados. Se trataría de una demostración de voluntad política por parte del Ejecutivo para acompañar a las víctimas de las masacres en su búsqueda de justicia, en medio de una crisis atravesada por las instituciones que precisamente estaban llamadas a apoyarlas.
Justicia, Derechos Humanos y democracia
El principal obstáculo que enfrentan las víctimas de Senkata es, primero, la crisis que atraviesa el Órgano Judicial en general, que ha hecho improcedente todo esfuerzo para juzgar delitos relacionados con la violación de los Derechos Humanos e incluso pone en peligro al resto de la sociedad al actuar con niveles de arbitrariedad muy por encima del promedio regional y mundial. Se trata de uno de los peores sistemas judiciales del planeta, por lo cual la impartición de justicia se muestra difícil, pero no imposible de lograr. Ya se cuenta con los antecedentes de al menos un dictador que fue a parar a prisión a finales del siglo pasado, Luis García Meza. De la misma forma, también se han dado pasos hacia la instalación de un juicio por masacre al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos, lo que podría servir como un acto de jurisprudencia que podría ayudar a las víctimas a encontrar justicia.
El segundo obstáculo es mucho más complejo y tiene que ver con la indiferencia que han mostrado las instancias oficiales encargadas por velar por el respeto a los Derechos Humanos en el país, particularmente la Apdhb y el Conade, que además de no haberse movilizado ni pronunciado respecto al delito cometido contra las víctimas de las masacres, se han posicionado abiertamente a favor de los victimarios de lo que algunos consideran actos de genocidio, lo que sugiere que la institucionalidad en defensa de los Derechos Humanos en Bolivia atraviesa una indisimulada crisis, cruzada por intereses políticos y partidarios que, en suma, legitiman las peores vulneraciones y crímenes de lesa humanidad. Es decir, un sistema de Derechos Humanos perverso, en el pleno sentido de la palabra.
La voluntad de las víctimas, con todo, es clara: se busca evitar que la impunidad se consolide como una norma en un país proclive al empleo de la matanza como mecanismo de disciplinamiento social. Los sectores opositores al Gobierno, finalmente, cometen un error político de consecuencias todavía imprevistas al colocarse en la vereda opuesta a los Derechos Humanos, lo que los podría llevar a apostar por salidas autoritarias para sus pretensiones de forma franca y sin matices ni disimulo. En otras palabras, las masacres de Senkata y Sacaba podrían ser el parteaguas de donde emerja una derecha abiertamente autoritaria y fascista.
- Cientista político.
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