Por Diego Portal -.
La democracia tiene reglas que están social y políticamente aceptadas plenamente, aun cuando se tengan observaciones, e incluso, desacuerdos. Esta democracia formal, de carácter liberal, con detalles progresistas incorporados en el último texto constitucional, no ha dejado de lado su contenido de clase y sus reglas y procedimientos, con los cuales, reitero, podemos no estar de acuerdo, pero que al asumirlos como forma de gobierno y participar de ella en todas sus instancias, estamos reconociendo su legalidad y, por tanto, su observancia y cumplimiento.
Habrá que agregar, que un sistema democrático, no significa solamente asistir de forma periódica (cada cinco años nos dice la constitución boliviana) a emitir el voto para elegir a los representantes, sino que, establece, además, una serie de derechos y obligaciones, para todos como ciudadanos, gobernantes y gobernados, sea en forma individual y colectiva, en los términos que el propio sistema lo permite.
Cuando desde algún sector político o social surgen planteamientos que exceden los marcos del funcionamiento democrático, cuando se lanzan amenazas o advertencias de incendiar el país, paralizarlo con bloqueos, dejar a las ciudades sin alimentos o cosas similares, no se pone en riesgo únicamente la estabilidad y continuidad del gobierno, o del Órgano Ejecutivo para ser más preciso, sino que se pone en entredicho y desde luego se están desconociendo las reglas básicas del sistema democrático, del gobierno de las mayorías y el respeto a los mecanismos de protesta, impugnación y demanda establecidos para todos los ciudadanos.
La institucionalidad y la separación de poderes
Una de las bases fundamentales del funcionamiento del sistema democrático, es la separación de poderes que constituye la base de la institucionalidad democrática. La Constitución establece claramente las atribuciones de cada uno de los Órganos del Estado y quien pretenda atribuirse facultades que no le correspondan, estará de manera flagrante atentado contra la convivencia democrática.
Suponiendo que el Órgano Ejecutivo elegido democráticamente, es decir, constituido con toda la legalidad y legitimidad requeridas, no cumple con las expectativas creadas por el electorado, o cumple con aquello que propuso como plan de gobierno o como políticas de gestión y el electorado se siente defraudado, la propia norma constitucional establece los caminos que se deben seguir.
Entre esos caminos, a través de los representantes legislativos, también elegidos a través del voto ciudadano, es el de demandar desde esa instancia el cumplimiento del plan de gobierno, de fiscalizar la gestión, de proponer normas que modifiquen el curso de la administración gubernamental si esta no se considera adecuada.
Asimismo, si como en la coyuntura actual, el Órgano Legislativo ha mostrado una escasa capacidad de gestión, tornándose como un actor marginal en la vida democrática cuando debió constituirse en actor principal, considerando que se trata del primer Órgano del Estado por la representación de la que esta investido; la ciudadanía cuenta con otros mecanismos establecidos en el marco constitucional, como las iniciativas ciudadanas y el referéndum revocatorio, en caso extremo, cuando se considere que determinada autoridad electa no se encuentra a la altura de las responsabilidades encomendadas.
Así como ningún Órgano puede hacer suyas atribuciones de los otros iguales en jerarquía, tampoco, ningún partido, organización social, ni persona alguna, puede atribuirse la representación del pueblo boliviano, y, a nombre de él, generar acciones totalmente al margen de la normativa. Es ahí donde empieza a quebrarse la institucionalidad democrática.
Esto no significa que el pueblo, a través de sus organizaciones, e incluso, de manera individual, pueda ejercer su pleno derecho a la protesta y a demandar atención del gobierno en cualquier tema, siempre y cuando esa demanda o exigencia, esté enmarcada en las normas vigentes. El derecho a la protesta, constitucionalmente reconocido, como cualquier otro derecho, no es ilimitado y solo puede ser admitido y atendido en la medida en que no afecte los intereses y derechos de otros bolivianos y menos los de la nación en su conjunto.
Las acciones desestabilizadoras
Una marcha de protesta o de demanda sectorial no debiera generar ninguna consecuencia que vaya en contra del país o del ciudadano, a no ser, que más allá de las legítimas demandas sectoriales, se contamine la movilización con la presencia de políticos cuyos intereses no son precisamente los de sectores que participan de la marcha o de la protesta.
Aquí hay que ver cuando menos dos elementos que constituyen una clara muestra de que la marcha que anuncia su llegada a la sede de gobierno para los próximos días, no es precisamente una movilización de demanda social, sino una acción política, cuyos fines y objetivos son claramente otros que los que supuestamente dieron origen a la marcha.
Un primer elemento, es la conducción de la marcha por parte de la dirigencia de un partido político. Para ser más precisos, de un sector de ese partido político. Eso queda totalmente claro y evidente. La demanda inicialmente dirigida al Órgano Electoral exigiendo el reconocimiento del congreso de esa fracción partidaria no es responsabilidad ni competencia del Ejecutivo, por lo cual, ésta debiera entenderse como tal. Mezclar esta demanda con una posterior habilitación de su candidato para las elecciones del próximo año, tampoco corresponde al ejecutivo.
