Por Soledad Buendía Herdoíza-.
El matrimonio infantil, el embarazo infantil forzado y la violencia sexual son manifestaciones de la violencia estructural de la sociedad. El problema de la violencia debe ser abordado de forma sistémica y multidimensional y necesariamente con un enfoque de género para develar el continuum de la misma; Roxana Arroyo, en su trabajo sobre la violencia estructural de género plantea que la violencia y la discriminación son fenómenos intrínsicos a las sociedades.
El patriarcado es un sistema de dominación y de ejercicio de poder que construye patrones de género y asigna determinados roles, que naturalizan la discriminación hacia las mujeres y las niñas. La violencia estructural de género relaciona todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, esta se encuentra encubierta en el seno mismo de la sociedad y se perpetúa, reproduce y se reafirma en las prácticas sociales, se visibiliza en todos los aspectos de la vida, como plantea Arroyo.
La violencia sexual es una de las formas de violencia más extrema que sufren las mujeres y las niñas y se define como cualquier acto sexual cometido en contra de la voluntad de otra persona, ya sea porque la víctima no otorga el consentimiento o porque el consentimiento no puede ser otorgado por razones de edad, por alguna discapacidad o por algún estado de inconsciencia.
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 1.1 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida. Las niñas están más expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia sexual. Sin embargo, la intersección de diferentes características o factores contextuales como la pobreza, etnia, discapacidad, estatus migratorio, situación de desplazamiento, situación de abandono, entre otros, aumentan su vulnerabilidad y las condicionan a enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia o a servicios de apoyo.
La comunidad internacional ha creado diversos instrumentos jurídicos que buscan proteger y salvaguardar el bienestar y desarrollo de todas y todos los niños, niñas y adolescentes. Esta protección jurídica se extiende desde el ámbito internacional hasta el nacional y en casi todos los países de la región se han promulgado leyes de protecció., reconociéndolos como titulares de derechos.
Si bien son cada vez más los países que prohíben expresamente en sus leyes cualquier tipo de violencia, la evidencia internacional muestra que la mayoría de las estrategias para la erradicación de la violencia mantienen una visión fragmentada y reactiva y no ataca el problema de fondo; como evidencia la violencia que se mantiene e incrementa todos los días.
* Asambleísta por la Provincia de Pichincha de la Asamblea Nacional del Ecuador
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