Por Javier Larraín *-.
Ricardo Gadea es el hermano menor de Hilda, la primera esposa de Ernesto Che Guevara. Estudió en Argentina y en Cuba. Dirigente nacional y fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) peruano, en 1965 protagonizó un movimiento guerrillero contra el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que desencadenó cambios políticos y sociales de importancia en el país.
Desde 1966 permaneció en prisión, hasta la amnistía e indulto a los guerrilleros y dirigentes campesinos presos otorgado por el gobierno nacionalista militar de Velasco Alvarado, en diciembre de 1970.
Periodista y comunicador social, ha publicado numerosos testimonios y análisis sobre los procesos políticos en que ha participado. Sus últimos dos libros son Hilda. Una vida por la utopía (2022) y El MIR Histórico. Luis de la Puente y Guillermo Lobatón (1921).
Para hablar acerca de Pedro Castillo y del golpe de Estado en el Perú, así como de la crisis interna por la que atraviesa el país, acudimos a esta figura de la izquierda continental.
Javier Larraín (JL).- ¿Puede ofrecernos una breve evolución del conflicto político y social en el Perú actual?
Ricardo Gadea (RG).- El gravísimo conflicto interno que hoy vivimos se inició el 7 de diciembre último, con el golpe contra el expresidente Pedro Castillo. No fue una sorpresa, en realidad. La extrema derecha enquistada en el Parlamento no reconoció la victoria electoral del maestro rural en las elecciones generales de 2021 con el voto de los peruanos del “interior del interior” del país, quienes se identificaron con sus promesas de cambio y de justicia social. Desde el primer día de su mandato le declararon la guerra en todos los campos, calificándolo de “comunista”, “ignorante” e “incapaz” de gestionar el Estado. Intentaron el derrocamiento de Castillo por todos los medios a su alcance.
Al consumar el golpe, la derecha no previó la magnitud de la protesta popular en las regiones andinas más alejadas. Las movilizaciones en defensa del voto popular y contra el golpe conmocionaron el país. Se puso al descubierto el dramático descontento de millones de compatriotas, víctimas de las políticas de sobreexplotación y privatización impuestas por el modelo económico neoliberal desde los años 90 y de la segregación racista de origen colonial heredada por la República criolla.
Desbordada por la protesta, la dictadura cívico-militar ha respondido con una sangrienta represión militar y policial. El trágico saldo hasta el momento es de 65 muertos y mil 500 heridos de bala. Se ha conformado un amplio movimiento popular de sorprendente fuerza en las regiones del sur andino y que ahora se moviliza en la ciudad de Lima. El Perú se debate en una profunda crisis institucional y política.
JL.- ¿Cuáles son las raíces de este conflicto?
RG.- Tienen que ver con el origen mismo de la República criolla, hace 200 años. Desde la primera Constitución (1823), para ser ciudadano se debía hablar y escribir en castellano, no ser jornalero ni tener un trabajo dependiente. La República de los grandes libertadores se estableció de espaldas a los pueblos aborígenes, a los quechuas, aymaras, chankas y a las poblaciones amazónicas, en esa época ampliamente mayoritarios. Esta República jamás contó con ellos, no reconoció sus derechos ni alentó su participación.
Esa es la razón por la que la extrema derecha peruana se negó a reconocer desde el primer momento la victoria electoral de Castillo, beneficiario del voto de protesta contra el sistema y del voto de las mayorías excluidas. Para la “derecha bruta y achorada” Castillo era un “indio” o un “cholo”, un ignorante por naturaleza e inferior, sin derecho alguno para intentar cambiar el modelo económico o el sistema político.
JL.- ¿Cómo y por qué el Congreso peruano decidió destituir por vacancia a Pedro Castillo? ¿En qué consiste ese recurso empleado a otros exmandatarios?
RG.- Desde el primer momento el plan de la extrema derecha fue la vacancia de Castillo mediante los mecanismos legales de que dispone el Congreso. En dos oportunidades anteriores el Parlamento discutió mociones de vacancia contra él, las que no alcanzaron los 87 votos necesarios (dos tercios del total). El 7 de diciembre todo indicaba que la derecha no reuniría los votos imprescindibles para su aprobación. La sesión del Congreso estaba programada para las tres de la tarde, primero debían intervenir el Presidente y sus abogados defensores; luego, si la moción se aprobaba en la comisión, pasaría al pleno. Todo este proceso tenía una duración de 10 días.
