Editorial Cambio-.
El Gobierno, a través de las instancias correspondientes y en uso de todos los instrumentos legales que están en vigencia, demostró estos días de forma fehaciente que está empeñado en la erradicación de hechos ilegales como parte de la política de “cero tolerancia a la corrupción”.
El Ejecutivo, desde 2006, creó toda una estructura para enfrentar este mal como la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Constitución Política del Estado, artículo 8, que señala: “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)”.
Estas señales de lucha implacable llegaron a instituciones como la Policía Nacional, pues se dio de baja al coronel y excomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Gonzalo Medina Sánchez; al capitán Fernando Moreira y otros debido a su vinculación a hechos delictivos.
Varios tuits escritos por el presidente Evo Morales muestran el camino para sancionar a quienes incurren en delitos. “Hemos instruido al Ministro de Gobierno y a la Policía Boliviana que continúen con las investigaciones, desarticulación y detenciones de implicados que colaboraron o cometieron delitos junto al narcotraficante Pedro Montenegro, caiga quien caiga, y con todo el peso de la ley”.
Asimismo, tras la captura de uno de los cabecillas, tuiteó: “Saludamos al @MindeGobierno y a la Policía Boliviana por la captura del narcotraficante Pedro Montenegro. Nuestra política es de lucha contra el narcotráfico y la corrupción. La Policía es una institución que debe ser ejemplo de transparencia y honestidad para nuestro pueblo”.
Estas señales fuertes e inequívocas de que el Gobierno no tolerará ningún acto irregular en la administración de la cosa pública, también llegó al ámbito de la administración. Por estas consideraciones, varios militantes del MAS fueron a parar a la cárcel, como el caso que involucró al expresidente de YPFB Santos Ramírez, condenado a 12 años de presidio por corrupción en la adjudicación de obras a la empresa Catler Uniservice.
Entre otros casos se encuentra el exdirector de la AEVivienda de Chuquisaca, Irineo Condori, quien fue remitido a la cárcel al haberse evidenciado que incurrió en delitos de corrupción por solicitar dinero para la adjudicación de obras. El caso más reciente es el alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, también enviado a prisión por denuncias de hechos ilegales en el desempeño de su cargo.
Sin embargo, políticos de la derecha neoliberal pretenden enlodar o “ningunear” la lucha contra este flagelo. Cortos de memoria, olvidan que los tiempos del neoliberalismo estuvieron caracterizados por la tolerancia, el encubrimiento y el “hoy por mí, mañana por ti”. Hay miles de ejemplos como el caso de la compra de vacunas con sobreprecio en el que estaba implicado el exministro de Salud y diputado del MIR Tonchi Marinkovic; o Huanchaca, en el que estaban implicados altos dirigentes del MNR, militares, policías y organismos como la CIA, que se encargaron de administrar la factoría de droga más grande del mundo con el objetivo de recaudar fondos para financiar la lucha de los “contras” nicaragüenses. Olvidan que millones de dólares, que formaron parte de los gastos reservados, fueron a parar a los bolsillos de los políticos que administraron el Estado.
Ahora, todos los hechos son investigados y sancionados como parte de la política de “cero tolerancia a la corrupción”. El Gobierno no pensará ni dudará ni un segundo para sancionar con todo el peso de la ley a quienes se involucren en actos reñidos con la moral y la ética.
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