Sin embargo, muy sueltos de cuerpo, varios voceros de la marcha han anunciado, ya, que si no se atienden esas demandas de manera favorable “incendiarán el país” y que “no responde por lo que pueda suceder a su llegada a la ciudad de La Paz”. Otro de sus voceros ha advertido a los vocales del Órgano Electoral que ya vayan buscándose otras pegas, porque serán echados “a patadas”. Evidentemente, estas ya no son demandas sociales, ni nada parecido.
Un segundo elemento, es la confluencia de acciones desestabilizadoras en el mismo tiempo y espacio, aun cuando entre ellos nieguen relación alguna. No son casualidades que un grupo de campesinos de algunas provincias paceñas, realicen un bloqueo de caminos en cuanto menos dos rutas internacionales y estén amenazando con extender el bloqueo a todo el departamento y dejar sin alimentos a la ciudad de La Paz. Casualmente, organizaciones gremiales y de autotransporte, asumen medidas de presión como paralización de actividades bajo la supuesta demanda de dólares y combustible. Estas casualidades muestran nuevamente que no se trata de una acción aislada de una fracción política.
Un tercer elemento, el más significativo de esta avalancha antidemocrática, pasa por la exigencia de renuncia del presidente y del vicepresidente, la convocatoria adelantada a elecciones nacionales y la apertura de la sucesión constitucional hacia el presidente del senado.
La renuncia de una autoridad, incluida la del primer mandatario, puede ser solicitada por cualquier ciudadano, con o sin razones, eso no es ilegal ni antidemocrático, pero cambia totalmente cuando esa solicitud se convierte en exigencia y en una serie de amenazas con acciones que dejan de ser de protesta para convertirse en operaciones desestabilizadoras, claramente antidemocráticas.
Eso es lo que estamos viviendo durante los últimos días en el país. La zozobra y la incertidumbre se empiezan a posicionar en la ciudadanía, con un fuerte apoyo mediático, ante consecuencias imprevisibles que se podrían generar de la acción antidemocrática y potencialmente violenta de estos grupos sediciosos. Mucho más si se agregan declaraciones fuera de lugar, como la de la Asamblea de la Alteñidad, que solo sirve para echarle más leña a la hoguera, que en nada contribuyen para encontrar caminos de solución, y que solamente favorecen a la autovictimización de los promotores de la violencia y la sedición.
Hay grupos que están impulsando la desestabilización, que creen que su radicalidad podrá llevarlos por el camino de la retoma del poder. Pero no toman en cuenta que de tanto querer estar a la izquierda de la izquierda, como el mudo da vueltas, en un descuido pueden aparecer a la derecha de la derecha. Ojo, no están muy lejos de aquello. Cruzar ríos de sangre ya no parece tan lejano para quienes quieren tomar el poder a como dé lugar, incluso de la mano de quienes los sacaron del gobierno por la vía del golpe y los mandaron al exilio.
El camino del dialogo y las propuestas
Medir fuerzas en las calles o en las carreteras no establece solución alguna para los problemas sobre los cuales exigen solución. Es decir, falta de dólares, combustibles o alza de los precios de la canasta familiar, sino solo es el camino para un enfrentamiento fratricida entre bolivianos.
El gobierno, y felizmente varios sectores de la sociedad, han expresado voluntad de diálogo, pero para que aquello se pueda materializar se requiere voluntad de todas las partes involucradas, incluidos los partidos políticos, especialmente aquellos que tienen representación parlamentaria.
De todos aquellos que hablan de crisis, de problemas sectoriales, no se ha conocido hasta ahora propuestas concretas para encarar dichos problemas. Ni las organizaciones sociales en conflicto, ni los partidos políticos se han pronunciado de manera clara. El gobierno ha convocado a mesas de trabajo a varios sectores y está poniendo toda su voluntad y capacidad de gestión, para ir encontrando caminos de solución a una crisis que no es exclusiva de Bolivia y que tampoco es de única responsabilidad del actual gobierno por todos los problemas heredados de la pandemia, del gobierno de facto, y de los errores y omisiones del anterior gobierno constitucional.
Sin embargo, ni organizaciones ni partidos, hasta ahora, expresan su voluntad de sentarse en una mesa de diálogo para debatir propuestas, sin insultos ni amenazas; mostrando que en realidad no les interesa el país y la solución de los problemas que aquejan a la población, sino únicamente sus objetivos políticos que pueden resumirse en su angurria de poder, en sus deseos irrefrenables de tomar el poder, al asalto, puesto que al parecer ya han descartado la opción democrática de esperar las próximas elecciones en la fecha prevista, y someterse al escrutinio de ciudadano que con su voto determinará quien debe gobernar el país y quienes deben aceptar que cumplieron su ciclo y que por el bien de la patria, deben retirarse a sus cuarteles de invierno y dejar que Bolivia siga consolidando su democracia y solucionando sus problemas en pacífica convivencia.
La democracia no está hecha para satisfacer los deseos de determinadas personas o sectores. Nadie puede desear una democracia a su medida para satisfacer sus gustos, y si no es así, patear el tablero y mandar al trasto este sistema que ha costado sangre humilde durante el último medio siglo. La obligación democrática, de consecuencia y lealtad con el pueblo, es preservar por encima de cualquier interés particular, la democracia boliviana, que, con sus aciertos y errores, es la que los ciudadanos de este país han elegido con su forma de convivencia.
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