Antes del mediodía, sin embargo, ocurrió un hecho inesperado. Castillo leyó ante las cámaras en directo un texto disponiendo el cierre del Congreso. Este misterioso documento, del cual no tuvo conocimiento su equipo de asesores, fue el pretexto que la extrema derecha usó para convocar un pleno inmediato del Congreso y vacar al Presidente sin pasar por el procedimiento legal, aduciendo flagrancia.
En media hora, el general (r) José Williams, conocido y denunciado por su nefasto papel en la guerra interna de los 80, hoy presidente de la mesa directiva del Congreso, reunió 101 firmas para vacar por “incapacidad moral permanente” a Castillo. Estas firmas provenían no solo de las bancadas de derecha, también votaron a favor la mayoría de congresistas de Perú Libre, el Bloque Magisterial y otras bancadas de izquierda.
Así se produjo el golpe de la extrema derecha enquistada en el Congreso, muy parecido al que sufrió Bolivia en 2019. El Congreso urdió la trama legal de la vacancia, como parte de una alianza golpista con la Fiscalía de la Nación, el oligopolio mediático de la prensa y la tv mercenarias, el poder económico de las grandes corporaciones extractivistas, las Fuerzas Armadas y la Embajada norteamericana.
La vacancia no fue legal ni se aplicó conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución de 1993.
JL.- ¿Por qué?
RG.- Porque, según el Reglamento del Congreso de la República, sobre los procedimientos para los pedidos de vacancia y las causales previstas en el inciso 2) del Art. 113 de la Constitución, cuatro quintas partes del número legal de congresistas pueden acordar un plazo menor a este debate y la votación inmediata. El Congreso solo alcanzó 101 firmas, cuando el mínimo era 104, sobre un total de 130 parlamentarios.
El presidente Castillo no fue informado del último proceso de vacancia, no tuvo derecho al “antejuicio” estipulado por la Constitución ni a la defensa legal; y fue vacado por una resolución sin el mínimo legal de firmas.
Pedro Castillo fue apresado esa misma tarde por efectivos policiales, cuando todavía ejercía legalmente el cargo de Presidente.
Para que el acuerdo del Congreso entrara en vigencia debía publicarse en el diario oficial, El Peruano, mientras tanto Castillo seguía contando con la inmunidad propia de su cargo. En otras palabras, fue apresado por personal policial, atropellando la legalidad vigente. De hecho, la inmunidad recién le fue retirada una semana después, por un acuerdo específico del Congreso, cuando ya se encontraba en prisión.
La vacancia de Castillo no fue un cambio de gobierno normal y acorde con la ley, como quieren presentarlo los golpistas y su prensa. Todo lo contrario, fue un golpe, manifiestamente ilegal, con la complicidad del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, que convalidaron la operación y que han cumplido un relevante papel político en las ocho semanas transcurridas desde entonces.
JL.- A raíz de los últimos años, en que se ha aplicado el mismo recurso, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es poder real del Ejecutivo y cuál el del Legislativo y Judicial en el país? ¿Cómo está configurado el verdadero poder político en Perú?
RG.- Curiosamente, aunque la Constitución vigente es presidencialista, en los hechos ha dado lugar a una suerte de “dictadura parlamentaria”. En los últimos años al menos cinco presidentes han sido removidos de sus cargos por el Congreso, institución que cuenta con la facultad de aprobar la “incapacidad moral permanente” del presidente, con una votación mínima de los dos tercios del total de sus miembros.
Es absurdo que no exista una definición precisa de la “incapacidad moral permanente”. En otros países la impugnación presidencial requiere de un proceso judicial que pruebe la comisión de determinados delitos, mientras que en el Perú solo se necesitan 87 votos del Congreso, es decir, de una institución que cuenta con un índice de aprobación de la ciudadanía de 7%.
Por otra parte, como los más altos cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional son elegidos en el Congreso, esto se presta a alianzas y condicionamientos políticos en beneficio de los grupos de extrema derecha.
Estos hechos demuestran que el sistema político creado por la Constitución fujimorista es calamitoso. Los partidos no existen. Las elecciones son manipuladas por el poder económico y las mafias. La corrupción campea a sus anchas en el aparato del Estado. Los jueces trabajan para el narcotráfico. El Congreso se convierte en el refugio de los intereses más retardatarios. Y no solo se trata del sistema político y de partidos, también el propio modelo económico neoliberal no ha hecho más que profundizar las abismales diferencias en la sociedad peruana.
