octubre 15, 2021

Universidades: caminos atravesados

Constituciones

Es dudoso afirmar que en Bolivia las políticas públicas implementadas en la última década del siglo XX convirtieran al sistema de Educación Superior público y autónomo en un mercado educativo o que hubieran logrado su privatización, como ocurrió en otros países, como Chile. Los principales impactos, se manifestaron en la racionalidad de la competitividad, calidad y mercado, a través de la legitimidad establecida por los procesos de evaluación-acreditación, pero no así con modificaciones en la estructura institucional.

La universidad pública no se privatizó ni se introdujeron el cobro de colegiaturas a los estudiantes; sin embargo se observaron señales de mercantilización principalmente a nivel del posgrado, que no son gratuitos como el pregrado. En cambio se generó un mercado educativo universitario desregulado en el campo privado como consecuencia de su expansión (controlan entre el 25 y el 30% de la matrícula), donde prima la lógica de la competitividad por alumnos/clientes y profesores proletarizados y donde se imponen comportamientos mercantilistas y de lucro, nunca antes vistos en la vida universitaria en Bolivia (“capitalismo académico”). Sin embargo, dentro los enunciados de las actuales políticas universitarias no hay críticas a la mercantilización del sector privado.

Desde el 2006 se fue constituyendo desde las esferas oficiales una tendencia de reforma universitaria desde una lectura “indigenista, indianista u originaria”. Pese a la ausencia de marcos definidos, es evidente que se plantea para las universidades una reorientación política, ideológica y epistemológica y también una transformación estructural/territorial (Desconcentración). Se estableció un giro discursivo radical, que mantiene algunos vestigios del discurso neoliberal modernizador y que pone su énfasis en las contradicciones de carácter ideológico multicultural y en la inclusión social, distanciándose del análisis economicista característico de las políticas educativas de los 90 del siglo pasado. Se busca también universidades orientadas por una visión productivista, vinculadas a los procesos de desarrollo económico y social.

Dilemas

Empero, de igual manera que en los años 90 del siglo pasado, Bolivia se encuentra con un Gobierno con débil capacidad instrumental en el campo educativo, aunque cuente claramente en el campo político con una mayor hegemonía y legitimidad social. Pese a ello, las universidades públicas y privadas, han logrado frenar las escasas iniciativas de reforma, logrando concretar en el nuevo proyecto constitucional pactos, que más allá de pequeñas modificaciones, reproducen el statu quo. Esto significa que en contraste con la revolución en la estructura en otros órdenes, la situación y el estatus de las universidades públicas y privadas prácticamente no haya cambiado en relación a lo que prevalecía décadas pasadas; salvo para incorporar el tema de la interculturalidad, lo que significa de todas manera un vuelco profundo. Si en la década pasada se hablaba de calidad como eje de la reforma universitaria, ahora se enfatiza en la inclusión social, con procesos de discriminación cognitiva para los indígenas.

Sin embargo, para poder llevar a la práctica estos principios no se tienen —en las universidades ni en el Gobierno— ni las bases conceptuales necesarias ni los mecanismos de planificación y gestión; tampoco la investigación y la sistematización de estos saberes no tradicionales está suficientemente avanzada como para poder ser incorporados de manera automática; más aún cuando la Universidad como institución formal y secular ha sido la cuna y eco del saber científico occidental y su misma lógica de estructuración y funcionamiento responde al formato epistemológico que define esa su naturaleza.

En estas condiciones, las universidades se resisten a introducir sin más los saberes y tecnologías indígenas como establece la Constitución. Hasta ahora no han dado este paso, aproximándose con quienes que no concuerdan con la propuesta gubernamental de Estado Plurinacional. En otras palabras operan como bastiones de los sectores que enarbolan un discurso mestizo, opuesto a la etnización (Descolonización) cultural que pretende el presidente Evo Morales. Si bien, y a partir de esta lectura, es posible explicar las violentas movilizaciones universitarias la situación va mucho más allá.

La Universidad pública no acompaña el proceso de cambio en que está empeñado el presidente Morales. Las políticas de etnización del discurso estatal y del reclutamiento del personal gubernamental, han golpeado a una institución cuyo capital simbólico se basa en garantizar movilidad social y en el acceso, vía profesión, al núcleo de la clase media. Situación que es más fuerte para aquellos sectores “populares” que pertenecen a la primera generación familiar que accede a la universidad y que se siente relegada de los beneficios de la profesionalización que han gozado generaciones precedentes.

La crisis tiene otras señales. Los dirigentes estudiantiles, han perdido la antigua capacidad de verse como actores de la política nacional, acumulando capital para saltar de las universidades hacia el parlamento o formar parte del personal gubernamental. Estos puestos se reclutan ahora por otras vías (sindicatos, comunidades indígenas, etc.) donde el título profesional no constituye mérito e incluso puede verse con sospecha.

La entidad pública, en su conjunto, tampoco es un actor político convocado o influyente, como en el pasado, a la hora de dar opinión sobre el las reformas. Su silencio es expresión de su desconcierto y de su corporativización. Situación que las afecta profundamente, pues sin estar en contra del presidente Morales, tampoco le son afines. Persisten pues dudas razonable sobre si serán capaces de acompañar los procesos sociales y políticos de transformación en curso o si, que por el contrario, veremos a instituciones universitarias opuestas a cualquier tipo de transformación de su estatus jurídico, como parecen presagiar las marchas más recientes (médicos). Para decirlo en otros términos, la revolución que cruza Bolivia, se hace sin el concurso de la universidad pública y mucho menos la privada, preocupada más bien de maximizar su rentabilidad.

Caminos

El desafío está pues en establecer, cómo y a través de qué transformaciones claves se posibilitará una reforma de la Educación Superior, pensando en los escenarios concretos donde ésta se desarrollará y en los actores que harán realidad esos cambios, que, en el caso de las entidades públicas, debe partir de respetar su Autonomía y su presencia y en el casos de las privadas debe establecer mecanismo de regulación y certificación.

Empero una vez más, encontramos políticas que aparecen como manifestaciones abstractas, sin que estén acompañadas de medidas capaces de resolver los problemas de fondo en una sociedad que avanza hacia la construcción de una sociedad multicultural y que requiere de una universidad que acompañe estas transformaciones. Sin duda el mayor déficit de la Educación Superior en Bolivia desde hace décadas, es la ausencia de una profunda capacidad de autoreforma. En estas condiciones parece corresponder a los sectores universitarios, pero con el apoyo de los movimientos sociales y en alianza con el Estado, impulsar una nueva reforma cuyos horizontes apenas se han esbozado. Reforma que no tendrá efectos reales sobre el sistema universitario si no se puede llegar a su seno a partir de un profundo proceso de diálogo y concertación.

*          El autor fue dirigente y docente universitario. Decano de la Facultad de Economía de la UMSS y Viceministro de Educación Superior.

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