Es conveniente recordar que el rol del Perú en el sistema capitalista mundial es de productor neto de materias primas (minerales, petróleo, gas, pesca, productos agropecuarios). Las dos terceras partes de su Producto Interno Bruto (PIB) son generadas por el sector más avanzado de la economía, controlado por poderosas corporaciones extranjeras que gozan de un trato privilegiado por parte del Estado, que se dedican a la exportación de materias primas. El otro tercio del PIB proviene de empresas medianas y pequeñas que producen para el mercado interno. Este sector es de menor productividad y en gran medida informal, algunos autores lo definen como una “economía capitalista de subsistencia”.
JL.- ¿Cómo evalúa, al comienzo de esta crisis, la decisión del exmandatario de clausurar el Congreso?
RG.- Hasta ahora no se conoce el origen del documento ni quienes convencieron a Castillo de darle lectura. Todo indica que la supuesta clausura del Congreso fue parte del plan para vacar al Presidente. Llama mucho la atención que del lunes 5 al miércoles 7 de diciembre fuera ministro de Defensa el general (r) Emilio Bobbio, que llegó al cargo precedido de cierta imagen izquierdista por su vinculación con Antauro Humala. Algunos órganos de prensa derechistas incluso alertaron sobre el riesgo de un posible golpe militar a favor de Castillo. Simultáneamente, asumió la Comandancia General del Ejército el general Walter Córdova.
Lo notable es que en el cortísimo lapso en que ejerció el cargo, el nuevo Ministro de Defensa se reunió, el martes 6, con la entonces embajadora de los Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, bien conocida por su experiencia de oficial de la CIA y su intervención en Medio Oriente. Llama también la atención que Bobbio presentara su renuncia al mediodía del día 7, apenas difundido el texto leído por Castillo. Poco después hizo lo mismo Córdova, aduciendo “razones personales”.
Por tales coincidencias es posible sospechar que la lectura del documento de cierre del Congreso por parte de Castillo pudo ser parte de una operación de inteligencia. Los generales renunciantes constituían el vínculo oficial del Presidente con las Fuerzas Armadas. Si Castillo tuvo la intención de cerrar el Congreso, solo se puede suponer que lo hizo con la promesa de apoyo de ciertos mandos militares.
JL.- ¿Quién es Dina Boluarte y cómo se comprende que en calidad de Vicepresidenta se haya sumado al derrocamiento de Castillo?
RG.- Dina Boluarte ha sido funcionaria de carrera del Estado. Su mayor mérito político antes de las elecciones de 2021 fue su elección como presidenta del Club Departamental Apurímac. Este cargo le valió para que Perú Libre, que carecía de cuadros destacados, la eligiera en la fórmula de Pedro Castillo.
Durante más de medio año la extrema derecha del Congreso intentó liquidarla políticamente, con una denuncia constitucional por no renunciar a tiempo a su cargo en el Club. Pretendían cesarla como Vicepresidenta, a fin de que al vacar a Pedro Castillo la presidencia de la República quedara en manos del titular de la mesa directiva del Congreso, José Williams.
Sorprendentemente, el lunes 5 de diciembre, 48 horas antes del golpe, la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió exculpar a Dina Boluarte, anulando todas las acusaciones en su contra. De esta forma, el golpe de Estado pudo mantener la apariencia de un cambio constitucional.
Todo indica que, por sus propias ambiciones, Boluarte prefirió aliarse al grupo golpista y convertirse en la fachada de la dictadura. Ha asumido el discurso de la extrema derecha. En los hechos es una operadora del golpe.
JL.- ¿Cuál es la situación legal de Castillo?
RG.- El expresidente Castillo permanece preso en el Penal de Barbadillo, distrito de Ate, en Lima. Es un centro carcelario que alberga a solo dos presos. El otro es el exdictador de los 90, Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad.
La Corte Suprema ha dispuesto que Castillo cumpla en el Penal de Barbadillo 18 meses de prisión preventiva por los delitos de rebelión y otros. Las autoridades judiciales han desestimado sistemáticamente todos los alegatos de la defensa de Castillo y las apelaciones presentadas. No hay duda que las autoridades judiciales respaldan plenamente el golpe.
* Profesor de Historia y Geografía.
- Cortesía de la revista Correo del Alba – https://correodelalba.org
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